Panorama de la seguridad alimentaria en Centroamérica y Panamá

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala en su publicación, 'Seguridad alimentaria en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México y Haití', que garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición es vital para lograr el objetivo de desarrollo sostenible de hambre cero a 2030.

El objetivo de desarrollo sostenible, “Hambre cero”, según la plataforma digital un.org, surge de la necesidad de erradicar la malnutrición y el hambre, porque estas condiciones hacen que las personas sean menos productivas y más propensas a sufrir enfermedades, por lo que no suelen ser capaces de aumentar sus ingresos y mejorar su medio de vida.

Esta realidad ha generado que casi 800 millones de personas padezcan hambre en todo el mundo y la mayoría de ellas se encuentran en países en vías de desarrollo.

Cabe la pregunta, ¿por qué si existen alimentos suficientes para dar de comer a todos los habitantes del planeta, hay tantas personas que pasan hambre?

Esto, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), obedece a malas prácticas de recolección y al desperdicio de alimentos, lo que ha contribuido a la escasez de alimentos; de igual forma, guerras como la de Ucrania y Rusia afectan negativamente la disponibilidad de alimentos y provocan la destrucción del medio ambiente, que es fundamental para cultivar alimentos.

Basados en que existe la disponibilidad de alimentos a nivel mundial, los autores de la publicación del BID, María Cecilia Deza, Marta Ruiz-Arranz, Arnoldo López, Melanie Jiménez y Carlos Eggers hacen énfasis en que es posible lograr un consumo de alimentos de calidad adecuada, además de consumirlo regularmente en cada uno de los países del mundo, y abogan al entendimiento por parte de los gobernantes de que es de suma importancia lograr el Hambre Cero, puesto que esto mejorará la productividad de los individuos, protegerá su salud mental y física, y además reducirá la probabilidad de sufrir enfermedades. Al cumplirse esto se alcanzará el desarrollo sostenible y se promoverá a individuos sanos para la productividad de la sociedad.

Naciones Unidas explica que para poner fin al hambre en el mundo en 2030, se necesitan cerca de $267.000 millones anuales, lo que permitirá invertir en las zonas rurales y urbanas, y en protección social, a fin de que las personas en situación de pobreza tengan acceso a los alimentos y puedan mejorar su medio de vida.

Para entender esto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha definido el termino subalimentación, o hambre, como “una sensación física incómoda o dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria, que se vuelve crónica cuando la persona no consume una cantidad suficiente de calorías, es decir, la energía que dan los alimentos, de forma regular para llevar una vida normal, activa y saludable”.

De allí que el BID señale la proporción de subalimentación como un indicador de acceso a alimentos, de una de las dimensiones de la seguridad alimentaria, lo que se refleja en el año 2019, como el 39% de la población de Centroamérica, Panamá, República Dominicana (Capard). Esta cifra indica que la población de Capard enfrentaba en 2019 inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que fue superior al promedio de América Latina y el Caribe (ALC) cuyo porcentaje fue del 31,7%. Es decir, la región de Capard es la que tiene mayor porcentaje de población en estas condiciones.

Esta proporción de subalimentación aumentó durante la pandemia de covid-19 debido a la pérdida de ingresos de las familias por la destrucción de empleos de forma prolongada, provocada por las medidas de aislamiento necesarias para el control y manejo de la enfermedad de covid-19.

Así, se vio reducida significativamente la capacidad de compra de alimentos básicos, aumentando el desempleo en la región entre 4 y 12 puntos porcentuales en 2020 y el ingreso per cápita se redujo en 9,1%, en promedio, en términos reales, reportándose por los países que tienen información disponible, el aumento de la pobreza extrema.

El BID reportó que, “en el momento más álgido de la pandemia, más del 40% de hogares en Guatemala, Honduras y República Dominicana declararon haberse quedado sin comida debido a la falta de ingresos. Como resultado, la prevalencia de la inseguridad alimentaria se incrementó a 42,1% en Capard en 2020, afectando a 19 millones de personas”.

Es decir, el panorama de la región indica que a pesar de que ALC se caracteriza en general por tener una adecuada disponibilidad de alimentos, esta es frágil debido a que se ve comprometida frente a eventos de crisis que afectan la producción agrícola en los países.

“En el caso de Panamá, el BID señala que la prevalencia de subalimentación en Panamá disminuyó significativamente desde el periodo 2000-2002 hasta 2017-2019, pasando de 24,5% de la población a 7,4%. A pesar de la disminución constante, el nivel de subalimentación en Panamá se mantuvo más alto que el promedio de ALC que era de 6,8%. Después de la pandemia, con la recuperación económica y la creación de nuevos programas para mitigar los efectos de la crisis de la covid-19, la prevalencia de subalimentación disminuyó en Panamá hasta el 5,8%. En cuanto al estado nutricional de los menores de 5 años, en 2019 el 15,8% de estos presentaron desnutrición, afectando principalmente a los menores de 2 años.

Al igual que la prevalencia de subalimentación, la desnutrición disminuyó notablemente desde 2003 cuando era de 22,2%.

Los menores de 5 años del área indígena reportaron la disminución más importante (-20%). Sin embargo, sigue siendo la población más vulnerable de padecer desnutrición crónica, alcanzando cifras tres veces más altas que los niños del área urbana y rural, con una prevalencia de 39%.

A pesar de que la desnutrición ha disminuido, según la FAO, Panamá es el cuarto país con mayor porcentaje de niños con desnutrición en la región e incluso la prevalencia es más alta que la del promedio regional (11,4%).

Con la caída de los precios internacionales de los combustibles durante la pandemia, Panamá experimentó una deflación de 1,5% en 2020.

Sin embargo, desde marzo de 2021 la inflación empezó a crecer de forma sostenida. Desde finales de ese año, el crecimiento del Índice de Precios al Consumo (IPC) general ha sido superior al crecimiento del IPC de los alimentos, al contrario de lo que ha sucedido en general en los países de la región.

En particular, el nivel más alto de inflación desde 2012 fue en junio de 2022 cuando creció 5,2% interanual, mientras que en el componente de transporte (que contiene los combustibles) creció 20,4% y los alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementaron solo 4,2%. Por otro lado, desde enero de 2022 el costo de la canasta básica de alimentos (CBA) ha presentado incrementos constantes por encima del IPC.

En junio de 2022 el costo de la CBA aumentó 6,5% en términos interanuales, principalmente por el aumento de productos como la yuca, lentejas, pescado, huevos y margarina”.

El BID está apoyando a Panamá con un proyecto que tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de los pequeños agricultores familiares, de manera que se alcance la transferencia de conocimientos, innovación e investigación agroecológica, para mejorar la capacidad de gestión agraria de Panamá.