Lanzan convocatoria que busca garantizar los derechos digitales en Panamá

La protección de datos personales es un derecho fundamental del ser humano y su dignidad. En este sentido, derechos tan fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a la información y al conocimiento, a la educación, así como la protección frente a violencias como la de género, son derechos humanos que pueden ser vulnerados cada vez que usamos Internet.

Es por ello que la Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica (Indela), la cual nació hace tres años realizó hoy el lanzamiento formal de la misma acompañado de una convocatoria en Panamá para seleccionar proyectos dentro del ecosistema que trabaja en la promoción y garantía de los derechos humanos en el entorno digital, todo esto apoyado por la Unión Europea.

Sara Fratti, coordinadora programática de Indela, señaló a este medio que es muy importante para el país este programa (Indela) ya que, actualmente contamos con la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 sobre la protección de datos personales, una norma que contempla desde principios generales que rigen tal protección de datos, así como los sujetos obligados por ella, excepciones en su aplicación, los derechos de los titulares de datos personales, las responsabilidades por las infracciones a la norma, las faltas y las sanciones a que haya lugar.

Añadió que se debe entender que existe una responsabilidad de las plataformas, para que a través de filtros permitan a la niñez y la adolescencia habitar espacios digitales seguros, sin violencia y sin miedos.

Según Fratti, un gran desafío respecto a la protección de datos es lograr de manera efectiva conciencia en las personas adultas sobre lo que está pasando en las plataformas digitales, ya que es importante que comprendan que lo que se vive en lo digital es real, porque el desconocimiento minimiza la violencia de este tipo, la cual tiene repercusiones muy importantes sobre todo en la niñez y en la juventud actual.

Frente a este panorama, la convocatoria que se lanzó hoy estará abierta hasta el 15 de mayo 2023, donde se seleccionarán proyectos de organizaciones de la sociedad civil panameña que busquen trabajar en torno a políticas públicas y regulación para el respeto de los derechos digitales, tales como alfabetización digital, brecha digital, ciberseguridad, desinformación, libertad de expresión en línea, privacidad digital, protección de datos personales, vigilancia masiva y violencia de género en línea.

Los proyectos postulados deben profundizar entre la intersección de tecnología y derechos humanos. Únicamente se recibirán propuestas de organizaciones legalmente constituidas en Panamá así como también medios de comunicación. Se aceptarán proyectos coordinados por dos o más organizaciones.

Las propuestas seleccionadas recibirán financiamiento hasta $25,000, además podrán recibir acompañamiento que fortalezca el impacto del proyecto y la organización.

En Panamá, la penetración de Internet ha estado creciendo constantemente durante los últimos años. En 2019, aproximadamente el 63.6% de la población panameña accedió a Internet, frente al 40% registrado en 2010. Para 2022 se contaron aproximadamente 2.94 millones de usuarios de Internet. En cuanto a la población más joven, según un estudio organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, sobre el comportamiento de los pequeños y jóvenes en línea, arrojó que 6 de cada 10 jóvenes navegan solos en la web y solo 3 de cada 10 tienen reglas sobre el uso de Internet en el hogar.

Para Andrés Abecasis, director de innovación de Fundación Avina, la digitalización se ha incrementado a una velocidad inusitada en nuestras sociedades. “La digitalización ha avanzado de manera abrupta que hoy aprendemos y trabajamos de una manera diferente. En las relaciones sociales, el comercio, la política, el activismo, se ha metido en cada una de las facetas de nuestra vida a causa de la digitalización”.

Reconoció que la que la apuesta de Indela es promover y apoyar proyectos sociales que construyan las mejores políticas públicas con todas las regulaciones para el mundo digital. “Para asegurar el acceso al mundo digital es imperativo la construcción de reglas teniendo en cuenta a los actores de todos los sectores sociales, principalmente para aquellos grupos históricamente más vulnerados, mujeres, afrodescendientes, niños, niñas, comunidades LGBTIQ+, entre otras”, destacó Abecasis en la entrevista.

A su vez expresó que “para que nuestras políticas públicas se construyan se deben tomar en cuenta todos los actores y lo importante es que exista un conjunto de organizaciones interesadas en cuidar de los derechos humanos y que entiendan los temas del mundo digital y que esa red esté muy conectada entre sí”.

“Vemos que en Panamá hay una estructura emergente que aun es pequeña y creemos que podemos acompañar esos procesos fortaleciendo las organizaciones locales conectándolas con el resto de la región. Además apostamos a que Panamá al consolidarse como un Hub, también lo sea para Centroamérica porque está legislando acontecimientos importantes con estándares internacionales como lo es el caso de la protección de derechos personales. “Sabemos que falta mucho por construir y esperamos que se siga trabajando para ver los frutos más adelante”.

Yelenis Ortiz, de la parte de asesoría legal de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), quien estuvo presente en el lanzamiento, comentó que se debe generar una nueva cultura y protección de datos personales y que “sepamos que tenemos derecho a hacer y decidir como se manejan nuestros datos personales, además de que ya no estamos a merced de que estas decisiones las tomen terceros, sino que nosotros contamos con una protección y también conocer como ejercer esos derechos”.

Un importante componente de trabajo de la dirección de protección de datos personales consiste en brindar capacitaciones a la población en general y a sectores específicos que lo soliciten para dar a conocer esas denuncias de ser necesario.

“Para la Antai es importante saber que contamos con el Decreto Ejecutivo N° 285, del viernes 28 de mayo de 2021, que reglamenta la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 sobre protección de datos personales, donde se logró desarrollar los principios, los derechos y las obligaciones consagradas en esta Ley”, añadió.

Algo importante en este decreto es la figura del oficial de protección de datos, resaltó Ortiz, ya que es un enlace obligatorio para el sector público. “Todas las instituciones públicas cuentan con ese oficial y es opcional para las empresas del sector privado pero, en el caso de que surja algún proceso de denuncia y vayamos a un proceso sancionador o legal es un aspecto a considerar por la autoridad que todas las empresas deberían contar con un oficial de protección de datos”, subrayó.

En Panamá, la violencia hacia la mujer en redes sociales se considera violencia mediática. Así es definida en la Ley 82 de 2013 que tipifica el femicidio y la violencia contra la mujer (artículo 4, numeral 21), como: “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que, directa o indirectamente, promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como la utilización de mujeres en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o que construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

En cuanto a protección de datos personales, en el caso de Panamá, la regulación de datos personales es la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019 sobre Protección de Datos Personales, protege los datos personales de las personas naturales que sean tratados o almacenados. Esta ley estipula derechos, obligaciones de los responsables del tratamiento de datos, infracciones y sanciones. Sin embargo, en el caso panameño, todavía tiene un gran proceso de implementación y sensibilización por delante.

Es con base en estas fuertes problemáticas que Indela, con los fondos de la Unión Europea, decidió apoyar al ecosistema de ONGs que hoy no sólo existe sino que trabaja día a día para mejorar estos derechos en el país, que hoy permite fortalecer la conversación sobre el impacto de la tecnología en los derechos humanos, con énfasis en poblaciones vulnerables como mujeres, personas LGBTIQ+, comunidades indígenas y afrodescendientes, apoyó Fratti.