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10 de Apr de 2020

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Respete, señor Brown

He soportado mucho tiempo la injuriante campaña difamatoria que usted ha venido realizando en forma temeraria colindante con el delito, ...

He soportado mucho tiempo la injuriante campaña difamatoria que usted ha venido realizando en forma temeraria colindante con el delito, en un enfermizo afán por trastocar la realidad de que Panamá es una República soberana y no una caricatura de país, a propósito de su muy antojadiza y veleidosa visión de la problemática en relación al Comité Olímpico de Panamá.

Sus manipulaciones conceptuales, indignantes tergiversaciones e irrespetuosas afirmaciones en relación al Comité Olímpico Internacional (COI) y su estatuto la Carta Olímpica, el Comité Olímpico de Panamá (COP) y su naturaleza jurídica hacen que, por respeto a la opinión pública, aclare la maraña contradictoria de sus desatinos encaminados a subvertir el ordenamiento jurídico del país.

La República de Panamá no es miembro del COI, ni es signataria de la Carta Olímpica de lo contrario, ¿cuál es el tratado o convenio que así lo acredita y mediante qué ley fue aprobado? El respeto a sus normas no ha sido vulnerado por los fallos judiciales ni por la inscripción en el Registro Público ordenada por éstos de la Junta Directiva electa conforme al Estatuto en diciembre de 2006.

El COI es un ente privado formado por individuos, es decir, personas naturales, constituido conforme a la Ley Suiza y domiciliado en ese país donde puede demandar o ser demandado ante los tribunales como cualquier otra asociación con personería jurídica la cual solo pueden otorgarla los Estados. Por ello los agentes locales del señor Mario Vásquez Raña, tuvieron que hacer la trampa que hicieron en complicidad con funcionarios del gobierno pasado para inscribir fraudulentamente una directiva en el Registro Público. ¿Si el COI es un soberano absoluto y la Carta Olímpica está por encima de los ordenamientos legales de los países, para qué el afán de obtener una certificación del Registro Público? ¿Una inscripción de una directiva bruja en el Registro atentando contra la fe pública es buena pero la realizada conforme al Estatuto del COP no lo es únicamente porque no simpatiza con determinadas personas?

Usted cae en graves contradicciones. Por un lado proclama la sacrosanta autonomía del COP pero por otro avala la intromisión oficial si ello favorece sus preferencias. Así lo evidencia cuando politiqueramente clama porque el Cambio no ha llegado al deporte, en clara provocación invitando a que el actual gobierno como lo hizo el anterior intervenga para desconocer el estatuto del COP, socave su autonomía e independencia e imponga otra directiva ilegal, pero de su simpatía. Y, encima, insólitamente se permite reprochar al Presidente y a miembros de su equipo de gobierno por no hacer la tropelía que Usted les aconseja.

Su llamado irrespetuoso a que los jueces y magistrados emitan sus fallos basados en la Carta Olímpica resultan patéticos y moverían a risa sino fueran tan graves. Primero porque la Carta Olímpica no está sobre la Constitución, las Leyes, los Decretos vigentes y las decisiones judiciales emitidas por las autoridades jurisdiccionales y, segundo, porque el texto de dicha Carta no contradice ni choca con nuestro ordenamiento jurídico, como tampoco lo hace con las legislaciones de otros países. La Carta establece clara y genéricamente que los comités olímpicos nacionales (CONs) elegirán sus comités ejecutivos conforme a sus estatutos. Es decir, remite a la legislación interna de cada país y de cada CON constituido conforme a la misma. O, ¿Cree Usted que la Carta Olímpica como documento privado de una entidad privada, está por encima del ordenamiento jurídico interno de países, por ejemplo Brasil, Estados Unidos, Francia, Cuba, Rusia, China o el Reno Unido? Por eso los fallos judiciales pesan más que la Carta Olímpica.

Así que resulta vacía y necia su constante alusión a la Carta Olímpica y al supuesto desconocimiento que el Órgano Judicial y el Ministerio Público tienen de ella. Para su información dicha Carta ha sido aportada, por demandantes y demandados no una sino varias veces a los estrados judiciales, por lo que su oficiosa entrega de la Carta Olímpica a algunos juzgados y a la Corte deviene en irrespetuosa.

Repudia que el señor Sanchiz no se haya reunido con el Presidente para informarle los ingentes problemas del COP con demandas judiciales. ¿Con qué propósito? ¿Sería para que el Presidente le ordenara a los jueces y magistrados como fallar? ¿Acaso los procesos judiciales son infundados o, por el contrario, tienen sustento válido como lo vienen demostrando las sentencias?