Marina mercante a la deriva

PANAMÁ. El sector marítimo panameño, que representa el 21% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, es considerado junto al turismo y el Canal, uno de los motores de la economía nacional.

De ahí su importancia y que expertos en marina mercante, como el abogado de la firma Morgan & Morgan, Enrique De Alba, consideren que un sector como éste, debe mostrar más “claridad en su manejo”, sobre todo respecto a la implementación de su nueva legislación.

Irónicamente, las dificultades para aplicar la nueva legislación se han convertido en uno de los mayores obstáculos de la marina mercante panameña para que el desarrollo de la actividad continúe viento en popa.

El problema, dice De Alba, no es que el sector carezca de una reglamentación que no se ajuste a las exigencias actuales, sino que “las leyes existen, pero no se están aplicando en su totalidad”.

El abogado se refiere a la Ley 57 llamada “General de Marina Mercante” que fue sancionada por el Ejecutivo en 2008 y entró en vigor el 7 de febrero de 2009, reemplazando a la Ley 53 de 1998, que era una legislación demasiada “rígida”, según el director de marina mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Alfonso Castillero.

Panamá es el país con mayor número de barcos registrados bajo su bandera: 8 mil 400 barcos, seguido de lejos por la República de Liberia, con apenas 2 mil 300 registros. La Ley 57 fue creada con el objetivo de mejorar la competitividad del abanderamiento. Aunque Panamá se encuentra a la cabeza en el comercio marítimo mundial, la legislación anterior, por su rigidez, no permitía ofrecer a los clientes valores agregados. Con la nueva ley se puede premiar al cliente por su fidelidad y, de paso, incrementar los ingresos otorgando, por ejemplo, descuentos en pago de impuestos a las naves de bandera panameña con un alto índice de tonelajes, o permitiendo el abanderamiento de naves en construcción, lo que la vieja norma no permitía.

Pese al intento de poner al día las leyes de la marina mercante panameña acorde a las exigencias del mercado internacional, Castillero reconoce que, hoy por hoy, la Ley 57 se aplica solo en un 80%.

“Las normas que actualmente no se cumplen son meramente administrativas”, asegura el funcionario, quien agrega que el restante 20% de la ley es “letra muerta”.

Entre los temas pendientes se encuentra la falta de libertad de contratación de personal y un atraso en los procesos de la actividad debido a la burocracia.

La AMP es fiscalizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Controlaría General de la República, lo cual —a criterio de Castillero— “entorpece la tramitación del registro de naves y emisión de documentos técnicos”.

Para los expertos en marina mercante, esto constituye el nudo que frena un poco el desarrollo de la actividad.

En un contexto de crisis económica global, la situación se vuelve más preocupante, pues puede afectar el registro. “Para el 2009 se prevé una contracción de un 15% en el abanderamiento”, dice Castillero.

En opinión del consultor Franklin Castrellón, la AMP, por su bienestar, debería despolitizarse y manejarse como una entidad totalmente técnica, como se ha hecho en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), donde los directores no son nombrados por el Ejecutivo, como sí lo son en el caso de la Autoridad Marítima.