Nueva ley causa confusión

PANAMÁ. Proscribir el término equiparación de los contratos del Estado, se ha convertido en una de las principales prioridades del nuevo gobierno. Y como prueba de esto ya fue presentado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional.

“Las empresas concesionarias deberán ajustarse a los términos negociados en sus respectivos contratos”, destaca el proyecto de ley.

La nueva legislación alcanzaría a los puertos, corredores, casinos, tanques de combustibles y proyectos de energía.

Sólo en las concesiones otorgadas por la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos en el área de Amador, el Estado obtendría unos 30 millones de dólares, el 50% de esta morosidad corresponden al Grupo Figali.

En el caso de los casinos, un aumento de 10% al 20% de los impuestos, le permitiría a las autoridades obtener ingresos anuales por el orden de los 70 millones de dólares, en vez de los 35 millones que recaudan actualmente. En Panamá operan 14 casinos completos y 29 salas de máquinas.

Los directivos de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (ASAJA) tenían previsto reunirse ayer con representantes del gobierno para evaluar este tema, pero el encuentro fue cancelado a última hora.

El presidente de la ASAJA, Antonio Alfaro, dice que sería “inconveniente” incrementar de un plumazo los impuestos.

Según Alfaro, hay mucha confusión en este tema, “porque en el caso de los casinos nunca ha existido equiparación”.

Alfaro señaló que el impuesto de 10% está contenido en la Ley que regula este tipo de juegos, por lo que espera que pronto se pueda celebrar la reunión con el equipo del gobierno, para aclarar el tema.

El gobierno de Martinelli espera utilizar estos ingresos adicional para hacerle frente al aumento de los policías y al pago de 100 dólares mensuales a los mayores de 70 años.

Pero los controles que pretende aplicar el gobierno van más allá de las equiparaciones. El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, anunció que el movimiento de autos por los corredores y de contenedores en los puertos serán monitoreados por las autoridades, porque hasta ahora el gobierno se tiene que basar en las cifras que proporcionan las propias empresas.

Ni Panamá Ports ni Manzanillo Internacional Terminal (MIT), los principales administradores portuarios del país, han querido hacer comentarios sobre la nueva Ley que impulsa el gobierno entrante.

La Ley de Equiparación portuaria fue aprobada en 1996, lo que le permitió a todas las empresas concesionarias, entre otras cosas, pagar seis dólares por movimiento de contenedores, incluyendo a Panama Ports que tenía una anualidad fija de 22.2 millones de dólares, más el 10% de la facturación bruta.

El presidente del Frente Anticorrupción, Francisco Montenegro, considera que las equiparaciones le han permitido a las empresas portuarias ahorrarse unos 300 millones de dólares al año y sostiene que, en adelante, las equiparaciones deben ser hacia arriba y no hacia abajo como hasta ahora.