¿Un contrato al margen de la ley?

PANAMÁ. Aunque la Dirección General de Ingresos (DGI) desconoce el monto total a pagarle a la empresa Cobranzas del Istmo S.A. para que limpie la cartera morosa, decidió firmar el contrato de forma directa el pasado 25 de agosto.

Se trata de una contratación directa que despierta suspicacia debido a que la Ley 22 de contrataciones públicas establece que para proceder con este mecanismo se debe cumplir un mínimo de $300 mil y un máximo de $3 millones.

En el contrato número 100, la DGI acuerda con la empresa el pago de comisiones por porcentaje de deuda cobradas que va del 15% al 30%. ¿Si la DGI no estableció un monto fijo cómo pudo contratar a Cobranzas del Istmo directamente por los próximos seis años?

OPINIONES

Para Antonio Fletcher, presidente el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), ‘independientemente del Gobierno de turno, se deben establecer parámetros de contratación, pues en este contrato se debió detallar a cuánto asciende la cartera morosa asignada y desde cuándo, para calcular cuánto el Estado le tendrá que pagar a la empresa en mención por sus servicios’.

En este caso, quizás la institución tuvo la premura de dinamizar su proceso de cobro, pero antes debió considerar algunos detalles que son de interés público y deberían estar contemplados el contrato firmado, aseguró el empresario.

La opinión de Fletcher fue apoyada por Rubén Elías Rodríguez Ávila, presidente del Colegio Nacional de Abogados, quien sostiene que en el contrato la DGI debió especificar el monto de la cartera morosa que trabajará la empresa, además de que en el mismo se deberían divulgar los nombres de los titulares de las asociaciones anónimas con las que firma el Gobierno.

Rodríguez dice no estar en contra de las contrataciones directas, pero no apoya aquellas que lleven un tono de discriminación o que persigan a alguien en especial, debido a que las misma deben de tener igual de condiciones para todos.

Por su parte, Luis Cucalón director general de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas afirma que ‘no es contratación directa, sino todo aquel (empresa) que califique. No hay exclusividad para una empresa en particular, lo que ocurre es que no hay suficientes que llenen los requisitos que establece el Decreto de Tercerización que solicita un mínimo de tres años de experiencia en Panamá en cobros, así como 3 ó 4 referencias de empresas a quienes ellos les ofrezcan sus servicios actualmente.’

Con la idea de la tercerización se trataba de ‘no caer en lo que cayó el Municipio de pagar un fee mensual más comisión, en la administración pasada’.

TAREA

Al 31 de diciembre de 2009, la DGI mantenía una cartera morosa, sin incluir intereses ni multas, que superaba los $350 millones entre las empresas y personas naturales que le debían al fisco panameño.

Según el contrato, Cobranza del Istmo deberá recuperar las cuentas morosas que excedan los 12 meses de haberse causado.

Además, la DGI por ley le asignará a cada cobrador interno de la empresa 350 cuentas morosas, asimismo que este podrá concretar arreglos de pago por un término no mayor de 60 meses con los contribuyentes morosos.

El documento de siete páginas explica en el sexto punto que el término de duración del contrato será de seis meses, los cuales podrán ser renovados por un plazo no mayor de cuatro años adicionales.