Aumento acelerará reforma en la CSS

Actualizado
  • 15/11/2010 01:00
Creado
  • 15/11/2010 01:00
PANAMÁ. Un aumento de 50 dólares a los jubilados implicaría un costo adicional para el Gobierno Nacional de aproximadamente 115 millones...

PANAMÁ. Un aumento de 50 dólares a los jubilados implicaría un costo adicional para el Gobierno Nacional de aproximadamente 115 millones de dólares al año, considerando que a la fecha hay 190 mil jubilados y pensionados en la Caja de Seguro Social (CSS).

El aumento se pide en momentos en que la reserva financiera del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) disminuyó en 1.42%, según el informe Situación de las inversiones y planes financieros de la CSS, que recoge los datos de agosto de 2009 a agosto de 2010.

Para el economista Adolfo Quintero, el aumento a los jubilados es una necesidad ‘clara y real’, debido a que el costo de la vida de las personas, sin importar su edad, luego de la crisis financiera, creció y a su vez bajó su poder adquisitivo.

Sin embargo, sostiene que para cumplir con el aumento nominal que exigen los jubilados, la CSS debería realizar inversiones de mayor rentabilidad, que no aceleren otra reforma antes del 2018.

Una opinión en la misma línea de Quintero es la del analista financiero David Saied, quien ve próxima una reforma en la CSS.

‘El programa IVM está en déficit; ya empezó a comerse las reservas, y eso no cambiará. Esto provocará en el país un efecto de ‘bola de nieve’, pues, según Saied, el problema seguirá creciendo hasta un punto en que los futuros jubilados podrían no encontrar fondos a la hora de que les toque ese beneficio.

Esto —dijo— es un problema a la vista que la actual administración debe analizar y hacer los correctivos necesarios para evitarla.

Entre esos correctivos que sugiere Saied, están el aumento de las cuotas o el aumento de la edad de jubilación.

Recientemente, César García, director ejecutivo Nacional de Prestaciones Económicas de la CSS, durante una intervención en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, aseguró que no hay reforma esperada, ya que tenemos que dejar actuar en el 2013 a la reforma que aprobaron en la administración pasada en el 2005.

ALTERNATIVAS

Una de las alternativas más allá del aumento que sugiere el profesor Quintero consiste en rebajar el costo o precios de los productos y servicios que requieran los jubilados, como la canasta básica de alimentos, artículos de aseo, vestido y calzado, y dar subsidios en transporte, energía eléctrica, telecomunicaciones, entre otros.

‘Hasta el momento, el tema se está tratando de forma política y no como una política de Estado; es decir, plantear el problema más allá de cada cinco años’, señaló.

Además, aclaró que la Ley 51 permite que el 20% de las reservas de la CSS sean utilizadas como préstamos para los jubilados, pensionados y asegurados. De utilizar esta herramienta, la rentabilidad en la CSS mejoraría, pues es una inversión con menor riesgo que la compra de los corredores Norte y Sur.

Al prestar dinero, la CSS no afectaría la cartera de prestamos de la banca local ($23 mil millones), pues solo representaría el 1.5%.

‘Con esa estrategia se ayuda a los jubilados, además de que se ayuda a mejorar los rendimientos de la reserva de la CSS’, dijo Quintero.

Según David Saied, el actual gobierno está mezclando los aspectos políticos en la CSS , ‘y eso no es sano’, ya que no resolverá el problema, sino que lo dejará al próximo gobierno, que deberá enfrentar un déficit mayor.

Por su parte, el economista Juan Jované, quien dirigió la CSS de 1999 a 2003, sostiene que la clave del aumento a los jubilados radica en cómo será financiado, pues el ajuste es necesario.

‘El Gobierno Central debería asumir parte del aumento y no dejarlo en exclusivo a la CSS’, afirmó Jované, quien a su vez indicó que ‘por años el Gobierno Central se ha aprovechado de la Caja, en lugar de cumplir con su obligación constitucional’.

Esta forma de financiamiento —indicó— se debe a que hoy la CSS administra las cotizaciones de un millón de personas, pero le presta sus servicios de atención a más de dos millones, y es aquí en donde el Gobierno Central debe inmiscuirse.

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