Estudian reubicación de torre financiera

PANAMÁ. La construcción de la torre financiera podría cambiar de ubicación. El proyecto, que inicialmente se establecería en los terrenos de la antigua Embajada de Estados Unidos, sobre la Avenida Balboa, es analizado por el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.

‘Creo que se le puede dar un mejor uso a ese terreno, el viernes tengo una reunión con el arquitecto Ignacio Mallol, que está haciendo los planos, y quiero hablar con el ministro de Salud, porque me parece que podemos construir allí el hospital oncológico en lugar de llevarlo hasta Chivo Chivo’, explicó De Lima.

El ministro que lleva cinco días en el cargo, dijo estar ‘viendo si por la ruta del Metro hay otros terrenos del Estado donde podamos construir la torre financiera, es algo que estoy estudiando, no quiero tomar una decisión sin conversar con todas las partes involucradas y cuando tome la decisión, se la informaré al presidente de la República’.

COSTOS

De Lima señaló que está consciente de la inversión que ha hecho el Estado de $7 millones en el diseño de los planos y la demolición de la embajada, ‘de igual manera había que demoler el edificio, ya sea para un hospital o la torre; por ello, de encontrar otra ubicación le pediré al arquitecto que modifique los planos para que quepa en las dimensiones’.

Sobre un incremento en el costo de los planos, por las posibles modificaciones, el ministro expresó: ‘cruzaremos ese puente cuando lleguemos allí, pero no he tomado una decisión todavía’.

La obra, que tendrá un costo estimado en más de $220 millones, contará con una altura de 320 metros hasta un mirador público en su parte más alta y con la antena alcanzará los 428 metros con unos 2,400 estacionamientos para uso público.

El pasado lunes, De Lima aclaró que la ejecución de la obra dependía de la aprobación de la Ley de Asociación Público Privada (APP), normativa que fue criticada ese mismo día por el diputado Leandro Ávila.

Sin embargo, el también miembro de la junta directiva del Aeropuerto Internacional de Tocumen evaluó los cuestionamientos como ‘una percepción errónea de los proyectos que se generarían bajo el esquema de APP, ya que los calificaron como nuevas deudas para el gobierno, lo que no es cierto, porque es el ente privado quien está contratando la deuda y posteriormente el Estado le paga por ese bien o servicio’, sostuvo.