Carrera administrativa en Panamá

A finales de los ochenta e inicios de los noventa llegaba a su clímax el debate sobre si debería aumentarse o reducirse el tamaño del Estado. Afortunadamente esa discusión un tanto bizantina cedió paso en favor de una nueva tesis más ecléctica: desde la perspectiva del crecimiento y el desarrollo, más que definir el tamaño del Estado lo crucial era la calidad del Estado y de sus instituciones.

En línea con este objetivo, se reconoce además el papel primordial de modernizar tecnológicamente la Administración Pública, reorganizar sus estructuras y simplificar sus procesos a fin de reducir los llamados costos de transacción y reforzar la confiabilidad y transparencia con la que deben funcionar los aparatos del Estado. Pero, quizá el elemento más crítico (y más desafiante), que en gran medida le imprime sostenibilidad a todos estos componentes, sea la profesionalización de los recursos humanos del sector público mediante una llamada Carrera Administrativa con adiestramiento permanente.

En el caso de Panamá resulta fácil dimensionar el desafío que implicaría instaurar de manera efectiva una iniciativa como esta tomando en cuenta que, luego de cada proceso electoral, se ha convertido casi en una ‘costumbre’ que se produzca un masivo cambio de funcionarios sin que medien consideraciones por sus méritos y antigüedad.

Esto no es necesariamente el resultado de la falta de iniciativas. Los antecedentes se remontan a 1946, cuando se consagra en la Constitución un artículo que señalaba: ‘los funcionarios públicos se deben al Estado y no a los partidos’. Luego, sucesivamente, a través de diversas normas se adelantan esfuerzos para, efectivamente, lograr un sistema que garantizará estabilidad a los funcionarios y asegurará la calidad del servicio público.

De hecho, uno de los esfuerzos más recientes fue en 1994, cuando se aprueba la Ley 9, cuyo objetivo consistía en garantizar que la carrera civil estuviera fundamentada en la búsqueda de la eficiencia ‘en un ambiente exento de presiones políticas’.

¿Qué ha impedido, entonces, que excepción hecha de entidades como la Contraloría General de la República, la Autoridad del Canal de Panamá y en alguna medida la Cancillería, no se haya mantenido un sistema más generalizado de ‘meritocracia’ para nuestros funcionarios?

Desafortunadamente pareciera que hemos llegado a una condición que algunos economistas definirían como ‘subóptima’ en la cual a mediano y largo plazo todos perdemos; incluso, se afectan los propios partidos políticos elegidos para ejercer el gobierno, que se ven impedidos de lograr una mejor gestión debido a la falta de una eficaz plataforma institucional.

El hecho es que la ausencia de una carrera administrativa provoca pérdidas al Estado por cuanto que se desaprovecha, por ejemplo, la inversión formulada en la capacitación de los funcionarios que son despedidos sin causa técnica, colocados en puestos de menor jerarquía o en cargos que son ajenos a su experiencia.

En otro caso, se trata de decisiones discrecionales en cuanto a políticas de ascensos, remuneraciones o nombramientos que no responden a conceptos de idoneidad, de esfuerzo y desempeño, lo que igualmente afecta la motivación y compromiso del funcionario de carrera y trastoca de plano el sistema de méritos.

¿Cómo lograr un gran consenso en Panamá? En primer lugar, se requiere conciencia entre los partidos políticos, y la sociedad en general, de que todos ganaríamos a mediano plazo si, en efecto, el país contara con (y se respetara) una carrera administrativa de amplia y sostenida vigencia para toda la administración pública acompañada de entrenamiento permanente, sistema que de paso esté blindado contra los vaivenes de la política. Ello implicaría de paso que los propios ciudadanos dejaran de ver al sector público como una agencia de empleo.

ANALISTA