Escuelas versus hogares de ancianos

La bancarrota de Detroit es un ejemplo extremo, pero no es un caso aislado. Los gobiernos locales y de los estados enfrentan una austeridad prolongada, debida a las costosas obligaciones contraídas con los jubilados y las exigencias de servicios mejorados, entre ellos, escuelas, policía, bibliotecas, parques, carreteras y prisiones. A medida que la Gran Recesión se desvanece, la presión para realizar recortes inmediatos de servicios podría ir desapareciendo, a pesar del caso de Detroit. No se engañen. La realidad es que la lucha por los escasos recursos se está intensificando. Las escuelas compiten con los hogares de ancianos.

Se trata de una nueva vuelta de tuerca a una historia ya conocida. En este Estados Unidos que envejece, los cambios demográficos constituyen parte de la política. En 2025, se estima que habrá 106 millones de norteamericanos de 55 y más años, casi un tercio de la población total, mientras que en 2000 era un quinto. El futuro lucha con el pasado. ¿En qué medida servir a los ancianos y en qué medida servir a todos los demás? En el ámbito nacional, el Seguro Social y Medicare desplazan a los demás programas. Otros conflictos similares que afectan a estados y localidades son menos reconocidos. Los gastos de los ancianos se elevan rápidamente, mientras que el aumento de los ingresos se va ralentizando.

Consideremos lo siguiente:

- Pensiones en aumento: No sólo están aumentando a medida que los baby-boomers se jubilan, sino que además están sub-financiadas. En 2012, los beneficios prometidos en pensiones estatales y locales excedieron los fondos en 1 billón de dólares, estima el Center for Retirement Research, de Boston College. Ese cálculo podría ser demasiado bajo, porque supone un rendimiento promedio del 8% anual sobre los activos de las pensiones. Un rendimiento del 6%, más cercano a la experiencia reciente, doblaría las obligaciones sin fondos a 2 billones de dólares.

- Medicaid más costoso: Los estados cubren alrededor del 40% de los gastos de este seguro de salud para los pobres, y esos gastos podrían aumentar un 87% entre 2012 y 2021, según cálculos de Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). La población que envejece y la mayor cobertura bajo la Ley de Asistencia Médica Asequible (Obamacare) impulsan ese ascenso. Medicaid ya consume el 20% de los fondos generales de los estados, la mayor porción entre todos los programas, excepto la educación de Jardín de Infantes a 12º grado.

- Debilitamiento de la base fiscal: Desde 1980, las rentas públicas de los estados y locales han aumentado un 6% anual como promedio, expresa el economista Mark Zandi, de Moody’s Analytics. Pero Zandi espera que esa cantidad baje a un 4.5 por ciento en la próxima década, como reflejo, principalmente, del crecimiento económico menor y de la inflación.

-Subvenciones federales en disminución: Los estados reciben el 34 por ciento de sus fondos del gobierno nacional, incluyendo la porción de Medicaid. La reducción del déficit pone en peligro las subvenciones, tanto para los estados como para las localidades.

Hay que reconocer que cierta austeridad es constructiva. Podría reducir el derroche. Pero las presiones actuales trascienden esa sana disciplina.

‘Vivimos en un mundo de recursos finitos’, expresa la tesorera de Rhode Island, Gina Raimondo, una demócrata que promovió con éxito una reorganización de las pensiones del estado. Cuando salió electa en 2010, los pagos anuales de las pensiones representaban el 10 por ciento de los impuestos del estado y se dirigían al 20 por ciento. ‘Uno cuenta con menos dinero para la infraestructura, educación [Jardín-12º grado], vivienda accesible, educación superior,’ dice. Los cambios reducen los 7,000 millones de dólares de obligaciones sin fondos en 3,000 millones de dólares. Las edades requeridas, que permitieron que algunos trabajadores se jubilaran en mitad de la cincuentena, están elevándose gradualmente para coincidir con las del Seguro Social. Los generosos ajustes para el costo de vida (COLAs), que incrementaban los beneficios un 3 por ciento anualmente, fueron suspendidos.

No está claro si los ahorros de Rhode Island pueden duplicarse en otras partes. El problema es que los gastos en los ancianos se elevan más o menos automáticamente. Se necesita de una acción consciente para revertir ese factor. Los estados y las localidades están perdiendo control de sus presupuestos lentamente. Recortar las pensiones es duro. Legalmente, los beneficios ganados para los jubilados y trabajadores existentes a menudo gozan de protecciones contractuales establecidas por constituciones o leyes de los estados. Políticamente, los jubilados reciben la simpatía pública y están representados por poderosos sindicatos de empleados gubernamentales.

Hay una válvula de escape. ‘Los estados no pueden contratar servicios para [ejerecer] sus poderes de vigilancia: la capacidad de proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos,’ expresa Amy Monahan, profesora de Derecho en la Universidad de Minnesota. Quizás puedan reducir los beneficios existentes si pueden convencer a los tribunales de que estos suponen una carga excesiva para alcanzar otros objetivos públicos. Tanto Minnesota como Dakota del Sur redujeron los COLAs y fueron confirmados por tribunales estatales, dice. En Colorado se está apelando un cambio similar, lo mismo que los recortes de Rhode Island. Es una tierra de nadie legal, en la que los jueces cuentan con enorme discreción.

La expansión de Medicaid también está en piloto automático. Incluso sin Obamacare, los gastos se elevarían notablemente. Los norteamericanos más ancianos y los discapacitados representan ahora dos tercios de los costos, aunque representan sólo un cuarto de los beneficiarios.

A medida que la población envejece, esta carga crecerá. Su asistencia médica es simplemente más costosa. En 2011, los gastos del beneficiario promedio de Medicare sumaban 15,931 dólares, más de cinco veces el costo promedio de los niños, 2,851 dólares, informa CMS

Es literalmente escuelas versus hogares de ancianos. Necesitamos un equilibrio mejor entre el deseo legítimo de los trabajadores de contar con una jubilación confortable y los intereses más amplios de la sociedad. En lugar de eso, nuestro sistema favorece el pasado sobre el futuro. Podrían tomarse medidas para mitigar ese sesgo. Ninguna sería fácil ni popular. Pero antes es necesario reconocer el sesgo y discutirlo abiertamente. Estamos lejos de hacer eso.

LA COLUMNA DE ROBERT J. SAMUELSON