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21 de Jan de 2021

Economía

Los municipios sólo reciben las migajas del presupuesto

Programas como el PAN han destinado fondos del gobierno central para ejecución por parte de diputados.

De los 17,661.3 millones de dólares recaudados por el gobierno central en el 2013, sólo se asignaron 220.4 millones a los 76 municipios de la República de Panamá, según datos oficiales de la Contraloría General; es decir sólo 1.2% del ingreso total recaudado.

Más de la mitad de éste aporte, el 52.3%, se destinó a los municipios de la provincia de Panamá, y el resto se distribuyó entre las otras provincias.

DESBALANCE

En Colón por ejemplo, segunda provincia económicamente más importante del país, el Estado sólo se aportó el 6.9% en todos los municipios de esa provincia, mientras que San Miguelito, concentró el 5% del total del presupuesto para funcionamiento.

El Municipio de David, en creciente auge comercial, obtuvo el 2.5% del presupuesto municipal.

Por otro lado, de los 76 municipios que tiene el país, sólo 15 de ellos concentraron el 82.2% del presupuesto total, según los datos del último informe de Contraloría.

Entre ellos Ciudad de Panamá, Ciudad de Colón, San Miguelito, David, La Chorrera, Santiago, Bugaba, Changuinola, Chitré, Donoso, Renacimiento, Antón, Barú, Dolega y Chepo.

RENTABILIDAD

Ahora hablemos de las recaudaciones. Durante el 2013 la suma oficial indicó que se recaudaron 177.4 millones de dólares en todos los municipios.

En contraste, la ejecución presupuestaria en gastos ascendió a 174.2 millones de dólares, dejando así, un saldo de 3.2 millones de dólares a favor.

‘Lo que invierte el gobierno central se va en el pago de planilla, que a la vez se maneja con clientelismo, mientras que el presupuesto de inversión se maneja a través de los ministerios, que están centralizados’, opinó el ex vice ministro de Economía, José Agustín Espino.

CAMBIO DE RUMBO

Finalizando el 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó el proyecto de Descentralización de la Administración Pública a la Asamblea Nacional, que fue aprobado en las postrimerías del gobierno de Martín Torrijos: el 29 de junio 2009, dos días antes del cambio de gobierno se promulgó la ley 37, que ‘descentraliza la administración pública’.

En noviembre del 2009, el recién instalado gobierno de Ricardo Martinelli, promulgó la ley 77, que suspendió la descentralización hasta julio de 2014, fecha en la que culmina su mandato. Esto ‘limitó grandemente la capacidad de autogestión y desarrollo de los municipios’, según el presidente del Colegio Nacional de Economistas, Raúl Moreira.

Por otro lado, para Espino la descentralización es ‘una tarea atrasada’, que requiere en primer lugar, ‘una decisión política del gobierno de desconcentrar el poder y delegar la parte operativa-ejecutoria a los municipios y centros regionales’, y, luego de una extensa capacitación técnica y cívica a los funcionarios públicos, entonces ‘descentralizar todas las dependencias para que cada municipio pueda invertir acorde a las necesidades de cada circuito’.

EDUCACIÓN

La descentralización debe ir de la mano con educación y sostenibilidad, según las conclusiones de La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que implementó un programa para promover la autonomía municipal en los países de Centroamérica y el Caribe.

Panamá fue parte del proyecto, cuyos objetivos incluían fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), la implementación de los procesos de fortalecimiento municipal, y el apoyo en la elaboración de propuestas para la adecuación de competencias de cada gobierno o municipio centralizado.

Con la suspensión de la ley 39, queda la tarea pendiente para el próximo gobierno.

CLIENTELISMO

Espino expresó que ‘hay una trastocación del orden institucional’, en cuanto a la forma de distribuir los dineros del erario público por parte de todos los gobierno post dictadura, que han ‘institucionalizado’ la práctica de destinar fondos a diputados para hacer obras comunitarias, cuando ‘su labor es exclusivamente hacer leyes’.

Moreira coincidió también indicando que los fondos entregados a los diputados ‘son recursos que no les pertenecen, y cuya ejecución no está de su potestad’, dijo.