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11 de May de 2021

Economía

El CNA rechaza inclusión de Panamá en la lista de "paraíso fiscal"

Los juristas le sugieren al Gobierno panameño, que impongan medidas de retorsión contra el Gobierno de Colombia

El CNA rechaza inclusión de Panamá en la lista de
Ciudad de Panamá.

El Colegio Nacional de Abogados (CNA), manifestó su indignación y rechaza de plano la decisión del Gobierno de Colombia de incorporar, unilateralmente, a nuestro país en una lista de “paraísos fiscales”. Con esa decisión la República de Colombia pretende que Panamá se convierta en una oficina recaudadora de impuestos de sus conciudadanos, a la usanza de la época en que éramos un departamento más de la entonces Colombia, con un gobernador elegido en Bogotá. Es decir, se quedarán más de cien (100) atrás en la historia.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, con fecha de 8 de octubre de 2014, informó oficialmente que mediante el Decreto No.1996 de 2014 fueron incluidos en el listado de paraísos fiscales: Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Panamá, países que habían sido excluidos transitoriamente en el año 2013, y cuya exclusión dependía de la conclusión y firma de un acuerdo “leonino” para suministrar e intercambiar información tributaria con Colombia antes del 7 de octubre de 2014. Pretensión a la que Panamá se ha negado con contundentes e irrebatibles argumentos. Estas políticas del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos buscan obtener, desesperadamente, ingresos para atender sus conflictos bélicos internos, sin importar mancillar la dignidad y la soberanía de la República de Panamá, una nación amiga y hermana.

El CNA respaldará las acciones que el Gobierno Nacional ejecute en defensa de los intereses nacionales. El Excelentísimo Señor Presidente Varela debe adelantar medidas claras y firmes dentro del marco del Derecho Internacional Público contra estas decisiones de Bogotá, que lejos de “estimular la cooperación entre países”, son medidas unilaterales que buscan bajo un inaceptable esquema de presión y chantaje, y con el auspicio de un organismo del que Panamá ni siquiera es miembro (OCDE), imponernos políticas públicas ajenas a nuestro modelo tributario de carácter territorial, estigmatizándolo con una categoría jurídica de “paraíso fiscal” como medio de forzar la firma de un tratado internacional que le favorezca al sistema tributario colombiano, en desmedro de los intereses de la nación panameña.

El gremio abogadil, con fervor cívico y patriótico, defiende los principios de la soberanía nacional y del Derecho Internacional Público como herramientas para la efectiva protección de los intereses del Estado panameño y todos sus nacionales.

Ningún convenio internacional, negociado entre jurisdicciones soberanas, puede llegar a ser suscrito partiendo de premisas como la imposición de fechas límite u otras condicionantes que impiden una verdadera negociación o la consecución de los objetivos y tareas de la política exterior orientados a la protección de los derechos e intereses de nuestros conciudadanos.

El Colegio Nacional de Abogados le sugiere al Gobierno Nacional que asuma, dentro del marco de la legalidad, imponga medidas de retorsión contra el Gobierno del país suramericano, entre ellas la de repatriar a todos los presos colombianos condenados por los tribunales panameños; gravar con mayores impuestos las remesas de dinero que envían los colombianos desde Panamá; suspender la vigencia del Tratado de Montería que exonera de peaje por el CANAL a los buques de guerra colombianos e igualmente la suspensión del acuerdo de interconexión eléctrica. Así como la exigencia de visa de entrada a los ciudadanos colombianos.

Una medida sabia, Señor Presidente Varela, e imponerla de inmediato es excluir a las empresas colombianas de las licitaciones públicas.
También, el Colegio Nacional de Abogados le sugiere al Gobierno Nacional que con carácter de urgencia reúna al Consejo Nacional de Relaciones Exteriores. 
El CNA, igualmente, le propone al Gobierno Nacional que impulse enérgicamente, con conocimiento de causa, las negociaciones políticas que produzca, a la mayor brevedad posible, el desagravio que merecemos los panameños por la injusta decisión adoptada por Bogotá.