Avanza cambio a ley de contrataciones

Una subcomisión intentará fusionar en una semana dos iniciativas que buscan modificar la actual ley sobre contrataciones públicas.

Tal decisión surgió en la comisión legislativa de Economía y Finanzas, durante el primer debate del anteproyecto que propuso la diputada Ana Matilde Gómez, y el proyecto presentado por el Ejecutivo, a través del ministro Dulcidio de la Guardia.

El ministro detalló que el proyecto del Ejecutivo propone cambios de fondo, no de forma; estableciendo algunos que la diputada Gómez presentó en su documento. Sin embargo, admitió que le corresponde a la comisión legislativa decidir si se integrarán ambas iniciativas en una sola.

De La Guardia explicó que el proyecto de ley aprobado en Gabinete busca mejorar la transparencia, hacer más eficiente y eficaz el proceso de contrataciones públicas y eliminar algunas normas incorporadas por la pasada administración, que restaban competencia a los procesos.

La iniciativa legislativa del Ejecutivo contiene 69 modificaciones a la Ley 22 de 27 de junio, 20 artículos nuevos e incluye tres derogaciones; habiendo sido consultada con la sociedad civil durante siete meses.

El presidente de la comisión de Economía y Finanzas, Miguel Salas, manifestó que para finales de marzo esperan tener un documento listo para ser discutido en primer debate y posteriormente llevarlo al pleno legislativo.

El documento elimina la licitación abreviada por mejor valor, que es el proceso que le permite al Estado seleccionar y adjudicar en base al menor precio o la mayor ponderación, ya que el plazo de convocatoria, que incluía tres días hábiles si el monto no supera los $3 millones y de cinco días hábiles si el monto excede esa suma, es muy corto para la preparación de las ofertas.

Igualmente, se elimina el artículo 92, específicamente el párrafo que permite la contratación de consultorías hasta un monto de $300 mil para evitar la discrecionalidad de los funcionarios, y se regulan las compras de publicidad de la Autoridad de Turismo de Panamá.

El jurista Ernesto Cedeño Alvarado manifestó que uno de los aspectos negativos de la propuesta del Ejecutivo es que se puede crear un caos en la salud pública, ya que todos los actos públicos de medicamentos, podrían ser impugnados y suspendidos a la libre, por la sola interposición de un recurso de impugnación.

Adicionalmente, el abogado resaltó que la nueva normativa podría demorar la ejecución presupuestaria, ya que por la interposición de un recurso, se suspendería todo, hasta contar con un fallo final del caso.

‘El proyecto de ley crea una súper figura pública, la Dirección General de Contrataciones Públicas, que puede imponer multas de hasta un 30% del salario bruto mensual del servidor que se considere responsable de infraccionar la normativa, pero no se contemplan los recursos que correspondan contra la decisión', dijo Cedeño.

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‘El proyecto de ley crea una súper figura pública, la Dirección General de Contrataciones que puede imponer multas de hasta un 30% del salario bruto'

ERNESTO CEDEÑO ABOGADO