Asamblea aprueba $2.2 millones para cumbre de la OEA; alquilarán 243 vehículos

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles un traslado de partida por $2.24 millones solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para cubrir gastos logísticos y operativos relacionados con la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), programada para junio de 2026.

La sustentación estuvo a cargo de Carlos Hoyos, ministro encargado de Relaciones Exteriores, quien explicó que Panamá será sede de una serie de reuniones multilaterales y encuentros diplomáticos de alto nivel entre el 21 y el 27 de junio de 2026.

Según el funcionario, la denominada “semana de alto nivel” reunirá a jefes de Estado, cancilleres y representantes internacionales en actividades vinculadas al bicentenario del Congreso Anfictiónico y a la Asamblea General número 56 de la OEA.

“Esta conmemoración constituye uno de los principales eventos de política exterior de la República de Panamá y representa una oportunidad histórica para fortalecer el posicionamiento internacional del país”, expresó Hoyos ante los diputados.

El traslado aprobado contempla cuatro componentes principales: $415 mil para alquiler de equipos tecnológicos y de oficina; $720 mil para transporte; $465 mil para cupones de alimentación destinados a personal operativo y de seguridad; y $640 mil para la compra de radios y equipos de comunicación.

La exposición de Cancillería encontró cuestionamientos de la diputada Janine Prado, quien centró buena parte del debate en las contrataciones excepcionales y en la planificación financiera del evento.

Prado comenzó señalando que el traslado era interno dentro del presupuesto de inversión del ministerio y recordó que el proyecto ya contaba con una asignación de $11.2 millones aprobada previamente para la organización del congreso y las actividades relacionadas.

“Cuando vimos las vistas presupuestarias ya se contemplaban 11.2 millones para este congreso”, indicó.

La diputada preguntó específicamente de qué renglones se estaban moviendo los recursos y si el traslado implicaba un aumento del costo total del evento. Hoyos respondió que no se incrementaría el presupuesto global y que los fondos salían de la misma partida asignada al proyecto.

Uno de los momentos más extensos del intercambio ocurrió cuando Prado abordó el alquiler de vehículos para las delegaciones oficiales.

La diputada observó que originalmente el renglón de transporte dentro del presupuesto contemplaba apenas $120 mil y ahora se trasladaban $720 mil adicionales para alquiler de equipo de transporte.

“Yo quisiera preguntarle cuántas arrendadoras hay en el país que tengan este tipo de vehículo disponibles”, consultó Prado, luego de que Cancillería explicara que algunas delegaciones requerirían autos blindados por razones de seguridad.

Hoyos respondió que el proceso se realizaría mediante contratación excepcional y reconoció que no tenía el número exacto de empresas con capacidad para ofrecer ese servicio.

La diputada insistió entonces en la cantidad de vehículos que se proyectaba alquilar. El viceministro respondió que la estimación era de 243 vehículos.

Prado cuestionó inmediatamente el costo proyectado y señaló que, tomando como referencia los $720 mil solicitados, el promedio rondaría casi los $3 mil por vehículo.

“Yo entiendo que los blindados deben tener un precio de alquiler mucho más alto”, comentó antes de preguntar por cuántos días se extenderían los contratos.

Hoyos indicó que el alquiler se proyectaba por aproximadamente diez días y explicó que el cálculo incluía no solo autos para mandatarios y cancilleres, sino también buses, minibuses, ambulancias y otros vehículos de apoyo logístico.

El funcionario detalló además que las necesidades variaban dependiendo de la jerarquía de cada delegación.

“La comitiva del presidente Luis Abinader de República Dominicana tendrá más vehículos asignados que la comitiva, por ejemplo, de un canciller”, señaló.

Prado volvió entonces sobre el tema de la contratación excepcional y criticó que no se hubiese realizado una licitación pública, tomando en cuenta que el evento fue anunciado desde hace meses por el presidente de la República.

“Lo urgente y excepcional no puede ser lo usual y lo normal”, afirmó la diputada de la coalición Vamos.

La parlamentaria sostuvo que el Gobierno tuvo tiempo suficiente para planificar los contratos y buscar mejores precios mediante un acto público.

En respuesta, Hoyos admitió que la Cancillería hubiera preferido acudir a una licitación, pero argumentó que existieron retrasos asociados a la firma del convenio de país anfitrión con la OEA.

“Nos hubiera gustado llevarlo a una licitación pública, por supuesto”, expresó el funcionario.

Según explicó, la Organización de Estados Americanos normalmente sesiona en Washington y la negociación para realizar la asamblea fuera de su sede habitual demoró más de lo previsto.

“Esos atrasos tuvieron una incidencia en la planificación de tiempos”, sostuvo.

El funcionario agregó que las confirmaciones variables de mandatarios y cancilleres también afectaron la programación logística.

Hasta el momento, Cancillería informó que existen ocho jefes de Estado o de Gobierno confirmados y más de 30 cancilleres para las distintas reuniones multilaterales.

Otro punto que generó preguntas de Prado fue la compra de equipos de comunicación por $640 mil.

La diputada preguntó si esos recursos serían utilizados para alquiler o adquisición de equipos.

Víctor Miller, director de Administración y Finanzas de la Cancillería, explicó que se trataba de una compra permanente para reforzar las capacidades operativas del Sistema de Protección Institucional (SPI).

“El sistema de ellos prácticamente está obsoleto”, afirmó Miller.

Prado consultó entonces si los equipos quedarían posteriormente bajo control del SPI y el funcionario respondió afirmativamente.

La diputada también solicitó información sobre la ejecución presupuestaria del ministerio y preguntó cuánto dinero ya se encontraba comprometido para el evento.

Gilma Cañizales, jefa de presupuesto de Cancillería, indicó que hasta la fecha existen $3.8 millones comprometidos en contratos de hotelería, videovigilancia, conectividad, enlaces de comunicación y equipos tecnológicos.

Miller añadió que los hoteles fueron una de las primeras contrataciones debido a requerimientos de seguridad coordinados con el SPI.

“Lo primero fue certificar los hoteles”, explicó.

Durante el debate también intervino el diputado Raphael Buchanan, quien destacó la importancia histórica y geopolítica del Congreso Anfictiónico y sugirió que Panamá debe aprovechar la cita internacional para reforzar el respaldo al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

“Esta es una oportunidad histórica que va a tener Panamá”, manifestó el diputado del Partido Revolucionario Democrático.

Hoyos respondió que el Gobierno impulsa nuevas adhesiones internacionales al Tratado de Neutralidad y mencionó avances diplomáticos con Bélgica, Suiza, Austria y Portugal, además de conversaciones con Brasil, México, Japón e India.

“El tema del Canal de Panamá y su neutralidad son un eje central”, afirmó.

La Cancillería sostiene que la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico y la Asamblea General de la OEA permitirá proyectar internacionalmente a Panamá como sede de diálogo político y diplomático regional, además de generar impacto económico y turístico durante la semana de alto nivel.