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01 de Mar de 2021

Economía

El día que Panamá dijo sí a la ampliación

La Ley 28 del 17 de julio de 2006 ordena la realización de un referéndum sobre la propuesta de construcción del tercer juego de esclusas

El domingo 22 de octubre de 2006 se escribió el futuro del Canal de Panamá. El proyecto de ampliación, mediante un tercer juego de esclusas, fue sometido a referéndum nacional, donde logró una aprobación mayoritaria.

La Carta Magna panameña en su artículo 325 advierte que cualquier propuesta de construcción de un tercer juego de esclusas o de un canal a nivel en la ruta existente que proponga la administración de la vía acuática tiene que ser aprobado por el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, para posteriormente ser aprobado en un referéndum nacional realizado no antes de 90 días luego de ser aprobado por la Asamblea.

Es así como surge la Ley 28 del 17 de julio de 2006 que ordena la realización de un referéndum nacional y que en su artículo 2 deja claro que todos los costos de las obras y las correspondientes obligaciones financieras del proyecto del tercer juego de esclusas serán pagados por el funcionamiento del Canal y los peajes.

Además, la Ley 28 garantiza que los aportes del Canal al Tesoro Nacional sumarán como mínimo $548.8 millones anuales en virtud de las normas contenidas en el Artículo 2 al fijar que los pagos por excedentes no podrán ser menores a los entregados en el año 2005, mientras las transferencias en concepto de derecho de tonelada no serán inferiores a las del año 2006.

VOTACIONES

En el referéndum se utilizó una papeleta única de votación, dividida por la mitad, con la opción Sí a la izquierda con un fondo verde y No a la derecha con un fondo rojo. Arriba de estas dos opciones se leía el siguiente texto: ¿Aprueba usted la propuesta de construcción del tercer juego de esclusas en el Canal de Panamá?

La votación se realizó, desde las siete de la mañana a las cuatro de la tarde, sin contratiempos y los resultados extraoficiales fueron dados a conocer por el Tribunal Electoral a escasos 30 minutos después de que terminara la votación. Aproximadamente a las 6 de la tarde del mismo día se conocían los resultados de aproximadamente el 25% de las mesas electorales que mostraban la aprobación del proyecto.

Los resultados oficiales responsabilidad de la Junta Nacional de Escrutinio, se conocieron tres días después de las votaciones y mostraban una abstención cercana al 57%. Del 43.32% de panameños que participaron, el 76.83% votó Sí y el 21.76% votó No, mientras que los votos nulos o en blanco fueron de 1.41%.

Para el entonces, administrador de la vía acuática, Alberto Alemán Zubieta, la participación fue alta tomando en cuenta que era una votación en un tema tan específico. ‘Es un éxito que una buena cantidad de panameños tomaron de su tiempo para ir a votar'.

Igualmente, Alemán Zubieta destacó que el proyecto se divulgó sólo por seis meses, desde la entrega de la propuesta de ampliación del Canal el 24 de abril de 2006 al mandatario Martín Torrijos hasta la realización del referéndum.

La propuesta presentada a los panameños establecía añadir un tercer carril de tránsito al Canal de Panamá para duplicar su capacidad a partir del 2014, proyecto que se ejecutaría a través de varios contratos.

Los componentes de la ampliación incluían cuatro contratos de excavación seca para construir en el Pacífico un cauce de 6.1 kilómetros de extensión entre las nuevas esclusas y el Corte Culebra, dos contratos de dragado, uno para la entrada del Canal en el Pacífico y otro para el Atlántico.

También la obra requería de un contrato para el diseño y construcción de las nuevas esclusas en el Pacífico y el Atlántico, y el dragado para la profundización y el ensanche de los cauces de navegación del lago Gatún y del Corte Culebra que estaría a cargo de la Autoridad del Canal de Panamá.

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El padrón electoral para el referendo que aprobó la ampliación del Canal estaba compuesto de 924.029 votantes.

La normativa obliga a la Autoridad del Canal de Panamá a cumplir con nuevos retos y compromisos.

La legislación establece un nuevo de modelo de gestión pública que garantiza la transparencia y rendición de cuentas.