La independencia judicial y su relación con el crecimiento económico

La independencia judicial es uno de los indicadores que conforman el Índice de Competitividad Global (ICG), realizado anualmente por el Foro Económico Mundial (FEM), y es un componente del pilar de las Instituciones del ICG.

En el caso de Panamá, este indicador es el que ha mantenido mayor rezago desde hace años, en comparación con el resto. En el informe de 2015, se ubicó en la posición 119 de 140 países que participaron de la medición. En 2014, ocupó el lugar 116 de 144 países; en 2013 fue 118 de 148 países; en 2012 se clasificó 132 de 144 países; en 2011 se ubicó 133 de 142 países; y en 2010 fue 125 dentro de 139 países.

Para el FEM, la importancia de este indicador radica en la evidencia del estudio realizado por Feld y Voigt (2003), que demostraron a partir de una muestra de 66 países entre los años 1980 y 1998, la existencia de una relación directa en que la independencia judicial de un país influye positivamente en el crecimiento del producto interno bruto (PIB). Otros estudios citados por el FEM, como los de Shleifer y Vishny (1993), demuestran cómo la estructura de las instituciones de gobierno y el proceso político son determinantes del nivel de corrupción y la ilegalidad, lo que genera a su vez distorsiones y costos en la economía que superan a la totalidad de los impuestos recaudados.

También el FEM hace referencia al estudio de Mauro (1997), donde evidencia que la corrupción distorsiona el gasto público y desvía los recursos lejos de los sectores promotores del crecimiento como la educación y la salud hacia otros proyectos.

El investigador determinó, a través de un análisis de regresión, que un descenso de 2.4 en el índice de corrupción (en una escala de 1 a 10) –basado en la escala del Corruption Percetions Index (CPI)–, está asociado con un aumento de cuatro puntos porcentuales en el índice de crecimiento per cápita. Otros estudios, como los de Keefer y Knack (1995), llegaron a los mismos resultados.

Shleifer y Vishny (1993) manifiestan que la corrupción tiene un efecto negativo en el crecimiento económico y se debe, en parte, a los menores niveles de inversión, por el riesgo que la corrupción le agrega, lo que genera otros costos a los cálculos de los inversores.

El estudio agrega que la corrupción afecta a la educación, porque en donde existe impunidad a actos de corrupción, los gobiernos tienden a destinar más recursos en aquellas actividades que facilitan el cobro de sobornos, como los casos de obras de infraestructura de mayor envergadura, entre ellos, los aeropuertos y las carreteras. En el caso de los recursos destinados a la educación, son más visibles y están relativamente menos expuestos a la corrupción.

Cuando un sistema judicial es permeable a las influencias de otras instancias de poder, sean de carácter público o de particulares, actúa en beneficio de una minoría en perjuicio de la sociedad. Diversas publicaciones definen la corrupción como el aprovechamiento del poder público para obtener beneficios privados, y Shleifer y Vishny (1993) lo reiteran. Ambos investigadores además exaltan el enfoque de otros autores que coinciden en diferenciar entre la corrupción administrativa y política.

La corrupción administrativa ocurre cuando los funcionarios estatales de nivel inferior aceptan sobornos, y la corrupción política hace referencia a las actuaciones indebidas de quienes conforman los poderes ejecutivo y legislativo. En Panamá, existe preocupación por la eficiencia y efectividad del sistema judicial.

En la mesa de Institucionalidad y Transparencia del X Foro Nacional para la Competitividad, los sectores público y privado enfatizaron en la necesidad de implementar la Ley de Carrera Judicial, aprobar una ley que regule los conflictos de intereses, dar compromisos establecidos en la Convención Anticorrupción de la OEA, y modernizar los procesos judiciales, entre otros.

ANALISTA DEL CENTRO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD