MEF, satisfecho con calificación de la OCDE

Actualizado
  • 29/06/2017 02:06
Creado
  • 29/06/2017 02:06
El organismo internacional evalúa positivamente al país en materia de intercambio de información fiscal. 

Panamá logró una calificación positiva en la evaluación del intercambio de información fiscal del Foro Global sobre Trasparencia e Intercambio de Información Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según dio a conocer este miércoles el titular de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio Cortés.

Según Cortés, la calificación temporal del país como ‘cumplidor en gran medida' es la segunda mejor nota que se puede obtener. Esto, dijo, le permite a la nación salir de las evaluaciones abreviadas, conocidas como fast track , y ahora pasó a la lista de países donde las revisiones son normales o regulares.

Cortés manifestó su complacencia con la calificación obtenida ante la OCDE; sin embargo, reconoció que aún falta mejorar.

Hay temas como la seguridad en general donde se debe seguir fortaleciendo la institución.

El funcionario adelantó que para el primer semestre de 2018 se estarán mudando las oper aciones a un sitio que cumpla con los estándares de seguridad informática, así como de acceso de personas.

‘Lo dado a conocer hoy (ayer) es muy positivo para el país', destacó. La calificación obtenida fue en el rubro de estándar de intercambio de requerimiento, luego Panamá debe cumplir con la evaluación de un nuevo estándar de intercambio de requerimiento, que se revisará en el primer semestre de 2018 y, finalmente el intercambio automático.

La calificación de esta evaluación es un reconocimiento importante, pero también implica el reto de lograr que el resultado definitivo, en 2018, sea igual o mejor que el obtenido de forma temporal, indicó el Director General de Ingresos.

Por su parte, Dulcidio De La Guardia, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), manifestó que ‘la decisión de la OCDE reafirma el reconocimiento de la comunidad internacional al trabajo que ha hecho esta administración por ir de una vez por todas eliminando la falta de estándares que tenía Panamá en materia de transparencia fiscal y financiera'.

Las declaraciones de Cortés y De La Guardia se dieron en el marco de la rendición de cuentas de los tres años de gestión del MEF, entidad de la que forma parte la DGI.

Seis de los diez principales logros son el crecimiento sostenible en 4.9%, con una baja inflación de 0.9% al primer trimestre de 2017; las finanzas públicas en orden cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal al cumplir con el 1.5%; la reducción de la pobreza y desigualdad de 107,667 personas y con una población económicamente activa de 4.6%, respectivamente.

En estos tres años, el MEF lideró la salida de Panamá de la lista gris del GAFI; también se apoyó con 24 leyes aprobadas, 27 decretos y 11 acuerdos intergubernamentales.

Además, se fortaleció la DGI que ha recaudado $16,550 millones y se implementó el proyecto de Cuenta Única del Tesoro, donde el Gobierno logró evitar una deuda pública de $1,200 millones, lo que generó $50 millones en ahorros.

En su intervención, De La Guardia señaló que mantendrá el compromiso de controlar las finanzas públicas, garantizar la transparencia y prevenir el blanqueo de capitales.

ABOGADOS CUESTIONAN ‘INJERENCIA' DE LA OCDE EN MATERIA TRIBUTARIA

Un grupo de abogados panameños, especialistas en temas tributarios que participó ayer en un foro sobre materia tributaria que realizó en Panamá la Federación Interamericana de Abogados (FIA), cuestionó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) intervenga en la política tributaria panameña y defina la manera en que se debe manejar, bajo amenaza de sanciones. Los abogados consideran que el comportamiento de esta organización es intervencionista y que Panamá no lo debería aceptar.

Adolfo Linares, abogado y exvicecanciller panameño, utilizó un tono severo para declarar que prefería no hacer comentarios sobre la OCDE, pues no se explica quién ‘diablos' es esta organización para dictar pautas a países como Panamá, un Estado soberano que no forma parte de esta organización.

Cuestiona, además, la actitud de los panameños en general (gobernantes y gobernados), que han cedido la soberanía y la independencia del país al permitir que un organismo que carece de legitimidad multilateral, como la que sí tiene la Organización de Naciones Unidas (ONU), dicte al país las políticas que debe seguir.

El abogado insistió en que Panamá no puede aceptar como nación que esta agrupación siga interviniendo de esta manera en las acciones internas sobre el manejo de la economía y los temas sobre legislación interna en materia tributaria, lo cual considera como una ‘humillación para el país'.

El también abogado Euclides Castillo declaró en el marco del foro de la FIA que no entiende cómo es posible que Panamá permita que un organismo internacional como la OCDE imponga a un país su legislación interna o la manera en que deben manejar sus asuntos como Estado.

Castillo destaca que, producto de las imposiciones de la OCDE, la actividad que se genera en Panamá se ha visto afectada de manera considerable.

El abogado citó como ejemplo el Registro Público que, por el volumen de trámites que atendía, extendió su horario de funcionamiento hasta las ocho de la noche, pero ahora la institución no recibe la cantidad de usuarios esperados ni de gestiones. Destacó, por otra parte, que mientras organismos como la OCDE imponen su criterio a países chicos, como Panamá, sobre el manejo de su política tributaria, no hacen lo mismo con las grandes y poderosas naciones como Estados Unidos o Inglaterra.

Egbert Wetherbone, quien también participó en el Foro de la FIA, se sumó a la opinión de los otros dos abogados y consideró ‘indignante e inaceptable' que Panamá permita que se le dicte la manera en que debe aplicar las normas en esta materia.

Y añadió que además le molesta que sea un organismo como la OCDE el que establezca sanciones o incluya en listas de uno u otro color a países como Panamá por el incumplimiento de normas que este organismo aplica a un país que ni siquiera es miembro de esa agrupación.

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