Panamá evalúa establecer regulador de pensiones

La caída demográfica y la informalidad están impactando negativamente en los sistemas de pensiones de vejez y Panamá no escapa de esa realidad. Para solucionar esa falencia, el país tiene dos opciones: reformular la Ley 51 de 2005 de la Caja de Seguro Social (CSS) o establecer un ente que regule con amplios poderes y atribuciones las pensiones a futuro.

Eyda Varela de Chinchilla, viceministra de Finanzas, planteó que la solución sería tener una entidad que regule el tema de las pensiones. Para ello, se ha ‘iniciado una serie de consultas, siguiendo los pasos de una recomendación pasada', indicó.

Aunque la viceministra dijo que la idea se está madurando con diálogos y estudios y comentó que ‘tener una superintendencia que regule todo el tema de pensiones sería lo ideal, pues tenemos tantos pilares que lo óptimo sería unificar su regulación en un ente'.

La funcionaria participó en el seminario ‘Economía del comportamiento y educación previsional', organizado por el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS).

El objetivo de la reunión era conocer las mejores prácticas en el manejo de los fondos de pensiones, tanto gubernamental como privado, para evitar irregularidades.

Por su parte, Miguel Ángel Esbrí, presidente del Consejo de Administración del Siacap, reconoció que es ‘evidente que los niveles de demografía están disminuyendo, pues hay menos personas cotizando al sistema para mantener los dineros de los que están pensionados, pues la gente que ya aportó sus cuotas ahora vive más de lo que se calculó cuando se establecieron los sistemas, por lo que tenemos a más personas cobrando por más años'.

‘Si hay menos cotizantes es porque hay una baja en la tasa de fecundidad, la cual se agrava con el constante crecimiento del sector informal. ¿Cómo un sistema de pensiones seguirá en modo de reparto?', se cuestionó Esbrí, quien agregó que ‘si en un momento determinado hay menos gente, no se podrán pagar las pensiones, pero no es porque esté mal ideado el sistema, sino que hay que incentivar que hayan más nacimientos y menos informalidad'.

‘En Panamá la gente se pensiona pronto, hoy día una mujer de 50 años está en pleno desarrollo laboral, y en la mayoría de las profesiones es cuando más destreza y conocimiento tiene. No es lo mismo haberse jubilado en los años 70 con 52 o 55 años, que hacerlo hoy'.

En Panamá, según la Ley 51, toda persona debe aportar al sistema de la CSS un total de 240 cuotas y la edad de jubilación de las mujeres es de 57 años y para los hombres, 62 años.

Una vez cesantes, reciben el 60% del promedio de sus diez mejores años de salario. Posteriormente, cada cinco años, reciben un ajuste de $10. El mínimo que recibe un pensionado es $175 al mes y la jubilación máxima es de $2,500.

Para Esbrí, hay que repensar el tema. ‘Si seguimos como hasta ahora y solo cambiamos la edad de jubilación, podría pasar lo mismo, que menos personas coticen y no haya dinero para quienes se jubilen. O reconstruimos este tema de forma integral, mejorando las cotizaciones para recibir pensiones más dignas', indicó.

LA SITUACIÓN DE PANAMÁ

El problema financiero del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS es un tema que a 439 días de finalizar la administración de Juan Carlos Varela aún no se soluciona.

Sin embargo, el economista Felipe Argote propuso en su blog de igual nombre que el Estado financie el déficit del programa IVM o de lo contrario pagara unos $300 millones a partir del año 2032.

El economista considera que es el momento para que el Estado deposite al fondo del sistema solidario para ‘cubrir la jubilación de las generaciones víctimas del cambio de sistema'. Para ello, el Sistema Solidario le solicitaría y recibiría un préstamo del Fondo del Sistema Mixto ‘con los fondos necesarios para completar los pagos de las jubilaciones a una tasa de interés de mercado, lo cual le será conveniente al Sistema Mixto para elevar estos fondos al momento de requerirlos sus jubilados', argumenta Argote.

Esto permitiría ‘cubrir los fondos necesarios hasta el año 2062, con aportes que nunca llegarán a ser iguales al 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en un país en donde el presupuesto estatal es del 40% del PIB. Por tanto, el aporte del Estado, si siguen las mismas proporciones, no será mayor al 5% del presupuesto estatal en el momento de mayor desembolso.

En su escrito, Argote expone que ‘el Sistema Mixto cada vez tiene más dinero en su reserva y más cotizantes, mientras que el Sistema Solidario cada vez tiene menos reservas porque hay más desembolsos en el pago de jubilaciones'.

La fórmula propuesta por Argote duraría el tiempo que tome llegar al punto de inflexión, que sería cuando se retire el último jubilado del sistema, lo que ocurriría aproximadamente en el año 2032.

Los cálculos de Argote detallan que en el 2032, por ejemplo, el Estado deberá desembolsar a los jubilados del Sistema Solidario alrededor de $3,000 millones. A partir de ese año, la tendencia baja.

Explica que ‘en 2019 los depósitos de los pensionados del sistema antiguo, el solidario, empezarán a ser menores que los desembolsos otorgados a los actuales pensionados, por lo tanto iniciaría el déficit, donde se usarán los fondos de la reserva.

Se calcula que en 2026 se agota la reserva. El problema es establecer la fuente de los fondos para pagarle a los pensionados de este sistema cuyo último sobreviviente se espera fallezca en el 2062'.

Los primeros cotizantes del Sistema Mixto iniciaron sus aportes en 2006, cuando entró en vigencia, por tanto sus primeros jubilados entrarán a cobrar en el 2027. Para Argote, el Sistema Mixto estará engordando sus arcas todo ese tiempo con los aportes de sus jóvenes cotizantes, por tanto, al momento del mayor desembolso del Sistema Solidario ya quebrado, el Sistema Mixto tendrá alrededor de $20,000 millones en sus reservas.

En 2005, la Ley 51 de la CSS modificó el régimen de pensiones eliminándole cotizantes al Sistema Solidario e instaurando un Sistema Mixto. Al establecerse, gran parte del monto que le corresponde al jubilado procede de sus propios depósitos y nunca se definió cómo cubrir la jubilación de esa generación que siguió aportando al fondo solidario, que los actuales jubilados están utilizando, y que se agota en el 2026, según proyecciones de especialistas, que a falta de informes actuariales recientes de la Caja de Seguro Social, es la única referencia.

Por tanto, las personas que no migraron al Sistema Mixto son víctimas del nuevo sistema ya que los nuevos cotizantes no aportan casi nada al fondo solidario.

La última reforma del fondo se hizo en 2005 y tenía como compromiso un reajuste complementario en unos años. Sigue siendo una asignatura pendiente.

‘Si en un momento determinado hay menos gente, no se podrán pagar las pensiones',

MIGUEL ÁNGEL ESBRÍ

SIACAP

PENSIONES POR VEJEZ

La CSS no cuenta con un estudio actuarial para conocer la situación del programa desde 2011

millones pagará el Estado a partir del 2032 para financiar el programa IVM.

año en que se agota la reserva de los dineros del Sistema Mixto.