FECI para el agro, un solo objetivo

El presidente Juan Carlos Varela vetó el proyecto de ley 488, que devolvía al Fondo de Compensación de Intereses (FECI) los fondos para lo que fue concebido: ayudar a financiar las actividades de producción de agroalimentos por los consumidores.

A través de una tasa equivalente al 1% de cada préstamo personal o comercial que se da a nivel nacional, se alimenta el FECI, tal como lo propusiera la Comisión Bancaria en la década de 1980, dirigida por Mario de Diego y su asesor legal Arturo Vallarino, dando vida jurídica a este fondo mediante la Ley 29 de 9 de julio de 1980.

Este régimen legal fue modificado posteriormente por la Ley 4 de 1994, que reestructuró el fondo sin cambiar su objetivo inicial, que era compensar los intereses de los préstamos agropecuarios con la finalidad de evitar los incrementos de precios de la canasta básica de alimentos.

La Asamblea Nacional decidió por unanimidad aprobar por insistencia la Ley 488. La que está pendiente de promulgación en Gaceta Oficial, como lo establece el artículo 170 de nuestra Constitución.

Esta nueva Ley autoriza destinar el 70% de los ingresos del FECI para el agro y el 30% para el Tesoro Nacional, y que esa porción el Estado la use para compensar los intereses de viviendas de interés social. Así, el Banco de Desarrollo Agropecuario recibiría los recursos necesarios para prestar a pequeños y medianos productores hasta $25,000 y el 4% irá a la educación agropecuaria.

Con este ordenamiento se evitaría la disminución de la reserva técnica, lo que preocupa a la Superintendencia Bancaria quien es el administrador del fondo.

Porque con el 30% que le corresponde al Tesoro Nacional, el MEF debe incluir la cantidad del FECI destinada a subsidiar los préstamos para viviendas de interés social como lo estableció el gobierno anterior.

Por haber sido miembro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Consejo de Legislación en 1980, cuando se aprobó la creación de este fondo, conozco su historia, por lo que puedo afirmar que fue orientado exclusivamente a apoyar al sector agropecuario cuando los préstamos tenían hasta 13% de intereses.

La Superintendencia Bancaria debe garantizar el buen uso de estos recursos. No me refiero a los actuales dignatarios, sino a muchos de los anteriores que supuestamente permitieron que el FECI beneficiara a clientes bancarios fuera de la cartera agropecuaria en morosidad, haciéndoles un préstamo, supuestamente agropecuario, solo para que se beneficiaran del subsidio de los intereses de 4%, lo que hacía más viable el pago a la institución bancaria del capital de ese crédito en alta morosidad.

No creo que esto lo estén haciendo los bancos privados en este momento, pero sería bueno que la Superintendencia Bancaria haga una exhaustiva revisión, ya que los ingresos del fondo FECI anualmente suman $200 millones, cantidad que despierta mucha tentación. Y más con todo lo que se ha publicado y que falta por publicar sobre la participación de algunos bancos de la plaza en los grandes escándalos de corrupción actualmente en investigación y juzgamiento.

Debo señalar que si el FECI cambia su objetivo exclusivamente para apoyar al agro nacional, ganará mucha fuerza la opinión de que se debe eliminar éste aporte que hacen los prestatarios para alimentar dicho fondo, porque aseguran que encarece el financiamiento.