Opciones para el sector agro

El sector primario de la actividad económica en Panamá representa apenas un 1.9 % del PIB al 2017, según cifras de la Contraloría General de la República. Si revisamos años anteriores, el porcentaje de participación fue muy similar: 2.3 % (2013), 2.2% (2014), 2.1% (2015) y 2.0% (2016). Es más, tiene una tendencia a la baja. Esta situación es preocupante y puede empeorar en el corto y mediano plazo. Los productores están en pie de guerra y han empezado a manifestarse exigiendo una solución pronta, efectiva y sostenible al sector.

Pero, ¿cuáles son los problemas que realmente están afectando al sector primario y por qué no se resuelven?.

Podemos mencionar que el principal problema es que no se tiene una verdadera política de Estado para el Agro Panameño. Sin duda, esta sería nuestra principal herramienta y en la cual se sustentarían todas las demás opciones que se puedan implementar.

Sin esto estamos a ciegas, improvisando y pensando en alternativas en cada Gobierno y no en una solución a largo plazo. Por lo menos necesitamos una política para los próximos 20 años, que asegure la sostenibilidad, productividad y rentabilidad del sector.

El sector agropecuario no tiene incentivos para la producción. Cada vez son más hectáreas las que dejan de producir, comparado con otros países que subsidian a sus productores, como Estados Unidos, con el cual tenemos acuerdos comerciales.

Esto ya es una desventaja a la hora de competir. La importación desmedida es quizás el problema más grave y que amenaza con extinguir nuestro sector.

Según datos de la Contraloría, estamos importando diez veces más de lo que se exporta, y la tendencia no se detiene, provocando un déficit en la balanza comercial de alimentos.

Mientras no exista una regulación enérgica a la importación, no detendremos la entrada de productos al mercado en tiempos en que nuestra producción sale; además, como no existe una regulación: está entrando producto de mala calidad, como pollo congelado, la carne de res, el arroz, el maíz, etc.

Podemos concluir que el sector necesita una política que promueva la productividad, por medio de la modernización y educación de sus actores. Regulando la importación, protegemos la salud de los consumidores y la bioseguridad del sector. Las entidades públicas como MIDA, BDA, IMA, IDIAP, INA, ISA y FCA tienen las herramientas para desempeñar su rol como les corresponde. Por otra parte, los productores son conscientes que deben mejorar su producción con tecnología; los consumidores debemos apoyar al productor nacional y consumir lo nuestro.

La seguridad alimentaria de un país es responsabilidad de todos: gobierno, productores, consumidores y empresas privadas.

INGENIERO AGRÓNOMO