Panamá ante la CIDH: pueblos indígenas denuncian torturas, militarización y cierre del espacio cívico

En una audiencia realizada este miércoles 19 de noviembre durante el 194° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones indígenas de Panamá expusieron un panorama que calificaron como “crítico y urgente” respecto a la situación de los territorios originarios del país.

El encuentro, celebrado en la Universidad de Miami (Coral Gables), reunió a representantes del Center for International Environmental Law (CIEL), el Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (Modeteab), el Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica Ngäbe (Cedeteng), el Congreso Local de Piriatí Emberá y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), quienes solicitaron la audiencia para alertar sobre el “progresivo, severo y acuciante cierre del espacio cívico” en las comarcas y comunidades indígenas.

Los voceros describieron un escenario marcado por represión, militarización y violaciones sistemáticas de derechos humanos, el cual alcanzó su punto más grave durante junio de 2025, cuando varios territorios fueron sitiados bajo un estado de emergencia nacional.

Según las organizaciones, la denominada Operación Omega, ejecutada entre mayo y julio, incluyó el uso de fuerza letal y excesiva por parte de los estamentos de seguridad, cortes de comunicación, restricciones de movilidad y ataques directos a viviendas.

“Las comunidades fueron sitiadas día y noche por varios días; lanzaron gas lacrimógeno dentro de nuestras casas. Muchas madres tuvieron que huir al monte con sus hijos y aun así fueron perseguidas, golpeadas y detenidas”, relataron.

Un abogado de las organizaciones presentó evidencia gráfica y documental sobre violencia estatal, alegando que la población indígena en Bocas del Toro fue “aislada deliberadamente”, sin presencia efectiva de instituciones de derechos humanos.

“Para que vean el impacto: hoy, muchos niños ven a un policía y se orinan del miedo”, señaló.

Los denunciantes afirmaron que estos hechos no son aislados, sino parte de un patrón que se arrastra desde 2008. Recordaron audiencias anteriores donde expusieron casos de abusos policiales que resultaron en personas lisiadas y muertes sin que hubiera justicia.

“Los responsables siguen trabajando para el Estado”, advirtieron.

Asimismo, denunciaron desalojos, torturas, criminalización, ocupación militar, intimidación, negación de asistencia legal y discursos de odio desde julio de 2024 hasta la actualidad.

Las organizaciones subrayaron además la desprotección legal e inseguridad territorial que persiste en Panamá. Más de 50 comunidades indígenas reclaman actualmente titulación colectiva.

“En Panamá no hay seguridad territorial para los pueblos indígenas. No hay voluntad estatal”, afirmaron.

Solicitaron a la CIDH una visita in situ a las comunidades afectadas, la inclusión del cierre del espacio cívico en el informe anual del organismo y la apertura de un diálogo real con el Estado panameño.

En respuesta, la delegación oficial de Panamá, representada por el Ministerio de Gobierno (Mingob), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) y el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), negó la existencia de violaciones sistemáticas y defendió la actuación gubernamental.

Afirmó que las medidas adoptadas durante los cierres de vías buscaban “proteger la vida, la salud y la paz social”, así como “restablecer y mantener el orden público” en Bocas del Toro.

Juan Francisco Borrell, viceministro de Gobierno, señaló que los cierres afectaron derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo y el libre tránsito de la población.

Según el Estado, fue la protesta y no las autoridades la que vulneró el espacio cívico que reclaman los pueblos indígenas durante la audiencia.

La delegación también destacó que el Minseg gastó $14.5 millones en transporte de alimentos, medicamentos y suministros durante la crisis en Bocas del Toro, y Jorge Dominguez, subdirector de la Policía Nacional, aseguró que todas las denuncias de abuso vinculadas a la Operación Omega se encuentran bajo investigación del Ministerio Público.

Sin embargo, las organizaciones insistieron en que la situación ha superado la capacidad de las instituciones de control locales, señalando que incluso la Defensoría del Pueblo “no ha tenido la capacidad de observar la violencia”, lo que dificulta determinar la cantidad real de heridos o fallecidos.

“Necesitamos la presencia de la CIDH en nuestros territorios, porque no hay otra manera de detener lo que está ocurriendo”, concluyeron.