27 de Nov de 2021

Economía

Control de precios es legal, pero su temporalidad sigue afectando

La Corte Suprema de Justicia falló en derecho a favor del control de precios, pero la permanencia de la medida ha generado distorsión en el mercado y el Gobierno no justifica su extensión

Control de precios es legal, pero su temporalidad sigue afectando
La medida, que ya tiene cuatro años, por ley no se aplica en la provincia de Darién.

La Corte Suprema de Justicia determinó que el control de precios es legal, pero su temporalidad sigue siendo cuestionada por la empresa privada, ya que la medida duraría un semestre y se ha prorrogado en los últimos cuatro años sin que el Gobierno justifique su extensión.

Para Javier Said Acuña, de la firma legal Rivera, Bolívar y Castañedas, que representó a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en la demanda contencioso administrativa de nulidad, comentó que la normativa establece que la medida sería temporal, ‘pero ha transcurrido el tiempo y lo han convertido en un mecanismo indefinido'.

‘La medida anunciada establece que sería temporal, pero como es de conocimiento, el control de precios se ha prorrogado en diversas oportunidades y pareciera que está de forma permanente',

PORFIRIO BATISTA

ABOGADO

Lo anterior ha provocado que en la cadena de suministro se genere una distorsión, en lugar de dejar que el mercado se regule de forma natural, apuntó el abogado.

Para Acuña, la medida pone en riesgo la seguridad jurídica y también la seguridad alimentaria del país, pues podría darse una escasez. ‘El producto más caro es el que no se tiene', y no han puesto atención en eso, señaló.

‘Los subsidios no están diseñados para ser eternos, pues son insostenibles, y por ello, debe existir un corte', aclaró.

‘Hoy la cadena de producción está afectada con la regulación, pues llega un momento que el margen no le dará para seguir haciéndolo', añadió Acuña.

El jurista sostiene que ‘la decisión de la CSJ se fundamenta en lo establecido en la Constitución vigente, y está en lo correcto, pues el Estado puede intervenir, pero la medida debería ir poniendo las condiciones para que el mercado se regule, y para ello, el propio Gobierno debió crear un contrapeso que sería la creación de políticas que vayan nivelando el mercado'.

Por ejemplo, señaló que si la normativa establece que se mantendría cada seis meses, la prórroga o la extensión ya no debía ser por seis meses sino cuatro meses hasta llegar el momento de desaparecer.

Acuña explicó que un ejemplo de subsidio es el pasaje en el Metro de Panamá, ‘el peaje de $0.35 es insostenible, ¿qué debe hacer el Gobierno? Ir subiendo a $0.75, luego $1, pero este último no es popular y entonces se está gobernando con populismo, cuando debería existir un equilibrio, pero como ese no es el mensaje que se puede mandar, el subsidio se extiende'. Otro ejemplo es el precio del cilindro de gas butano de 25 libras, que tiene más de una década que se vende en $4.37.

En tanto, el abogado Porfirio Batista opina que el reclamo del sector privado se fundamenta en la temporalidad del control de precios, ya que ‘la medida anunciada establece que sería temporal, pero como es de conocimiento, se ha prorrogado en diversas oportunidades y pareciera que está de forma permanente'. ‘La Sala se apoya en informes técnicos donde se dice que la inflación sigue afectando el precio de los alimentos y por eso se aprueba otra extensión, pero allí mismo se advierte que la medida no debe ser considerada permanente', apuntó.

En el fallo, el procurador de la administración, Rigoberto González Montenegro, destacó que el Decreto 165 de 2014 establece en el ‘artículo 9 que el mismo tendrá una duración máxima de seis meses, según lo dispone el artículo 200 de la Ley 45 de 2007, de lo cual se desprende la temporalidad de sus efectos, y en tal sentido, el hecho de que la medida haya sido prorrogada no quiere decir que haya adquirido condición de permanente'.

El procurador justifica la prórroga luego de analizar los decretos y aporta que ‘hasta tanto el mercado adquiera las condiciones que permitan un acceso, al menos en el caso de los productos de primera necesidad, a precios competitivos que se encuentren fuera de la especulación de intermediarios comerciales que impidan o imposibiliten el acceso a este tipo de bienes o servicios...'.

En tanto, la parte demandante se fundamenta en que el Decreto Ejecutivo 165 de 2014, que en su artículo 10 dice: ‘esta medida quedará eliminada cuando hubieran desaparecido las causas que motivaron su adopción, según se determine oportunamente mediante resolución ejecutiva debidamente fundamentada'.

La Constitución Política, en su artículo 284, indica que el Estado intervendrá en ‘regular por medio de organismos especiales las tarifas, los servicios y los precios de los artículos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera necesidad'.

Por su parte, el también jurista Ernesto Cedeño indicó que desde el punto de vista jurídico, el Decreto Ejecutivo 165 de 2014 se compadece de una facultad constitucional que permite el control de precios, así que el decreto solo reglamentó la potestad.

No obstante, aclaró que ‘aunque el fallo esté acorde con la Constitución, la medida no favorece a los panameños, porque establecer un tope lo que hace es que hayan alzas en otros tipos de productos; si bien en otros países donde se aplica el control de precios provoca una inflación y desabastecimiento en el mercado, y aunque no se refleje en estos momentos en Panamá si hay una disminución de esos productos, no ha sido efectiva el control de precio'.

‘La decisión del Ejecutivo está de acuerdo con el derecho, pero es no quiere decir que la medida haya sido efectiva, políticamente fue efectiva porque hizo cumplimiento de una aseveración que se hizo en campaña, es populista, pero no ha bajado el precio de la canasta básica con la regulación, pues está tratando de mantener una promesa de campaña sin llenar las expectativas al consumidor', puntualizó.

Cedeño recomendó al gobierno enfocarse en ayudar al sector agropecuario para que los precios se establezcan en otros productos de acuerdo a la posibilidad económica que tienen los panameños.

LAS PROPUESTAS DEL 2019

El aspirante a la silla presidencial en 2019 por Cambio Democrático, Rómulo Roux, considera que en Panamá lo que se necesita es ‘generar empleo, bajar impuestos, inyectar dinero en las calles y no permitir que los especuladores aumenten los precios'.

‘El control de precios es otra política fallida de este gobierno, lo que los panameños quieren es tener dinero en su bolsillo para hacerle frente al costo de vida, en nuestros cinco años de gobierno la gente tenía dinero, la economía estaba mejor, el panameño tenía empleo, con ingresos la gente puede comprar la canasta básica. El gobierno debió controlar el desempleo y no lo hizo, debió controlar a sus funcionarios para que no se pudran toneladas de arroz'.

Según Roux, ‘un país no se gobierna sólo controlando 22 productos, con eso no alcanza. Yo estoy conversando con los panameños en sus casas y esto no está funcionando, e igual cuando hablo con los productores, aquí lo que se necesita es corregir las causas y eso implica estimular y apoyar la producción nacional, implementar Jumbo Tiendas que vendan productos nacionales, echar a andar la Cadena de Frío, que es otro proyecto abandonado por este gobierno, todas estas son medidas que benefician a los productores y al consumidor final. Esta es la forma como lograremos que la canasta básica no suba de precio'.

Por otro lado, agregó que ‘se debe trabajar en la generación de empleos, si la gente no tiene ingresos, con control o sin control de precios no puede adquirir la canasta básica'.

Otro aspirante confirmado para las elecciones del próximo año es Laurentino Cortizo, por el Partido Revolucionario Democrático, quien de manera contundente expresó: ‘no estoy de acuerdo. La propuesta de campaña del actual gobierno de ahorrar $58 no ha sido cumplida ni la van a cumplir'.

Cortizo asegura que ‘nosotros trabajaremos por una economía competitiva que genere empleos, construiremos una política de Estado para el sector agropecuario, privilegiaremos la agrotecnología para producir más con menos, construiremos mercados comunitarios para llevar productos panameños del campo al consumidor'.

El candidato puntualizó en su propuesta que en su mandato se ‘implementará el programa Estudiar Sin Hambre, adquiriendo productos del agro nacional de calidad para nuestras escuelas. Hay que retomar la campaña ‘Panameño con orgullo consume lo tuyo”.