Licitaciones con nombre y apellido

La licitación del cuarto Puente sobre el Canal de Panamá trajo el debate sobre lo que era un secreto a voces: licitaciones que nacían con inconsistencias desde su concepción, una lista de proponentes perfectamente moldeada —vía precalificación— a los intereses del gobierno y la entidad contratante, comisiones evaluadoras con funcionarios que fungían como juez y parte y pliegos prefabricados a la medida del ‘ganador'.

Y no pocas licitaciones han dejado ese mal sabor... el Metro, Renovación Urbana de Colón y muchas más. Estas fueron adjudicadas en su momento a Odebrecht, pese a estar siendo investigada en varios países por el pago de coimas.

El Gobierno dilató la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas hasta después de adjudicar sus proyectos insignia. La Ley se amoldó al ‘momemtum' de la empresa y los intereses económicos de turno.

Pero si antes los ganadores celebraban su suerte con cachaza, hoy los vencedores brindan con maotai, y quizás con Budweiser muy pronto, porque Estados Unidos ha vuelto a poner sus ojos en las licitaciones del Istmo, después de una larga veda, por lo menos en lo que a megaobras se refiere.

CAMBIOS A LA LEY

Las modificaciones se cristalizaron con la Ley 61 del 27 de septiembre de 2017.

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Y es que con el maridaje diplomático de Panamá y China, el pulseo geopolítico mundial parece haberse extrapolado a las licitaciones en la región.

Hecha la ley, hecha la trampa, dicen. Pero, ¿será la Ley de Contrataciones Públicas la trampa en sí? Una ley que sufrió siete cambios en tan solo un quinquenio y cuyo espíritu no ha podido garantizar a todas las partes, al menos más allá de toda duda razonable, esa transparencia e igualdad de condiciones que descansa en la Constitución.

Una ley que incluso políticos y aspirantes reconocen que carece de transparencia para sobreabundar en discrecionalidad.

Ana Matilde Gómez, diputada independiente y exprocuradora, se tomó en serio la promesa del recién electo presidente Juan Carlos Varela de modificar la Ley de Contrataciones Públicas apenas se sentara en la silla presidencial. Uno de los primeros proyectos presentados por la diputada fue el que incluía las modificaciones a esta Ley, ‘muy clara como estoy que una buena Ley de Contrataciones Públicas previene el fraude y la corrupción, limita el derroche en el gasto público, reduce burocracia y lentitud en los procesos', como ella misma cuenta.

La hoy aspirante a candidata presidencial por la vía independiente se basó en que los cambios que se hicieron a dicha ley durante el quinquenio de Martinelli habían sido ‘en reversa'. Es decir que reducían la transparencia, limitaban la competencia y abrían espacios de discrecionalidad en los funcionarios de las instituciones licitantes.

Las propuestas impulsadas por Gómez en 2014 incluían a la Caja de Seguro Social, los municipios y las juntas comunales en el proceso de licitaciones públicas en Panamá Compra, algo que no fue aprobado. Tampoco logró incluir a las empresas donde el Estado es accionista mayoritario.

En una reciente intervención en Harvard, cuestionado por el doctor panameño Ibis Sánchez Serrano, el presidente aceptó que ‘intereses económicos y políticos' no permitieron que la compra de medicinas se realizara en línea.

Otros cambios que apremiaban, cuenta la diputada, consistían en el restablecimiento del porcentaje al monto de la fianza del recurso de impugnación, porque ‘al tenerlo en 15% el gobierno anterior lo convirtió en un desincentivo para los afectados'. Otro talón de Aquiles eran los tiempos para presentar recursos. ‘Su reducción solo beneficia a aquellos amigos del gobierno y favorecidos'.

A la reforma que se hizo, que vio la luz en el 2017, sobrevivió la licitación por mejor valor con evaluación separada, algo que la propuesta original pretendía eliminar. En palabras de Gómez, proponente de las modificaciones en la Asamblea, ‘es un procedimiento largo y poco transparente utilizado en megaobras y no tiene precio publicado (el precio es secreto) y se aceptaba hasta un 20% por encima del precio oficial'. Y justo otro ‘vicio' que denuncia Gómez – y que aún persiste en la ley – es el precio oculto.

PRECIO DE REFERENCIA

Actualmente, según la ley vigente, la entidad licitante mantendrá el precio estimado en secreto en la bóveda del Banco Nacional y se dará a conocer el mismo día que la apertura de las propuestas.

A juicio de la diputada Gómez, esto se presta para manipulación. ‘Es más transparente que el precio de referencia sea público'. Algo que no se logró.

ADENDAS INCESANTES

Luis Chen González, contador, auditor y expresidente del Movimiento de Contadores Públicos Independientes de Panamá, explica que el establecimiento del costo de una obra es un trabajo científico donde participan ingenieros, contadores, matemáticos, etc. Es una información previa y básica que deben conocer todos los contratistas para poder competir en una propuesta.

Chen criticó incluso los montos, al aducir que no era entendible que se estuvieran aprobando proyectos y adendas que doblan y triplican los precios de las obras cuando existe el precio de transferencia, por lo que ‘Panamá no puede aceptar precios que no sean razonables y competitivos'. El precio de transferencia es igual donde se aplique, ‘independientemente del que apunta el contribuyente en sus libros'.

Dependiendo de la obra, la entidad puede establecer un porcentaje por encima del precio de referencia para considerarlo como ‘propuesta onerosa' y un porcentaje por debajo del precio de referencia para considerarlo como ‘riesgoso'.

El precio riesgoso fue justamente lo que descalificó a uno de los proponentes para el cuarto puente -Astaldi Daelim-, a pesar de que su evaluación técnica fue superior en más de 10 puntos y su precio menor al ofertado por el Consorcio Panamá Cuarto Puente, que se adjudicó el proyecto con menor puntaje técnico y un precio más elevado ($1,420 millones).

Sobre esto, Chen rescata que el concepto ‘por mejor valor' no significa que cueste menos dinero. El mejor valor incluye otros aspectos, explica el experto, como experiencia, origen, etc, que no necesariamente están relacionados con el capital. Sobre el cuarto puente, Chen afirma que se tomaron en cuenta ‘otros elementos que pesan bastante'.

Las modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas tuvieron su mayor obstáculo en el ‘Pacto de Gobernabilidad', que mantuvo los canales aceitados entre el Ejecutivo y los diputados de oposición durante los tres primeros años de Gobierno. Hecho que redundó en unas modificaciones a la ley "más a la medida del Ejecutivo" porque según la diputada independiente, como el oficialismo contaba con los votos, se tenía que consultar todo con el Ministerio de Economía y Finanzas y Presidencia antes de aprobarse.