Financiamiento público se inclina hacia bonos globales

La emisión de bonos por parte de los gobiernos es una práctica de vieja data, pero ha tomado más auge en Panamá en la última década.

Y no parece ser una casualidad, ya que los artífices de las negociaciones de deuda a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas en los últimos dos gobiernos (Martinelli-Varela) replicaron las fórmulas que usaban a diario en el ámbito financiero privado, de donde venían.

Así, la balanza del financiamiento público se ha inclinado por esta opción en los últimos años, especialmente para costear las inversiones de las empresas públicas que están fuera del SPNF, tales como Tocumen y ENA.

COMPARACIÓN

Hasta octubre de este año, el saldo de deuda externa colocada en bonos globales creció 14% en tan sólo 10 meses, al pasar de $12,478.16 millones a finales de 2017 a $14,225.88 millones hasta el 31 de octubre de 2018.

Préstamos ‘boomerang'

La naturaleza jurídica de las entidades bilaterales o bancos de fomento (como JICA o Eximbank) es distinta a las multilaterales como el BID o en Banco Mundial.

El Eximbank es el banco de fomento de Estados Unidos para apoyar exportaciones, por ejemplo, mientras que JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) apoya el desarrollo bajo una política de asistencia a través de ‘cooperación técnica, préstamos y cooperación financiera no reembolsable'.

En 2016 Panamá firmó con JICA un acuerdo para el préstamo inicial por $262.10 millones para estudios técnicos de la Línea 3 del Metro. Posteriormente, JICA aprobó un préstamo por $2,600 millones adicionales para la ejecución del proyecto.

Panamá por su parte, selló este año la promesa de adquirir los trenes para la Línea 3 por un monto de $839.7 millones a la empresa japonesa Hitachi.

La firma del acuerdo de cooperación en materia de energía entre Panamá y Estados Unidos viene también en un momento en que el país norteño tiene un alto nivel de inventario en gas natural y se apresta a buscar nuevos mercados.

Así, el acuerdo contempla ‘una cooperación a partir de la experiencia exitosa de Estados Unidos en materia energética', lo que se cristalizaría con el fomento de inversiones en infraestructura relacionada con el almacenamiento, distribución y transmisión de energía en el Istmo.

Mientras que los préstamos solicitados a entidades multilaterales, que otrora dominaban —abrían o cerraban— el grifo del financiamiento a los países, tan sólo aumentaron su cartera en 9.8% en 2018, al pasar de $5,103.74 millones en diciembre de 2017 a $5,605.67 millones hasta octubre de 2018.

La cuestión está en las condiciones. El economista Francisco Bustamante, exanalista financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), explicó que en el pasado las multilaterales condicionaban los préstamos a que hubiesen ‘licitaciones públicas internacionales, competitivas y transparentes' en las cuales participaran firmas de los países miembros de la multilateral. Además, indicó que dichos préstamos (de las multilaterales) están precedidos de estudios e investigaciones sobre el uso de los fondos.

Pero, según Bustamante, como los bancos comerciales daban los préstamos sin tantas condiciones, poco a poco los países dejaron de usar fondos de multilaterales y se volcaron al mercado de bonos una vez las multilaterales les ayudaron a mejorar sus calificaciones crediticias.

Habiéndose convertido así en sujetos de crédito, los países se fueron al mercado de bonos a largo plazo, con mejores tasas y sin tantas exigencias para acceder al dinero y adjudicar las obras, concluye el economista.

FALLAS

Sin embargo, los controles y datos también pueden fallar —o manipularse— en la relación de los países con las entidades multilaterales. Así se demostró a inicios de este año, cuando el economista en jefe del Banco Mundial, Paul Romer, admitió haber manipulado la data de Chile en el reporte anual de competitividad ‘Doing Business', por lo que dimitiera posteriormente tras una ‘disculpa' al país sureño.

Y recientemente una investigación de la red de periodismo Connectas documentó una serie de irregularidades en los préstamos otorgados a Guatemala, Honduras y El Salvador por la Corporación Financiera Internacional (IFC), un brazo de financiamiento del Banco Mundial.

Verónica Zavala, directora del BID para Panamá, explicó en entrevista previa con este medio que, en cuanto a la elección de los contratistas, más que tener una injerencia, tienen ‘un total compromiso con utilizar mecanismos transparentes, competitivos y altos estándares para la adjudicación de las obras', proceso en el cual —aclara Zavala—, acompañan a los países.

De la cartera total de inversión que tiene el BID en Panamá, el 44% en términos de monto, corresponden a proyectos de agua y saneamiento. El resto se distribuye en proyectos de educación, protección social, desarrollo urbano, integración, transporte, competitividad, innovación, energía, entre otros.

Justo dos de los cuatro componentes del programa de Saneamiento de la Bahía de Panamá (el sistema interceptor y la planta de tratamiento de aguas residuales) son ejecutados por Odebrecht, empresa autoincriminada en casos de corrupción y sobornos.

‘Habría que ver caso por caso, dependiendo de la legislación de cada país, porque es distinto cuando hay una confesión a cuando no la hay, por ejemplo', articuló la regente del BID al ser consultada sobre los controles que ejercen para evitar que empresas de dudosa transparencia se beneficien de los fondos que otorgan.

La corrupción debe ser atacada, según Zavala, de manera integral, desde el lado correctivo y punitivo, ‘administrando los eventos de corrupción para sancionar sin paralizar la obra pública, que beneficia a la gente, pero sin generar impunidad y sin caer en efectismos'.

Y si algo ha sabido dar el gobierno panameño son precisamente ‘segundas oportunidades' a contratistas que en otros países sí fueron castigados por sus delitos. Tanto el presidente Juan Carlos Varela como el contralor Federico Humbert, coinciden en la retórica de matizar los sobornos como errores.