Registro de sociedades cayó entre 2017 y 2018

El número de sociedades anónimas inscritas en el Registro Público de Panamá se redujo drásticamente a finales de año.

De enero a noviembre de 2018, en total se registraron 20,044 sociedades anónimas, mientras que en igual periodo del 2017 ingresaron unas 25,977, según cifras de la Contraloría General.

Al comparar ambos años, hasta noviembre de 2018 se inscribieron 5,933 sociedades menos en el Registro Público. Es decir, que la actividad cayó un 22.5%, entre un año y otro.

Sin embargo, la inscripción de sociedades comunes creció en 10.7%.

La tendencia negativa de las sociedades anónimas se viene observando desde hace tres periodos consecutivos. En 2016, la reducción fue de 13.7% en comparación al 2015; en 2017 fue de 17.0% y en 2018 fue de 22.5%.

El abogado Ernesto Cedeño considera que la disminución de las sociedades anónimas se debe a varios factores. En primer lugar, por el efecto de los ‘Papeles de Panamá', que le ha dado mala reputación al país.

Segundo, por las normas vigentes que obligan a revelar los accionistas nominales, por ejemplo, en casos de contratación pública. Y tercero, por la política de ‘conoce a tu cliente', que se han puesto más severas en Panamá.

ANTECEDENTES

Las cifras negativas se dan al margen de la modificación de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 por la Ley 21 de 2017 y de que la Dirección General de Ingresos (DGI), a través de la resolución No.201-1254, publicada en Gaceta Oficial el pasado 9 de marzo, reestructura las categorías de sociedades anónimas para su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.

De esta forma, se cambió la categoría ‘sociedad anónima offshore ' por ‘no tener fundamento legal'. Ahora se clasifican solo como sociedades anónimas de tipo A, para aquellas cuyos ingresos sean de fuente panameña, obligándolas a hacer declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) anualmente; y las de tipo B, cuya fuente de ingreso no es panameña, exonerándolas de declarar en base al régimen fiscal territorial existente Panamá.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también presiona al Istmo para que modifique sus normas legales, a fin de evitar la evasión fiscal.

La Ley 23 adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Actualmente, en la Asamblea Nacional también está en discusión y en espera de aprobación el proyecto de ley 591, que penaliza la evasión fiscal y la convierte en delito precedente del blanqueo de capitales.

Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), ‘exhortó' a los diputados a aprobar dicho proyecto de ley. Considera que en caso contrario, ‘la nación seguirá perdiendo competitividad' en el sector bancario, asegurador, de valores, finanzas, etc.

El Ministerio de Economía y Finanzas también hizo lo propio al señalar la necesidad de aprobar este instrumento jurídico y así evitar que el país caiga nuevamente en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La iniciativa fue una de las principales recomendaciones producto de las falencias detectadas por el organismo financiero internacional tras la evaluación que recibiera el país en el 2017.

Este año se espera la evaluación de seguimiento por parte del GAFI. Una carrera contrarreloj.