¿Qué hacer con la institucionalidad en este país?

Por la experiencia acumulada a través de más de 40 años como servidora pública, lo que hice como un honor, me atrevo a expresar algunas consideraciones sobre el tema de la institucionalidad, crucial en estos momentos decisivos en Panamá.

La institucionalidad, entendida como un atributo básico y fundamental del Estado de Derecho en un país, y traducida como el conjunto de normativas y facultades gubernamentales, administrativas, constituyentes, legislativas y judiciales, exige hoy más que nunca, del esfuerzo entre todos los sectores nacionales, para cambiar la cultura política y el manejo que ha tenido el Estado. De no hacerlo, continuará el debilitamiento de la estructura y el sistema legal panameño, afectando el diseño y la ejecución de las políticas públicas y programas de las entidades públicas, dado que es una obligación y un deber administrar bien el Estado, guiar la conducta de los ciudadanos y facilitar el desarrollo económico y la paz social.

No se puede pedir a la población que honre la gestión de un gobierno, si no hay una corresponsabilidad de las autoridades, llamadas a aplicar, cumplir y respetar las regulaciones y el ordenamiento jurídico, de manera que se propicie la convivencia e interacción con la sociedad, sobre la base de principios de justicia, eficiencia, trasparencia y compromiso con el bien común.

Los que administran programas de salud, educación, cultura, economía, finanzas públicas, entre otros, deben hacerlo correctamente, con decisiones político-administrativas transparentes y con participación ciudadana. Uno de los peligros más latentes, es que cada vez más, los gobiernos con la excusa y la necesidad de invertir en infraestructura pública, embarcan el país, a través de un vertiginoso aumento de la deuda pública, que nos atrapa, compromete el futuro y agudiza la crisis social.

Hace falta un enfoque integral del Estado, que se oriente y tome en cuenta la situación antes descrita, la cual sin duda, afecta a todos e impacta nuestra identidad nacional. Se acrecienta el drama de la desigualdad y por la falta de conciencia crítica, se muestra un Panamá conformista y tolerante.

‘No se puede pedir a la población que honre la gestión de un gobierno, si no hay una corresponsabilidad de las autoridades',

ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER

ABOGADA

Hay que recordar que de acuerdo con organismos internacionales y entes locales que se dedican al análisis del desempeño de la economía, de la población económicamente activa, hay un gran porcentaje que se encuentra subsistiendo en actividades informales y en términos globales, enfrenta retos asociados a la carga impositiva, acceso al mercado laboral y a otros factores socioeconómicos, que inciden en el crecimiento y desarrollo del país.

Si persisten instituciones débiles, con marcos legales modificados para acomodar la gestión pública, en beneficio de los gobernantes de turno, estaremos contribuyendo a fertilizar el germen de la corrupción y el uso ineficiente de los recursos públicos, lo cual nos empobrece y menoscaba la calidad de los servicios que se prestan a la población.

Pareciera que no sabemos quienes somos, ni hacia dónde debemos ir. Este país tiene suficiente riqueza y no hay razón para la vergonzosa pobreza y la impúdica desigualdad existente.

Ante la actual contienda electoral que se avecina, sugerimos a los que cuentan con experiencia en la gestión pública, la fortalezcan, perfeccionen lo que esté bien y eviten continuar con las improvisaciones. A los que no la tienen, a que la estudien para que no cometan los errores de los gobernantes anteriores y así, puedan dirigir este país con honor, responsabilidad y ética. Tenemos que salvaguardar los intereses de nuestro terruño y trabajar por un desarrollo humano sostenible y digno para todos, ¡Por un mejor Panamá!