El robo de energía ocasiona casi $100 millones en pérdidas anuales a los distribuidores

En Panamá, el hurto de energía eléctrica no para; y no solo causa pérdidas económicas millonarias sino que también tiene implicaciones de seguridad pública, afecta la calidad del servicio y pone en peligro la vida de las personas, advirtieron representantes de las empresas distribuidoras.

Anualmente, las distribuidoras de energía contabilizan aproximadamente $100 millones en pérdidas a causa del hurto de electricidad..

Solo Ensa —antes Elektra Noreste— pierde unos $60 millones por robo de energía.

‘Al distribuidor le roban casi el 11.5% de la energía que compra Ensa al año. Con el costo de energía en este momento, esto más o menos representa $60 millones en energía robada', declaró el gerente general de Ensa, Esteban Barrientos, en un conversatorio del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información

Por su parte, en Naturgy —que administra Edemet-Edechi— las pérdidas estimadas por el hurto de energía podrían alcanzar los $36 millones, según Sebastián Pérez, director del sistema de distribución.

‘Si lo vemos a nivel de toda la empresa, se pierde el 3% de la energía que se compra a causa del robo de energía o fraude; y esto está por encima de los estándares reconocibles', aseveró Pérez , en un recorrido que hizo con periodistas por algunas de sus subestaciones blindadas en Panamá Oeste.

Para tener una idea de la magnitud del problema, Pérez explicó que, por ejemplo, Naturgy compra 6 mil millones de kilovatios hora al año y de ese total el 3% se pierde por el ilícito, lo cual representa 180 mil gigavatios hora aproximadamente.

‘Si valoramos los 180 mil gigavatios hora (perdidos) a $0.10, son $18 millones al año que se pierden por robo de energía. Y si se hace a $0.20, que es el precio medio de venta, estaríamos hablando de $36 millones los que se pierden por el fraude', afirmó Pérez.

Y ‘al final toda esa energía robada la terminan pagando los clientes y todos los que sí pagamos la tarifa eléctrica y nuestros recibos al día', remarcó Barrientos.

En ese contexto, Barrientos advirtió que esta mala práctica se da tanto en las áreas más humildes y vulnerables como en los sectores más exclusivos y de mayor nivel socioeconómico.

Por el lado de Naturgy gran parte de los casos de robo energético se registra en Panamá Oeste, según Pérez.

Mientras que para Ensa, una marcada incidencia se reporta en el área de Panamá Este y otros puntos. Aunque también hay incidencias de casos en áreas como Costa del Este y otros, donde también se han detectado las trampas de luz en los medidores, precisó Barrientos.

‘Tenemos zonas totalmente identificadas, a donde mandamos equis cantidad de energía y facturamos menos equis. Los barrios los tenemos súper bien analizados', afirmó el ejecutivo, al tiempo que señaló que ‘el robo de luz es un factor de peligro inminente'.

En esa misma línea, advirtió de que el hurto de energía no solo causa pérdidas millonarias al distribuidor, sino que también representa gran ‘riesgo' para la seguridad de la población en general. ‘En muchos casos las conexiones eléctricas o telarañas las hacen personas sin idoneidad; y eso pone en riesgo al público en general. Las instalaciones eléctricas improvisadas o ilegales pueden causar hasta la muerte a usted, un familiar querido o un tercero inocente', alertó.

Otro escenario que le ocasiona pérdidas al distribuidor y a los clientes, según Barrientos, son las invasiones, debido a que estas personas agarran energía robada del barrio de al lado y generan un montón de problemas de fluctuaciones al barrio que estaba bien.

En tanto que Pérez explicó que las interrupciones y fluctuaciones —que afectan las grandes poblaciones que sí pagan su luz— se producen cuando los infractores de energía se pegan de forma artesanal, con anzuelo u otros elementos.

‘Las invasiones sí afectan porque sobrecargan los transformadores y esa energía tú no la estás midiendo, y no la puedes mensurar. Esto, más la misma forma de conectarse afecta a los clientes sanos y a veces los interruptores', manifestó Pérez, quien a su vez mencionó que las empresas distribuidoras no pueden entrar a estos asentamientos de viviendas informales hasta que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial legalice los terrenos.

Añadió que además de los posibles riesgos físicos que el hurto implica, la persona que lo comete puede ir a la cárcel y pagar multas de hasta $250 cuando se conectan a la red sin tener un medidor de energía eléctrica.

Mientras tanto, para los que sí tienen medidores, pero que cometen fraudes comprobados, alterando las mediciones, tienen que reembolsarle a la empresa el consumo no registrado desde el inicio del fraude, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, apuntó Barrientos.

‘Solamente en el caso de que no se pueda comprobar el período de tiempo en que el cliente ha estado adquiriendo la energía eléctrica en forma fraudulenta, la distribuidora cobrará al cliente una estimación de la facturación por un período de hasta seis meses. En cualquiera de los dos casos, a la estimación del consumo dejado de facturar se le aplicaría la tarifa vigente en dicho período más un recargo de hasta el 10% sobre la factura de estos consumos', dijo.

En Panamá hay tres distribuidoras de energía eléctrica: Ensa, Edemet y Edechi, las dos últimas administradas por la empresa Naturgy, que hasta hace poco era el grupo Gas Natural Fenosa.

Ensa distribuye energía eléctrica a usuarios en Panamá Este, Colón, Darién, la comarca Guna Yala y las islas del Pacífico.

Las zonas de concesión de Naturgy en el territorio panameño son: Edemet, que abarca la zona Panamá Centro, toda el área metropolitana de la provincia de Panamá, incluyendo las áreas revertidas del sector Pacífico. También la zona Panamá Oeste, desde el Puente Centenario hasta San Carlos. Además, cubre áreas revertidas de Howard y Rodman. Y en la zona del interior atiende las provincias centrales de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

Por su parte, Edechi cubre las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

El hurto de energía, tipificado como delito en el Código Penal

SANCIONES

El Título III, Capítulo I del Código Penal de Panamá establece, en los artículos 224 y 225, el robo de energía como un delito tipificado, castigado con penas de prisión de dos a cuatro años. ‘Quien sin consentimiento del propietario, proveedor o concesionario o administrador utilice, consuma o capte energía, agua, telecomunicación, señal de telelcomunicación y video, equipo terminal de cable, satélite, parabólica o altere cualquier elemento de medición o de control de estos será sancionado con prisión de uno a dos años. La pena será de dos a cuatro años de prisión para quien transmita, retransmita o distribuya', dice el artículo 224.

Seguidamente, el 225 precisa que ‘quien efectúe a favor suyo o de un tercero instalaciones, conexiones o de cualquier forma altere o manipule los instrumentos de medición para cometer el delito tipificado en el artículo anterior, o quien fuerce o remueva dispositivo, filtro o equipo destinado a impedir la captación, el uso, la recepción, la trasmisión, la retrasmisión o la distribución no autorizada de energía o de señales de televisión o video será sancionado con pena de dos a tres años de prisión o días-multa o arresto de fines de semana, cuando el monto del consumo derivado del hecho no sea menor de $250.00'. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) también establece sanciones administrativas de acuerdo con las regulaciones vigentes en lo que respecta al consumo no registrado de energía que incluyen el pago del retroactivo de la energía hurtada más un 10% de su valor.