Seguridad y eficiencia económica, permeada por el vicio a las reformas

La seguridad y eficiencia económica son factores esenciales para toda nación en busca de desarrollo y crecimiento económico sostenible. Dos factores que se condicionan al establecimiento de marcos legales que se enmarcan en la Carta Magna, convirtiéndose así la Constitución Política de la República en el punto de partida para la adopción de un compromiso con la sociedad civil.

La relación que existe entre la legislación y el rendimiento económico es reconocida en la Economía Constitucional, rama de la economía que define cuáles son las afectaciones que decisiones políticas tienen sobre el desempeño del país.

Esto confirma la sensibilidad de la economía sobre los temas políticos. Por lo que las acciones que se lleven a cabo en dicha materia en el plano jurisdiccional deben trazarse con el pleno cuidado de no lastimar la credibilidad y estabilidad institucional. Tal como lo ilustran los acontecimientos que se han suscitado en Panamá con relación al paquete de reformas constitucionales.

Entre el 28 y el 31 de octubre de 2019, Panamá se ha convertido en el escenario de una polémica que ha suscitado movimientos sociales que manifiestan su descontento con respecto a las reformas, pronunciándose mayores inquietudes a las capacidades que se le otorga a la Asamblea Nacional, como lo sería la exclusión de la exigencia de una declaración jurada de bienes patrimoniales de diputados, alcaldes o representantes. Entre otras referentes a la administración de justicia, que han sido significativamente cuestionadas.

A la fecha, la perspectiva económica de Panamá ha sido reducida a un 4.5%. Una cifra que se ubica por debajo de los resultados previamente esperados, frente a un panorama donde el desenvolvimiento de los mercados locales e internacionales se ve reducido.

Tomando en consideración esta coyuntura económica que atraviesa el país, se refuerza la importancia de comprender la relación que existe entre la legislación y el rendimiento económico del país.

El rendimiento se define a partir de la seguridad y la eficiencia económica de una determinada nación. Estas últimas que se conceptualizan a partir de los derechos civiles, políticos y sociales que se le otorgan a la sociedad civil.

Derechos que enmarcan la libertad de expresión, la participación en las decisiones de Estado, el respeto al generó, la promoción del trabajo y el acceso a sistemas educativos y de salud en óptimas condiciones.

Dando paso a que se ejerzan estos derechos, se crea el escenario para el establecimiento de la seguridad y la eficiencia económica. Siendo este primero equivalente a un ambiente donde el ciudadano tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas, mientras la eficiencia permite el uso óptimo de los recursos económicos.

Este último esencial para la preservación de los recursor. Así lo sustenta la prosperidad de economías como la de Luxemburgo, donde los marcos legales se limitan al vicio, y los esfuerzos son dirigidos a una promoción económica con miras al fortalecimiento de su capital humano.

¿Vivimos en una economía segura y eficiente? Actualmente Panamá reporta un índice de economía informal considerablemente alto, por lo que la seguridad económica se pone en tela de duda.

En cuanto a la eficiencia, la desigualdad y los actos negativos en el abuso del poder político y el recurso estatal no permiten que se haga un uso óptimo de los recursos.

La aceptación de la difícil situación económica se refleja en las campañas al cumplimiento de la obligación tributaria. Estas que conllevan a la implementación de leyes a la Amnistía Tributaria que perdona multas, recargos e interés, con el objeto último de motivar el pago de los impuestos e incrementar el ingreso gubernamental.

La Constitución es un conjunto de lineamientos que determinan los poderes y responsabilidades del gobierno y garantizan los derechos de la sociedad civil.

Tendríamos un mejor panorama en un ambiente donde se respeten los fundamentos constitucionales, dando paso a la credibilidad, responsabilidad y estabilidad, características de las que debería jactarse toda administración.

A partir de este respeto al sistema y sus lineamientos se establece la credibilidad sobre las acciones y los actos, que por ende conlleva al desarrollo de un sistema estable donde las manipulaciones estratégicas no tienen o tendrán cabida.

¿Será que la relación entre institucionalidad y el rendimiento económico no se comprende en este país?