Panamá acelera los motores para cumplir reglas de Gafi y Ocde

Panamá pisa el acelerador a sus acciones para cumplir con las reglas del Grupo de Acción Financiera (Gafi) y de la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (Ocde) y zafarse de sus listas grises y negras.

Y es que ayer mientras en una reunión en Francia el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, y la viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación del ministerio de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, le explicaban al secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera (Gafi), David Lewis, las acciones que está tomando el Gobierno para salir de su lista gris; en paralelo, la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Registro Público anunció la firma de un acuerdo interinstitucional sobre temas relacionados al levantamiento de marginales (registros contables), parte de las exigencias que hacen el Gafi y la Ocde.

En el convenio la entidades se comprometen a agilizar la automatización del levantamiento de marginales (o registros contables) establecidos en la Ley 52 de 2016.

El acuerdo también aborda las solicitudes de las oficinas internacionales de la Ocde y Gafi en el tema de sociedades anónimas offshore, en vista de que ambas instituciones se apoyan con la base de datos que tiene el Registro Público sobre sociedades que existen y están vigentes, y corresponde a la DGI cobrar la tasa única. “Las organizaciones internacionales se quejan que se les dificulta observar la base de datos del Registro Público del cual se nutren para conocer el estatus real de las sociedades, lo que les permite saber si las mismas se les suspendieron su derecho corporativo”, dijo el gobierno panameño.

En junio pasado, Panamá fue incluido en el Documento de Cumplimiento bajo el monitoreo de Gafi y tenía un plazo de un año para salir de su lista gris. Y a mediado de noviembre la Ocde cuestionó los programas de supervisión de información contable y transparencia fiscal del país. “Se puso de relieve la importancia de estos acuerdos, ya que ambas instituciones comparten información que en alguna medida contribuye a mejorar la cooperación con estas organizaciones internacionales que nos califican. A la vez esta información cruzada ayuda a mejorar las recaudaciones para la DGI y el Registro Público”, puntualizó el jefe jurídico de la institución, Rafael Brown.