¿Cuánto debió costar, cuánto ha costado y cuánto podría costar la ampliación del Canal?

El 31 de diciembre pasado, Panamá cumplió 20 años administrando el Canal, tras completar el ciclo de reversión que se inició con la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977.

A partir del año 2000, el Gobierno Central recibió aportes de la vía acuática que eran mucho más significativos proporcionalmente que las rentas simbólicas que pagaba el Gobierno estadounidense.

En la transición nació la Ley 19 que rige la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y que tiene título constitucional. Y lo que fue la antigua Zona del Canal, controlada por los estadounidenses hasta 1979, se redistribuyó paulatinamente y ahora es la Cuenca Hidrográfica, que incluye ríos y lagos, administrada por la ACP como su patrimonio.

A partir del 2000, la recién estrenada administración panameña, bajo la batuta de Alberto Alemán Zubieta, se abocó entonces a concretar un ambicioso proyecto: ampliar el Canal.

No era una idea nueva. La “necesidad” de ampliarlo venía desde más atrás. Ya en 1939, 25 años después de su apertura en 1914, los estadounidenses hacían excavaciones para profundizar el cauce de navegación. Pero ambas coyunturas —la inauguración y el dragado adicional— coincidieron con las guerras mundiales y desviaron la atención de Estados Unidos.

En 1993, con el Canal aún en manos norteamericanas, ambos países coinciden en estudiar la mejor alternativa para ampliarlo. Invitan a Japón y se crea una Comisión Tripartita que concluye recomendando la construcción de un tercer juego de esclusas, según reseñó el sociólogo Marco Gandásegui en un artículo publicado en 2006, cuando todavía se debatía la viabilidad de dicha inversión.

Al menos 70 estudios a un costo de $140 millones precedieron las intenciones del proyecto desde la década del 90, según detallara Rodolfo Sabonge en un documento sobre el tema publicado por la Cepal.

La propuesta para la ampliación del Canal fue presentada al país el 24 de abril de 2006 por el entonces presidente Martín Torrijos. El 22 de octubre de ese mismo año se realizó el referéndum; en diciembre la ACP recibía los primeros fondos y los trabajos se iniciaron el 3 de septiembre de 2007.

El precio “justo” para la ampliación aún es motivo de acalorados debates, que solo se intensificaron tras los reclamos del contratista Grupo Unidos por el Canal, que aglutina a la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana (CUSA).

La Comisión Tripartita de 1993 —que incluía a Panamá, EEUU y Japón —calculó el costo total en $6,900 millones, que al valor del dólar equivalía a unos $10,000 millones en 2006, según el cálculo de Tomás Drohan, exdirector de Ingeniería de la Comisión del Canal.

Fernando Manfredo, primer administrador panameño de la vía cuando aún estaba en manos estadounidenses, también habló públicamente sobre la “subestimación de costos” por al menos $2,200 millones en equipo flotante, ajuste por inflación, costo de financiamiento, un puente en el sector atlántico y ajuste de reserva contingente.

Las críticas también se enfilaron hacia el financiamiento de la obra, las proyecciones económicas, la tecnología utilizada con las tinas, la “manipulación” de las cifras de empleo y el impacto ambiental.

Guillermo Quijano, miembro de la Junta Directiva de la ACP por aquellos años, rebatió la tesis del precio subestimado. En un artículo de opinión publicado en ese entonces, justificó la diferencia en el cálculo del precio por la reducción de 10 pies en el calado entre la propuesta de 2006 y la de 1993, la reducción del tamaño de las cámaras y la ubicación del nuevo cauce.

El tercer juego de esclusas se adjudicó finalmente al consorcio GUPC por $3,671 millones, que sumados a otros trabajos complementarios, totalizarían un presupuesto aproximado de $5,250 millones. Del total, la ACP obtendría un financiamiento parcial por $2,300 millones y el resto lo asumiría directamente. GUPC ofertó casi $1,000 millones por debajo de su competidor más cercano, la estadounidense Bechtel, y $300 millones por debajo de lo presupuestado por la misma ACP. Y corrían las apuestas por el costo final de la obra.

En 2016, cuando se inauguró la ampliación, la ACP anunció que costó $5,450 millones. Sin embargo, tres años después de su apertura, el capítulo financiero y técnico aún no ha cerrado.

Según el último informe trimestral de la ampliación que está en la página web de la ACP, hasta el 30 de septiembre del año pasado se ejecutaron contratos por $5,007.93 millones para el proyecto de ampliación. De este monto, sólo quedan pendientes pagos por $6.51 millones mayormente por asesoría legal a firmas como Mayer Brown y Vinson Elkins.

Hasta septiembre, aún GUPC realizaba “trabajos pendientes menores y la corrección de defectos notificados”.

En el mismo informe, la ACP detalla —sin dar cifras— el estado de los arbitrajes interpuestos por GUPC contra la ACP. De cinco, dos fueron fallados a favor de la ACP (uno parcialmente) y quedan tres arbitrajes pendientes (ver tabla).

Cifras proporcionadas a este medio por la actual subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta en el marco de un conversatorio el año pasado, dan cuenta de tres arbitrajes ganados por la ACP, uno por $192 millones, otro por $12 millones y otro por el reembolso de los adelantos pagados a GUPC por $800 millones.

Sobre los tres reclamos pendientes, Espino estimó una cifra extraoficial de $4,000 millones adicionales, algo que, de concretarse, bien podría duplicar el costo inicial proyectado.

Todo esto en medio de un panorama incierto para el comercio mundial, donde el intercambio entre los dos primeros clientes de la vía acuática —China y EEUU— podría impactar el tránsito por la guerra comercial.

El costo final es aún incierto por las reclamaciones pendientes.