A días de su salida, Revisalud deja a sus empleados sin carta ni liquidación

La crisis que rodea a la concesionaria Revisalud S.A. se agrava ahora en el plano laboral. Trabajadores de la empresa reclamaron el pago de sus prestaciones luego de ser notificados verbalmente de su despido, el cual se hará efectivo este viernes 16 de enero, apenas dos días antes de que venza el contrato entre Revisalud y la Alcaldía de San Miguelito.

Según denunció Yenni Carrión, representante del sindicato de trabajadores de Revisalud, la empresa no ha entregado cartas formales de despido ni las liquidaciones correspondientes, a pesar de haber comunicado la terminación de la relación laboral. Esta falta de documentación y de garantías económicas mantiene a cientos de empleados en un estado de incertidumbre, a pocos días de quedar sin empleo.

Ante la ausencia de respuestas concretas, los trabajadores declararon un paro de labores como medida de presión, exigiendo que la empresa cumpla con sus obligaciones legales y asegure el pago íntegro de sus prestaciones antes de concretar los despidos.

Frente a las protestas, Revisalud emitió un comunicado en sus redes sociales en el que informó que sostendría una reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), con el objetivo de “atender” la situación y evitar una escalada del conflicto.

No obstante, la preocupación persiste. Carrizo indicó a La Estrella de Panamá que la empresa contaba con aproximadamente $2 millones para cubrir las liquidaciones del personal, aunque hasta el momento no se ha presentado un cronograma ni garantías formales de pago, lo que alimenta la desconfianza entre los trabajadores.

La representante del sindicato de trabajadores fue aún más contundente al señalar que Revisalud S.A. sí cuenta con recursos, por lo que no existe ninguna justificación válida para no pagarle a su personal. Recordó que la empresa recibió pagos por adelantado de los usuarios por servicios que ni siquiera había terminado de prestar, lo que hace aún más grave la negativa a honrar las liquidaciones laborales.

De hecho, en un reportaje este lunes por La Decana, sobre las múltiples irregularidades en la operación de Revisalud en San Miguelito, se documentó que miles de clientes fueron facturados por adelantado por los días restantes de enero en los que la empresa aún mantendría el contrato.

En comunidades como Río Palomo, la tarifa mensual de aseo pasó de $3.66 a $5.86 en diciembre, un aumento de $1.83 que corresponde al cobro anticipado de los últimos 18 días del contrato.

Esta facturación extraordinaria —según confirmó el Municipio— no fue consultada ni autorizada, lo que refuerza las sospechas de una maniobra para captar recursos antes de su salida, mientras sus propios trabajadores siguen sin recibir lo que por ley les corresponde.

Carrión también dejó claro que los trabajadores de Revisalud no tienen ninguna relación laboral con otras empresas del mismo grupo empresarial, como Serviaseo o Interaseo, esta última siendo la multinacional que controla las operaciones en otros países, incluida Colombia.

Es decir, el personal que hoy enfrenta despidos e incertidumbre en San Miguelito no puede ser trasladado ni absorbido por esas compañías, a pesar de que forman parte del mismo conglomerado empresarial.

Sin embargo, los antecedentes de Interaseo en Colombia revelan un patrón alarmantemente similar al que hoy se vive en el distrito de San Miguelito: fallas en la recolección, abandono de comunidades, conflictos contractuales y riesgos sanitarios.

En Ibagué, Tolima, por ejemplo, residentes de un conjunto residencial denunciaron que Interaseo dejó de recoger la basura durante una semana completa, afectando a unas 50 familias y generando focos de insalubridad por la acumulación de residuos, según Radio Caracol.

El problema estalló tras una resolución del 1 de julio de 2025, mediante la cual Interaseo aceptó la salida de 12 usuarios que decidieron cambiar de operador amparados en el “silencio administrativo positivo”.

Ante la interrupción injustificada del servicio, la administración del residencial presentó una acción de tutela, y un juez ordenó de manera provisional a la empresa retomar la recolección durante el periodo de preaviso legal.

El problema no se limitó a Ibagué. En al menos diez municipios del departamento del Atlántico de Colombia, autoridades y ciudadanos denunciaron una acumulación masiva de basura por fallas de Interaseo, dejando residuos expuestos durante días en calles y espacios públicos, reportó El Espectador.

La situación afectó a sectores como Campo de la Cruz, Santa Lucía, Manatí, Candelaria, Juan de Acosta, Piojó, Tubará, Santo Tomás, Palmar de Varela y Suan, donde la basura fue dispersada por animales y el hedor se volvió parte del paisaje urbano.

En algunos casos, como en Santa Lucía, la empresa alegó fallas mecánicas en los compactadores, mientras los municipios enfrentaban un deterioro acelerado de las condiciones sanitarias. La Gobernación del Atlántico tuvo que intervenir con un plan de choque junto a la autoridad ambiental y la propia Interaseo para intentar contener la emergencia.