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01 de Jun de 2020

Economía

Viceministro Ferro Ponce negoció bonos de Ecuador

Las autoridades ecuatorianas alcanzaron el acercamiento con los tenedores de bonos a pesar de que el país iba hacia el 'default', como consecuencia de la recesión económica

Ecuador ha sido duramente golpeado por la pandemia del coronavirus y la recesión económica.EFE

Una investigación de los comunicadores Fernando Villavicencio y Christian Zurita, publicada ayer en el portal 'Periodismo de Investigación',  revela cómo se negociaron los pagos de los tenedores de bonos 2020 cancelados por el Gobierno ecuatoriano en medio de la pandemia de Covid-19, dejando al país sin liquidez para pagar a los servidores públicos.

Entre el 18 y 19 de marzo de 2019, en medio de manifestaciones populares que sacudían el país, una delegación de alto nivel liderada por el viceministro de Finanzas de Ecuador, Alberto Esteban Ferro Ponce, el viceministro de Economía, Juan Hidalgo, el subsecretario de financiamiento público, Osvaldo Sáez, el subsecretario de Política Fiscal mantuvo varias reuniones con inversionistas extranjeros, entre ellos, tenedores de bonos del país suramericano y potenciales inversionistas que mantenían interés en títulos en el país norteño.

Las autoridades y tenedores de bonos se reunieron en un  exclusivo restaurante, Charlie Palmer, en Washington DC, cenaron y acordaron honrar los pagos para el año 2020. Además, consideraron a esos tenedores como prospectos  de inversionistas para los proyectos de monetización de los activos del Estado.

Las autoridades ecuatorianas alcanzaron el acercamiento con los tenedores de bonos a pesar de que el país caminaba hacia el default, como consecuencia de la recesión económica y la convulsión social provocada por la eliminación de los subsidios.

La ocasión fue propicia para que las autoridades gubernamentales ecuatorianas le dieran tranquilidad a los tenedores de bonos, asegurando el pago de los bonos 2020.  “Los acreedores deben estar tranquilos porque la prioridad es pagar la deuda y que muy pronto los mercados tendrán muy buenas noticias”, dijo Esteban Ferro, viceministro de Finanzas, en una entrevista exclusiva otorgada a LatinFinnace.

El Gobierno ecuatoriano honró esos compromisos financieros el 23 de marzo de 2020 en medio del colapso del sistema de salud provocado por la pandemia de Covid-19, cuando  aumentaban los contagios y las morgues estaban desbordadas. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció el pago de $320 millones.

“Se pagan cerca de $320 millones para acceder a $2,000 millones de manera inmediata para tener fuentes de financiamiento que tenemos gestionadas...”, dijo textualmente el ministro.  Horas antes, el Banco Mundial había recomendado que los países pobres suspendieran los pagos de sus obligaciones para ayudarlos a mantener liquidez en medio de la crisis sanitaria.

Un día después, el Fondo Monetario Internacional se sumó a esta iniciativa.  En las circunstancias actuales, el valor de los bonos está prácticamente en el piso, establece la investigación periodística. Y, como si fuera poco, de los $2 mil millones que llegarían de manera inmediata después de pagados los bonos, no se sabe nada.

¿Por qué se priorizó el pago de la deuda externa en medio de la crisis? Esa es la queja generalizada de los servidores que no han cobrado sus quincenas de marzo.  De acuerdo con la investigación de los comunicadores, el Gobierno ecuatoriano contrató a un grupo de estudios jurídicos nacionales y del exterior para facilitar la negociación de la deuda del país. Una de las firmas es Hogan Lovells LLP (HL), domiciliada en Miami, que está siendo investigada por la Fiscalía de Cuentas, por la trama de corrupción de Petrochina, que supuestamente validó las fórmulas de precios perjudiciales propuestas para pagar la deuda externa.

La firma fue también contratada por el ex vicepresidente Jorge Glas  para supuestamente investigar las transferencias de dinero de Odebrecht a Glory International.  En medio de las revelaciones del portal de investigaciones periodísticas, sale a relucir una sociedad anónima creada en 2009, en la ciudad de Panamá por la firma Galindo, Arias y López,  en la que aparece como directivo Ferro Ponce, “el mismo viceministro que cenaba con los tenedores de bonos”. Resulta que en el país suramericano, los funcionarios no pueden poseer bienes en países como Panamá, cuestionado supuestamente por ser un paraíso fiscal.