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03 de Jun de 2020

Economía

Superintendencia de Sujetos No Financieros sanciona con $427 mil a negocios

Se trata de 15 multas de tipo pecunaria y solo uno administrativo, debido a que incumplían con lo establecido en la Ley 23 de 2015

Panorámica de rascacielos Panamá
La entidad supervisa la operaciones de zonas francas, joyerías, entre otros para evitar el blanqueo de capitales.Archivo | La Estrella de Panamá

Entre 2018 y 2019, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financiero, hoy Superintendencia de Sujetos No Financieros, entidad autónoma que regula una lista de profesionales y actividades consideradas vulnerables al blanqueo de capitales por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido un total de 16 multas a diversos sujetos, valor que asciende a $427 mil, según se desprende del reporte Registro de sanciones impuestas.

Los casos surgen por el incumplimiento de la Ley 23 de 27 de abril de 2015, entre decretos ejecutivos, resoluciones y hasta el Código Judicial de la República de Panamá, en algunos casos. 

En la lista de tres páginas ubicada en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, institución a la que pertenecía antes de elevarse a superintendencia aparece 15 multa de tipo pecunaria y solo uno administrativo.

La superintendencia creada en enero de este año aplica sanciones administrativas que oscila de $5,000 a $1 millón, según lo define la Ley 23 de 2015, que previene el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; sin embargo, la intendencia fue creada tras la inclusión en 2014 de Panamá en la lista de países no cooperadores en la persecución de estos delitos o comúnmente conocida lista gris del GAFI.

Conforme a lo establecido en la ley en Panamá, la superintendencia debe fiscalizar todas las empresas de zonas francas, de juegos de azar hasta por internet, los promotores y profesionales de bienes raíces, empresas de construcción y de transporte de valores.

Además también vigila la operación de casas de empeño, comercializadores de metales y piedras preciosas, incluida la bolsa de diamantes, las entidades estatales Lotería y Correos, las de compra y venta de autos nuevos y usados, abogados y contadores públicos, notarios, y “cualquier otro sector” que por ley esté sujeto a la supervisión.

Siguiendo la ley, la superintendencia salvaguarda el derecho al secreto profesional y la estricta reserva de la información suministrada en una investigación a solicitud de autoridad competente.

Para verificar el cumplimiento de acciones que previene el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, el GAFI visitó el istmo en enero pasado, luego de retornar al país en junio de 2019 en la lista gris. Sin embargo, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen pretendía adelantar todas las acciones para que el país saliera este año de la lista de países no cooperantes, pero GAFI suspendió las evaluaciones por los próximos cuatro meses, por COVID-19.