2025: Deuda pública de Panamá supera los $59,000 millones y aumenta más del 10 %

En 2025, el Gobierno de Panamá reforzó su estrategia para contener el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública mediante una combinación de disciplina presupuestaria, refinanciamiento multilateral y un ajuste gradual, con el objetivo de preservar el grado de inversión y la confianza de los mercados internacionales.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció este 2 de enero, en su discurso a la Nación, que la deuda pública de Panamá superó los $59,000 millones al cierre del año pasado.

“La proyección de la deuda pública al cierre de 2025 se estima en $59,368 millones”, lo que representa un incremento de 10.47 % respecto a los $53,737 millones registrados en 2024, de acuerdo con las cifras citadas por el mandatario. Según explicó Mulino, el aumento responde al pago de proveedores y deudas heredadas del gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), así como a los aportes al Seguro Social, que tras la reforma aprobada en 2025 ascienden a $966 millones anuales.

Pese a ello, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que el país se encamina a cerrar 2026 con un déficit fiscal cercano al 4 % del producto interno bruto (PIB), en línea con el tope establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Las cifras oficiales serán divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) durante el primer trimestre; no obstante, el Ejecutivo estima que el crecimiento económico real también se ubicará cerca de ese nivel. “Vamos a estar muy cerca del 4 % en términos reales”, afirmó Chapman, al destacar que ese desempeño coloca a Panamá entre las economías más dinámicas de la región.

Según el ministro, el objetivo de mediano plazo es avanzar hacia un superávit primario, es decir, que el Estado pueda cubrir sus gastos corrientes sin recurrir a nuevo endeudamiento. “Lo que llamamos un superávit primario significa no tener que pedir prestado. Eso va a disminuir la velocidad de crecimiento de la deuda y eventualmente a detenerla completamente”, explicó.

Chapman subrayó que Panamá no ha alcanzado esa condición en los últimos 15 años, lo que convierte este objetivo en un eje central de la actual política fiscal.

Como parte de la estrategia fiscal, en junio de 2025 el Consejo de Gabinete aprobó un plan de contención del gasto por hasta $1,900 millones, que incluye recortes en funcionamiento e inversión.

“El objetivo es garantizar una política fiscal prudente y sostenible, respetando el límite máximo de déficit fiscal permitido para este año, que es del 4 % del balance fiscal del Sector Público No Financiero”, destacó Chapman. A ello se suma un paquete un paquete integral de financiamiento del Grupo Banco Mundial que contempla garantías por hasta $1,900 millones, destinado exclusivamente al refinanciamiento de obligaciones de corto plazo.

La operación, aprobada por la Junta Directiva del organismo el 18 de diciembre de 2025 y respaldada por el Consejo de Gabinete, forma parte de la estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas para diversificar las fuentes de financiamiento, mejorar el perfil de vencimientos y reducir el costo del servicio de la deuda.

De acuerdo con el MEF, los recursos —cuyo desembolso está previsto para enero de 2026— se destinarán exclusivamente al refinanciamiento de obligaciones existentes con vencimientos durante el primer cuatrimestre del año.

La operación permitirá una reducción estimada de 2.29 % en la tasa de interés, lo que se traducirá en ahorros anuales aproximados de $64.6 millones y cerca de $830 millones en intereses a lo largo de la vida de los préstamos.

Chapman calificó la operación como “innovadora” y destacó que es la primera de su tipo realizada por el Banco Mundial en el hemisferio. “Combina financiamiento del Banco Mundial con el respaldo de otras agencias del Grupo que otorgan garantías, lo que nos permite acceder a recursos a una prima de riesgo sustancialmente menor”, afirmó.

Desde el Ejecutivo, el presidente Mulino defendió el enfoque de ajuste gradual, al advertir que una reducción abrupta del déficit tendría efectos negativos sobre la economía. “Por supuesto que desearíamos no incrementar la deuda ni tener déficit, pero eso conllevaría hacer recortes muy traumáticos al presupuesto general del Estado”, afirmó.

Mulino sostuvo que su administración ha optado por un plan de ajuste progresivo “con un amplio sentido social, poniendo a las personas en primer lugar”, y reiteró que la meta de déficit del 4 % para 2025 se mantendrá.

La Ley 445, que reformó la Ley de Responsabilidad Fiscal, establece una trayectoria descendente del déficit hasta alcanzar 1.5 % del PIB en 2030. Las metas intermedias —3.5 % en 2026, 3.0 % en 2027, 2.5 % en 2028 y 2.0 % en 2029— buscan reforzar la disciplina fiscal sin comprometer la inversión ni la estabilidad económica.

Actualmente, Moody’s mantiene la calificación soberana de Panamá en Baa3 con perspectiva negativa; Standard & Poor’s ratificó la nota BBB- con perspectiva estable; y Fitch Ratings confirmó la calificación BB+ con perspectiva estable, respaldada por la estabilidad macroeconómica del país y el compromiso con la consolidación fiscal.