2025, un año de transición, disciplina fiscal y retorno de la confianza de la economía panameña

El año 2025 se ha consolidado como un periodo de transición crítica para la economía panameña, marcando el fin de un ciclo de poco más de doce años caracterizado por la precarización laboral y una dependencia excesiva del endeudamiento público.

Tras heredar una situación fiscal compleja, el gobierno del presidente José Raúl Mulino enfocó sus esfuerzos en recuperar la confianza internacional. Según el consultor laboral René Quevedo, este cambio de rumbo fue vital tras la pérdida del grado de inversión por Fitch Ratings en 2024 y la fuga de $361 millones en Inversión Extranjera Directa (IED).

A pesar de la incertidumbre global, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre se situó en 5.2 %, cerrando el año con una proyección estimada cercana al 4 %. Este dinamismo fue impulsado principalmente por los sectores de transporte, almacenamiento y comunicaciones, así como por un repunte en el sistema bancario. No obstante, el crecimiento no ha sido uniforme; el sector comercio experimentó contracciones en el consumo interno, reflejando cautela en el gasto de los hogares panameños.

El economista Roger Durán advierte que este dinamismo muestra “luces de recuperación” que aún no permean en la economía doméstica ni en la generación de empleo formal. Durán señala que el crecimiento está focalizado en la región interoceánica, mientras que el interior del país sufre deficiencias en infraestructura vial y altos costos logísticos que limitan el turismo y la agricultura. Para que el panameño común sienta el crecimiento, Durán propone que “hay que reactivar la inversión pública y privada nacional, recuperando niveles de IED que alcancen el 20 % de la inversión total, frente al 12 % actual”.

El mercado laboral sigue siendo el mayor desafío. Entre 2023 y 2025, el país perdió unos 70,000 empleos directos e indirectos tras el cierre de la mina y la crisis en el sector bananero. Quevedo estima que el desempleo se sitúa en dos dígitos (10.5 %), lo que provocó una caída del 11 % en la recaudación del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) en la primera mitad del año, reflejando una contracción del consumo de $128 millones mensuales. No obstante, el segundo semestre mostró señales de alivio con un repunte en los créditos al sector productivo.

Por su parte, el ajuste del salario mínimo aprobado en diciembre (de $10 a $15 mensuales) generó opiniones divididas.

Durán sostiene que el problema de raíz no es el salario mínimo, sino la falta de formación del capital humano. Según el economista, el enfoque debe ser mejorar la productividad y la educación para que las personas “escalen verticalmente” y no dependan de decretos salariales, reduciendo así la informalidad, que hoy supera el 45 % y drena las arcas públicas al no tributar.

Un hito fundamental fue la exclusión de Panamá de la lista de alto riesgo de la Unión Europea (UE). Para el economista Patricio Mosquera, la salida de estas listas no solo fue una victoria diplomática, sino que redujo el riesgo percibido y bajó los costos de financiamiento. Mosquera subraya que, en un entorno de incertidumbre comercial global —acentuado por el regreso de Donald Trump y esquemas arancelarios impredecibles—, Panamá puede diferenciarse ofreciendo previsibilidad operativa y logística, capturando flujos de inversión asociados al nearshoring.

Esta confianza se vio reforzada por la aprobación de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS). Quevedo subraya que esta reforma, junto con el manejo de la deuda por parte del ministro Felipe Chapman, redujo la prima de riesgo país y permitió que los bonos panameños repuntaran en los mercados internacionales.

Durán coincide en que la reforma de la CSS era “justa y necesaria” ante el cambio en la esperanza de vida y las condiciones tecnológicas, aunque recalca que la implementación en 2026 será la verdadera prueba de fuego. En este contexto, también sugiere revisar la “rigidez presupuestaria” causada por subsidios no focalizados, como el del tanque de gas, que a menudo benefician a quienes no los necesitan y limitan la capacidad de maniobra del Estado.

El debate sobre la mina First Quantum Minerals dominó la agenda. Aunque su cierre afectó el crecimiento —bajándolo al 2.5 % en 2024—, la economía diversificada de Panamá logró sopesar el golpe. Quevedo señala que en octubre de 2025 los bancos otorgaron financiamientos a empresas mineras por $107 millones, anticipando una posible reapertura bajo un nuevo contrato más transparente. Durán, sin embargo, advierte que cualquier explotación futura debe garantizar una fiscalización estricta para que el país realmente se beneficie y se mitigue el daño ambiental ya existente.

La formalización de Panamá como Estado Asociado del Mercosur fue otra movida estratégica, que busca convertir al país en un hub de valor agregado para los productos de ese bloque. La intención es que materias primas de países como Brasil o Argentina lleguen a Panamá, se procesen en zonas francas locales y se reexporten con sello panameño hacia Centroamérica y el Caribe. Esto se alinea con la cifra récord de exportaciones de bienes, que superaron los $1,300 millones este año, impulsadas por el banano y los servicios logísticos.

La economista Susana Vásquez lo califica como un paso con impacto de largo alcance que abre un mercado de 270 millones de personas. “Con el Mercosur, el gobierno ha insistido en que Panamá será un hub de valor agregado sin afectar al agro”, dijo. No obstante, Durán enfatiza que esta “bisagra logística” solo será exitosa si se protege la autonomía nacional y se mejora la competitividad del productor local, especialmente frente a la “temida” desgravación del Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos prevista para 2030. En agosto de 2025, el gobierno retomó diálogos técnicos con Washington. Si bien Estados Unidos ha mantenido su postura de no renegociar el tratado, Panamá activó en enero y febrero salvaguardias especiales agrícolas (como carne de cerdo) para frenar importaciones masivas que superaban los niveles de activación técnica. En octubre se instaló formalmente esta comisión, prevista en el tratado, para evaluar los daños al sector productivo y buscar mecanismos de compensación o apoyo técnico que permitan al agro panameño sobrevivir a la apertura total.

La sostenibilidad fiscal sigue siendo uno de los principales retos del país. La gestión del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, se ha enfocado en la disciplina fiscal con la meta de reducir el déficit hacia el 4 %, en un contexto marcado por un desequilibrio heredado de mayor magnitud. Las calificadoras Moody’s (Baa3) y S&P (BBB-) mantienen a Panamá en el nivel más bajo del grado de inversión y advierten que la contención del gasto y la ejecución de reformas sociales serán determinantes para conservar esta calificación en 2026. El mayor riesgo estructural sigue siendo la deuda externa, superior a $57,000 millones. Ante ello, la estrategia oficial no ha sido frenar el endeudamiento, sino mejorar su perfil, mediante operaciones de manejo de pasivos para extender vencimientos y reducir tasas de interés, con el fin de bajar la relación deuda/PIB y enviar una señal de responsabilidad fiscal a los mercados. Estas acciones, junto con la Ley 462 de la CSS, el Presupuesto 2026 —que plantea una reducción significativa del déficit— y el inicio de negociaciones con First Quantum Minerals, contribuyeron a una disminución de la prima de riesgo país y a un repunte de los bonos panameños en el segundo semestre, dijo Quevedo. En contraste, la recaudación muestra debilidades. Aunque los ingresos corrientes crecieron interanualmente, quedaron por debajo de lo presupuestado. Al cierre del primer semestre de 2025, los ingresos tributarios sumaron $3,147 millones, lo que representó un déficit de $322.3 millones (18%) frente a los $3,469 millones previstos, según cifras de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Durán advierte que la presión tributaria, de apenas 7 % del PIB —cuando debería rondar el 12 %—, la evasión y la informalidad limitan el desempeño fiscal. Los analistas coinciden en que el desafío no pasa por subir impuestos, sino por fortalecer la recaudación, reducir la evasión y mejorar la gestión de las finanzas públicas para avanzar en la reducción sostenible del déficit. “La solución no es aumentar impuestos, sino combatir la evasión y reducir la informalidad”, afirmó Durán. Quevedo, por su parte, enfatizó en que “es absolutamente crítico incrementar las recaudaciones, reducir la evasión fiscal y el adecuado manejo de las finanzas públicas, con miras a reducir el déficit fiscal”.