Cambios en Ley 22 pasaron inadvertidos

EnAMÁ. En la página once de la recién aprobada Ley 30 se leen los artículos 37 y 38.

Hasta hoy, dos textos que han pasado desapercibidos en la ola de críticas y reacciones que ha provocado dicha ley, que dicta disposiciones de temas variados.

Ambos artículos modifican la ley de contrataciones públicas del 2006 y es considerado un cambio ‘controversial’, según Yasser Williams Arosemena, de la firma de abogados Arosemena & Arosemena.

El motivo que provoca el desacuerdo de Williams es que el Decreto No. 388 que reglamenta la Ley 22 de contrataciones públicas de 2006 establece que debe haber un techo, tope o mínimo para presentar impugnaciones en un acto público; sin embargo, la recién promulgada Ley 30 elimina los topes de la Ley 22 y además aumenta el porcentaje de las fianzas de impugnación. Ahora se debe pagar el 15% del total de las propuestas de un acto público.

‘Antes, aunque la ley decía que se pagaba el 10% en fianzas de impugnación, en un proyecto de $5 millones lo máximo que se pagaba era un tope de $500 mil’, manifestó el abogado, quien cuestiona la forma inconsulta en la cual se aprobaron éstas modificaciones y la transparencia con la que se desarrollarán los actos públicos en adelante. ‘Esto se puede mal interpretar en que no hay transparencia en las licitaciones o que no hay posibilidad de ejercer el derecho a impugnar’, dijo.

¿STOP A LAS IMPUGNACIONES?

Sobre este mismo asunto, Horacio Estribí, un consultor económico independiente, explica que si las modificaciones se han hecho para frenar las impugnaciones que ‘en un pasado eran objeto de relajo’, entonces está de acuerdo con la decisión; sin embargo, recomienda que se procuren procesos de compras ‘transparentes’ porque de lo contrario podría interpretarse como si estuvieran eliminando algún obstáculo.

‘La medida es buena, no creo que afecta la decisión de invertir en proyectos de Panamá, lo que podría verse en peligro es la pulcritud y objetividad de las licitaciones’, dijo el economista.

Por su parte, el diputado oficialista José Isabel Blandón, quien dejó claro que no participó en las discusiones de la Ley 30 por estar fuera del país, explicó a La Estrella que tiene entendido que las modificaciones hechas a la ley de contrataciones públicas se hicieron para evitar el atraso en las licitaciones. Los cambios establecen que las impugnaciones se deben presentar con la fianza en cinco días hábiles y su efecto será ‘devolutivo’; es decir, que los procesos no serán pausados o frenados cuando se presente una impugnación.