Panamá ha presentado avances tangibles para salir de la lista gris del Gafi, pese a la pandemia, dice el MEF

"Con las fechas en contra y a pesar de enfrentar una interrupción producto del covid-19, el país ha completado 8 de las 15 acciones, e igualmente ha presentado de forma continua avances significativos y tangibles en las 7 acciones restantes" del plan de acción, aseguró el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ello, incluye modificaciones legislativas, desarrollo exhaustivos de análisis de riesgos, implementación de normativas, desarrollo de un registro de beneficiario final y el incremento en las investigaciones, enfocadas en los delitos precedentes en el extranjero, entre otros aspectos, añadió el MEF, luego de que este viernes, 4 de marzo, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) comunicara que mantiene a Panamá en su lista gris y le diera un plazo para cumplir antes de junio de 2022, de lo contrario tomaría medidas extremas.

En un recuento, destacó que en junio del 2019, Panamá asumió  un compromiso político al más alto nivel para cumplir con un plan de acción de 15 puntos, luego que el país fuera incluido en la Lista de Países no Cooperantes y Jurisdicciones de Alto Riesgo, conocida como la Lista Gris del GAFI.

Indicó que en aquel entonces, se establecieron como fechas de cumplimiento de las 15 acciones, mayo y septiembre del 2020, mismas que fueron ampliadas a septiembre 2020 y febrero 2021, producto de la pandemia.

Y  aunque afirman que han realizando  avances importantes en su plan de acción, pese a la pandemia de la covid-19,  desde el MF están consientes de que "aún queda trabajo por realizar"; y para ello se ha fortalecido un equipo interinstitucional altamente capacitado, de la mano con países y organismos internacionales, con el propósito de ejecutar cada una de las recomendaciones y así poder cumplir con las acciones restantes en el menor tiempo posible. 

"Los avances del país continúan y el compromiso interinstitucional para cumplir el plan de acción se mantiene; salir de las listas es tarea de todos", resaltó  el MEF en un comunicado que cuelga en su página web.

Con respecto a  los análisis de riesgos desarrollados (2019-2022), mismos que han permitido completar satisfactoriamente las acciones relacionadas, mencionó que  con el apoyo del Banco Mundial se actualizó el Capítulo  V de la Evaluación  Nacional de Riesgos, Financiación del Terrorismo. 

Indicó que se desarrolló el análisis de uso  de efectivo  en seguros de alto riesgo  identificados por el país. A su vez se desarrollaron  todos los análisis sectoriales de riesgo  en los sectores no financieros, con sus correspondientes migrantes; y con el apoyo del Banco Mundial se completó la evaluación sectorial  de riesgo de personas jurídicas y fideicomisos y su estrategia de mitigación.

Con relación a los Análisis de Riesgos arriba detallados, dijo que  se han impartido capacitaciones continuas a todos los sectores regulados, mismas que continuarán dictándose a nivel nacional. Así mismo, los documentos guías correspondientes se encuentran publicados en los sitios web de las autoridades correspondientes.

Mientras que en materia de supervisión a los sujetos obligados,  de beneficiario  final 2019-2022, entre los avances recalcó la sanción de dos importantes leyes:  la Ley 129 que  crea el sistema privado y único de registro de  beneficiarios finales de personas jurídicas y la Ley  254 de 2021 que modifica  el marco normativo AML/CFT.

También la actualización y verificación  de la información de agentes residentes, personas jurídicas y beneficiarios finales; implementación del  Registro Único  de Beneficiarios Finales; y suspensión del 52% del total de personas jurídicas. Decreto Ejecutivo 905 de 2019.

Por su parte, en investigaciones aseguró que después de 2019-2021, "los avances han sido tangibles, mismos que continuarán reforzando nuestro sistema ALD/CFT",  dentro de los cuales destacó  sanciones de 5 mil a  5 millones de dólares. 

A la fecha hay reportes de  25 nuevas sanciones impuestas  por organismos de supervisión; 336 supervisiones con enfoque  basado en riesgo y  soporte tecnológico; 845  supervisiones  extra in situ  a sujetos obligados, representando un incremento  de 372%. Para el 2022 se proyectan  más de 3,000 supervisiones a sujetos obligados no financieros.

Además con la Ley 123 de 31 de diciembre de 31 de diciembre de 2019, se adiciona  un nuevo delito  al Código Penal (Artículo 253-A); la Superintendencia de Sujetos  No obligados ha fortalecido la efectividad  del proceso de supervisión mediante cooperación técnica de organismos internacional , que incluyen la culminación, actualización e implementación  del manual de supervisión, el desarrollo de matrices de riesgo de superviciones  y la emisión de guías de  orientación  a los sujetos obligados con el objetivo  de mejorar el cumplimiento.

Del mismo modo, se ha capacitado a  más 1,680  sujetos obligados no financieros  a través de herramientas tecnológicas  incluyendo  e-learnings permitiendo coadyuvar  la comprensión de los riesgos  a los cuales están expuestas sus actividades, en aras de mejorar  la efectividad de  sus sistemas de gestión de riesgo.

Sobre  la correcta identificación y verificación de beneficiarios finales de personas jurídica, subrayó  que los avances en materia investigaciones  de blanqueo de capitales también han aumentado de manera importante  después del 2019, al comparse con los años anteriores (2016-2019), como por ejemplo:  las investigaciones abiertas se incrementaron 40%; investigaciones con predicado  de riesgo nacional crecieron 261%;  las investigaciones con precedente extranjero  aumentaron 38%; los fondos aprehendidos provisionalmente se elevaron 156%; las personas imputadas 240%; y aprehensiones por  delito precedente en el extranjero 2,759%.

Con respecto a las investigaciones de blanqueo de capitales  y uso de la inteligencia financiera, después del 2019 se adoptó el Protocolo de Actuación de la  Fiscalía Superior  de Asuntos Internacionales respecto a la actividad criminal, precedente  de blanqueo de capitales  cometida en el extranjero y financiamiento del terrorismo.

También se tipificó el delito  de defraudación fiscal , en su inclusión como precedente al blanqueo de capitales; de igual modo se brindó  respuesta eficiente a 33 solicitudes  de cooperación internacional recibidas; se abrió cinco investigaciones  de blanqueo de capitales  con delito  precedente de defraudación fiscal  en distintas jurisdicciones  y se logró  incautar $1,578,739.60 y presentó cargos  contra una persona. 

Igualmente, indicó que en septiembre de 2019, el Ministerio Público  emitió  la guía de investigaciones paralelas, capacitó a sus fiscales  e inició 113 investigaciones  financieras paralelas; le remitieron 167   informes de inteligencia financiera y 350 asistencias técnicas fueron provistas.