Acusan formalmente a Stanford

EEUU. Un jurado federal de investigación acusó formalmente ayer al multimillonario texano Allen Stanford, que se entregó el jueves por la noche al FBI, por un fraude de 7. 000 millones que perjudicó a miles de inversionistas.

El jurado en Richmond, Virginia, presentó una acusación con 21 cargos contra Stanford y cuatro de sus empleados presuntamente involucrados en la estafa que transcurrió por más de una década y que habría perjudicado a clientes de todo el mundo.

Junto a Stanford fueron acusados James Davis, director del Banco Internacional Stanford; Laura Pendergest-Holt, encargada del área de inversión del grupo Financiero Stanford, además de los contales Gilberto López y Mark Kuhrt.

La Fiscalía también acusa a Leroy King, director ejecutivo de la Comisión Reguladora para Servicios Financieros en Antigua, sede de los negocios del multimillonario texano, de conspirar para obstruir la investigación de la Comisión del Mercado de Valores de EEUU. La parte acusadora afirma que Stanford pagó más de 100.000 dólares a King para asegurarse de que su banco no fuera auditado. Una acusación en el estado de la Florida imputa también a otro empleado de Stanford, Bruce Perraud, por la presunta destrucción de documentos que eran cruciales para la investigación.

La acusación del Departamento de Justicia alega que el financiero estadounidense y otros ejecutivos de su firma “transfirieron fondos millonarios obtenidos de manera fraudulenta de inversionistas desde y entre cuentas bancarias”.

Además, sostiene que la empresa devolvió dinero a algunos inversionistas “para establecer la falsa apariencia de que los negocios de Stanford eran financieramente viables”.

El jurado presentó los cargos unas horas después de que Stanford se entregara a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) cuando salió de la vivienda de su pareja en el estado de Virginia.

Al cierre de esta edición se conoció que de ser encontrado culpable de los cargos que se le imputan, el banquero podría ser sentenciado a una pena que alcanzaría los 250 años de cárcel.