Arroceros vs. importaciones ilegales: batalla legal por la producción nacional

Los productores de arroz nacionales acudirán a los tribunales de justicia para presentar acciones legales contra autoridades e industrias. Afirman que el país cuenta con suficiente abastecimiento del grano para cubrir la demanda hasta enero de 2026, por lo que consideran innecesario autorizar importaciones fuera de los mecanismos legales y sin el aval de la Cadena Agroalimentaria de Arroz. Argumentan que estas prácticas incurren en la violación de, al menos, cinco leyes y resoluciones.

Ayer, un grupo de productores, que solicitó la reserva de su nombre por temor a represalias de los molineros de arroz, denunció que estas importaciones, realizadas al margen de los contingentes oficiales y sin el aval de la Cadena Agroalimentaria, contravienen directamente lo establecido en la Ley 47 de 2016, la Ley 49 de 2017 (que regula la organización y funcionamiento de las Cadenas Agroalimentarias), así como otras normas complementarias como la Ley 23 de 1997, la Ley 26 de 2001, la Ley 17 de 2018 y la Resolución 02-05 de 2005.

Los productores de arroz incluso advierten de que los molineros han amenazado con gestionar más importaciones. Un caso citado es la entrada al país de 463.227,69 quintales de arroz en cáscara, que arribó al puerto de Cristóbal, en Colón, el miércoles 2 de julio, en el buque granelero Ananya Naree (IMO 9464003) procedente de Uruguay. Esta compra fue una transacción directa de los molineros de arroz.

Para los productores, esta entrada constituye una infracción directa a la normativa vigente al llegar en periodo de precosecha y cosecha nacional. No obstante, la carga fue notificada en la plataforma de la Agencia Panameña de Alimentos, lo que, según ellos, demostraría que fue reportada oficialmente por la propia industria o molineros ante las autoridades competentes.

Las importaciones generan una grave distorsión del mercado, afectando a familias que dependen del campo y poniendo en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria del país. Ante esta situación, el sector arrocero ha optado por activar una estrategia jurídica integral que incluirá advertencias formales a las instituciones responsables, así como denuncias y recursos legales en caso de persistir estas prácticas.

Los productores reiteran su compromiso con el país y con la legalidad, pero no permanecerán de brazos cruzados mientras se vulnera el marco jurídico y se debilita la producción nacional.