CAF: ‘Es fundamental revisar los marcos regulatorios para la transición energética’

En el marco de la cumbre de la Unión Europea y la Celac en Santa Marta, Colombia, y de la COP-30, celebradas a finales del año pasado, CAF reforzó su posicionamiento como banco verde y de inclusión en la región.

En esta entrevista con La Estrella de Panamá, Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF, detalló los avances del multilateralismo climático, la agenda de biodiversidad, la economía azul, los bonos verdes, la transición energética justa, las oportunidades de financiamiento para Panamá; así como también los desafíos, entre ellos la actualización de los marcos regulatorios energéticos para avanzar en la transición energética, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y urgencias ambientales.

Fue muy importante el momento que vivimos. Son dos momentos en los que América Latina y el Caribe tuvieron la oportunidad de posicionarse dentro de las tensiones geopolíticas actuales, particularmente en los temas relacionados con la economía verde y la transformación económica de la región. En ese contexto, CAF llegó con los deberes hechos. Cuando se realizó la ampliación de capital hace cinco años, la institución apostó por ser el banco verde de la región y el banco de la inclusión. En lo que se refiere al compromiso como banco verde, hemos alcanzado la meta prevista para 2026, la hemos cumplido, tanto en movilización de recursos —$25,000 millones— como en el porcentaje de financiación verde de nuestra cartera. Esto incluye temas de mitigación del cambio climático, energía, movilidad y eficiencia energética, pero también, y de forma muy importante para nosotros, adaptación a los impactos del cambio climático y biodiversidad. Es una agenda nueva que consideramos clave promover en una región que concentra el 60 % de la biodiversidad global, y esto nos ha animado a mirar al futuro con una visión estratégica.

Nuestra valoración de esta COP es muy positiva, principalmente porque se realizó en la Amazonía. Se trató de una COP con voz amazónica, en un ecosistema clave para el cambio climático. Otro aspecto relevante es que, pese a las tensiones políticas, el multilateralismo sigue siendo una herramienta fundamental. Se avanzó en temas tecnológicos, en la agenda de género, en los mercados de carbono —un tema muy relevante para Panamá— y, especialmente, en adaptación. Se identificaron 57 indicadores para dar seguimiento a un objetivo global en adaptación, lo que demuestra que este tema está ganando cada vez más espacio. Panamá tuvo una voz fuerte y clara en esta COP, y también se asumió el compromiso de triplicar la financiación en adaptación.

En Dubái se logró por primera vez el compromiso de una salida progresiva de los combustibles fósiles. En la COP-30 era necesario dar seguimiento a esa agenda, pero fue difícil incorporar nuevamente esa expresión en el documento final, el mutirão, adoptado por la presidencia brasileña. Aun así, el hecho de que el debate se haya mantenido, que se transparentaran las posiciones nacionales y que se evidenciaran las discrepancias, también forma parte de los logros de una negociación compleja y prolongada.

Entendemos la biodiversidad desde la perspectiva de los servicios ecosistémicos que aporta al bienestar de las personas: provisión de agua limpia, regulación del clima, energía, alimentos y otros servicios fundamentales para la economía regional. Estos servicios no están adecuadamente valorizados, lo que genera subinversión en conservación y restauración. Por ello, hemos comprometido que el 10 % de nuestro compromiso global a 2030 —$40,000 millones— se destine a conservación y restauración de ecosistemas, economía azul y salud del océano. Nuestro enfoque es ecosistémico y transfronterizo, como en el caso de la Amazonía, donde apoyamos la coordinación entre los ocho países amazónicos. Trabajamos también en otros ecosistemas estratégicos como el Caribe, los manglares, los páramos, la Patagonia y el corredor de Humboldt. Hemos identificado 15 ecosistemas prioritarios. Es una agenda nueva y compleja, tradicionalmente financiada con donaciones, que hoy resultan insuficientes frente al reto.

Las necesidades se estiman en unos $400,000 millones, mientras que la movilización actual está muy por debajo.

Panamá es un aliado muy importante. Trabajamos estrechamente con el Ministerio de Ambiente en temas forestales y este año aprobamos una operación de $300 millones para conservación, restauración y gestión forestal. También tenemos una agenda relevante en adaptación, especialmente por los impactos del cambio climático sobre el recurso hídrico y el Canal de Panamá. Panamá asume sus compromisos climáticos y de biodiversidad de forma clara y vocal en los foros internacionales, y eso es clave para nosotros. Nuestra agenda siempre responde a las prioridades del país, facilitando cooperación técnica, capacitación y financiamiento en condiciones favorables.

No conozco en detalle este proyecto. Sí ha sido una prioridad identificada en conjunto con nuestros equipos en Panamá. Nuestra financiación tiene un compromiso de ser 40 % verde y, en el caso de Panamá, nuestras operaciones verdes alcanzan entre 80 % y 90 %. Hemos trabajado también en proyectos de regeneración de playas y erosión costera. Si existe una aproximación formal sobre este proyecto, estaremos abiertos a evaluarlo.

Para nosotros la transición energética es clave, siempre desde la perspectiva de la transición justa, que garantice acceso y precios adecuados. Nuestra agenda se centra en transmisión, distribución, eficiencia energética y energías renovables, pero también contempla proyectos de gas cuando sustituyen combustibles más contaminantes o no existen alternativas viables. Invertimos alrededor del 40 % de nuestra cartera anual —unos $6,000 millones— en proyectos verdes, de los cuales más de $3,000 millones se destinan a mitigación. Panamá ha avanzado en energías renovables, aunque el transporte sigue dependiendo de combustibles fósiles. Nuestro rol es acompañar la transición respetando los ritmos de cada país.

Usted toca un punto fundamental que es la necesidad de revisar los marcos regulatorios en los países para la transición energética. En muchos países no permiten una adecuada integración de energías renovables. CAF apoya proyectos de fortalecimiento institucional, gobernanza y revisión normativa. También trabajamos con Panamá en la actualización de su taxonomía verde, clave para atraer inversión privada y alinearse con estándares internacionales. No es un tema solo en Panamá: creo que todos los países tienen que ir adaptando su normativa.

Al menos 15,000 millones se destinarán a adaptación. Esto incluye saneamiento, infraestructuras resilientes y gestión del riesgo de desastres, incorporando tecnología, datos, inteligencia artificial y machine learning. También priorizamos agricultura productiva, sostenible y regenerativa, y la economía azul, una agenda clave para Panamá.

Hemos superado el compromiso inicial de $1,250 millones y ya alcanzamos $1.500 millones. Hemos duplicado el compromiso hasta 2030, con $2.500 millones para proyectos de salud oceánica, erosión costera, puertos sostenibles, gestión pesquera e innovación. Es un compromiso regional, aunque nos gustaría que Panamá reciba una parte importante.

Destacan proyectos en manglares, vinculados a cadenas de valor pesqueras, y la iniciativa del Chocó Biogeográfico, con participación de Panamá, para crear un fondo de protección de este ecosistema. Son proyectos en etapas iniciales, pero de alto impacto regional.

Es una alianza fundamental. Trabajamos en proyectos digitales, de infraestructura y buscamos fortalecer el componente ambiental del Global Gateway. En un contexto geopolítico complejo, América Latina está bien posicionada por su compromiso con la sostenibilidad y su capacidad productiva. La atención de la Unión Europea hacia la región es clave para ambas partes.

No hay una suma específica. Trabajamos con la Comisión Europea en la identificación conjunta de proyectos, que abarcan temas verdes, digitales y de infraestructura energética.

La innovación financiera verde es prioritaria. Destaca el canje de deuda por naturaleza con El Salvador por $1.000 millones, que liberó $300 millones para conservación. CAF apoya emisiones de bonos verdes, desarrollo de taxonomías y también se financia mediante estos instrumentos. Hemos emitido un bono verde por $1.500 millones, un bono azul por 100 millones de euros ($117 millones) y un bono de resiliencia por $100 millones, respaldado por Naciones Unidas. Existe un gran potencial en bonos vinculados a adaptación y biodiversidad.

Sí, Panamá tiene un enorme potencial y ya ha avanzado en emisiones de bonos verdes, con una cartera relevante en energías renovables y protección forestal.

No le puedo dar el dato en número porque las fuentes son muy cambiantes en cuanto a las necesidades de financiación climática, pero me atrevería a decir que hay una necesidad de triplicar lo que se está financiando en este momento, para que efectivamente se alcancen los compromisos relacionados con la descarbonización, con el Net Zero (Cero Emisiones Netas). Cada país tiene sus condicionantes y sus circunstancias, pero me parece que estamos todavía lejos de poder cerrar esa brecha. Esto no debe generar mayor presión fiscal, considerando que los impactos del cambio climático ya representan entre 2 % y 3 % del PIB. En la COP de Bakú se asumió el compromiso de movilizar $300.000 millones para 2035, más $1,3 billones adicionales del sector privado. La transición solo será posible con inversión privada, pero para ello hay que generar los incentivos adecuados, incentivos tecnológicos, regulatorios, seguridad jurídica; y las instituciones multilaterales tenemos un rol clave en reducir riesgos y facilitar esa inversión.

Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF: Es economista y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado de España. Tiene un máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard y es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Antes de incorporarse a CAF en 2022, ocupó altos cargos en financiación climática, política económica y comercio, incluyendo puestos directivos en el BID, el ICEX y los ministerios de Economía y Medio Ambiente de España, además de ejercer como negociadora climática ante la ONU y como profesora universitaria.