Afganistán y el código talibán: la ley que permite golpear a una mujer

Durante años, las mujeres en Afganistán han vivido entre prohibiciones, miedo y silencios impuestos. Tras el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021, el espacio para ellas se fue estrechando como una puerta que se cierra lentamente: primero las aulas, luego las oficinas, después los parques, los gimnasios, los medios de comunicación. Salir solas se volvió un riesgo. Estudiar, un privilegio prohibido. Trabajar, una excepción.

Y cuando parecía que ya no quedaba margen para más restricciones, llegó el papel. Un documento de 119 artículos firmado por el líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada. El texto, titulado “Principios penales de los tribunales talibanes”, convirtió en norma lo que durante años había sido práctica: la violencia contra las mujeres como herramienta legítima de disciplina. La noticia comenzó a circular semanas después, cuando organizaciones de derechos humanos difundieron el contenido. Lo que revelaba era contundente: en Afganistán, golpear a una esposa puede ser castigado con hasta 15 días de prisión; maltratar a un camello, con cinco meses.

El nuevo código establece que la violencia puede aplicarse con fines de “prevención del vicio” o corrección del pecado. En ese marco, los maridos, y en ciertos casos particulares, estarían autorizados a imponer castigos físicos. Términos como “amo” y “esclavo”, formalizan una relación de subordinación que borra la personalidad jurídica de las mujeres. El código divide a la sociedad en cuatro clases , eruditos, élites, clase media y clase baja, y las sanciones pueden variar según el estatus social del acusado. La norma también permite que cualquier persona que considere estar presenciando un “pecado” pueda imponer un castigo inmediato. No se trata solo de violencia doméstica. La crítica a funcionarios talibanes puede ser penalizada. La omisión de denunciar conductas consideradas opositoras también. Dentro del código un artículo otorga al líder supremo la facultad de aprobar ejecuciones en categorías amplias y ambiguas, bajo el argumento de proteger el “interés público”.

Para la activista feminista y educadora Sharon Pringle Félix, lo ocurrido en Afganistán es la cristalización de un sistema patriarcal llevado al extremo. “Desde las distintas corrientes feministas, quienes investigamos los asuntos concernientes al bienestar de las mujeres, vamos alertando de los retrocesos históricos que estamos sufriendo las mujeres en distintos ámbitos de la vida, por ejemplo las brechas de género, la acentuación de políticas que nos excluyen del desarrollo humano y peor aún, su incumplimiento, como en el caso de Panamá, que aunque contamos con un sistema robusto de leyes, la desprotección es evidente, ahora con el intento de eliminar el Ministerio de la Mujer ”, explica. “Analizar uno y otro caso de forma aisladas nos descoloca de la responsabilidad de protección, porque puede que como país tengamos otras realidades, mas no estamos exentos de los retrocesos que viven muchas mujeres en otras partes del mundo, aún acá vemos relaciones con niñas, menores de edad embarazadas por adultos, violaciones sexuales a niñas y mujeres adultos, femicidios y acoso, nuestra realidad de habitar como mujer en cualquier esfera es un desafío”, dice.nPara Pringle, este escenario constituye “el peor de los retrocesos humanos, es desvaloriza la vida, porque la mujer es la cuidadora de la vida, una cuidadora no remunerada que sostiene la vida y debe asumir ser violentada”, señala. El riesgo también está en pensar que se trata de una realidad distante

¿Es un problema cultural o una violación universal de derechos humanos? “Hay suficientes reflexiones que dan cuenta del patriarcado como sistema anclado en los países y de su expresión como Machismo que como se cuela en los ámbitos de la vida, institucional, personal, social, etcétera. Aprendemos a ser machistas, esto no es solo un asunto de hombres y de que las mujeres los crían, las mujeres están solas, violentadas de diferentes formas y en ese oasis nacen esas realidades que se van a todas las dimensiones de la vida”, explica. “Tenemos mentes y corazones heridos y enfermos en oficinas, relaciones, etcétera. Ningún espacio de la vida está exento de la manifestación de este sistema porque ahí concluye cada persona xon su historia (herida, sanada...). Por lo anterior, lo que vemos a nivel internacional en materia de derechos de las mujeres nos debe alertar de que una realidad que camina” añade.

Sobre la comparación entre las penas por maltrato animal y violencia contra la mujer, aclara: “Las leyes contra el maltrato animal son justas. No se trata de restarles valor. Se trata de elevar la conciencia de que las mujeres merecemos bienestar de existencia. No basta con sobrevivir; necesitamos dignidad”. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido la revocación del código, pero Pringle insiste en que la presión diplomática es solo una parte del camino. “Todo suma, todos y todas las instancias de la vida debemos levantar la voz en solidaridad. Nada es poco ni mucho, es necesario”.

A esta postura se suma la activista de derechos humanos Mariela Arce Andrade, quien considera que lo que ocurre en Afganistán es en efecto un “evidente retroceso en los derechos humanos”. “Estamos viviendo un evidente retroceso en los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en casi todo el mundo. No solo en los países islamistas sino también en países de América Latina como en Panamá”. A su juicio, cuando un Estado convierte la violencia en norma jurídica, no solo afecta a su población femenina, sino que debilita el consenso global construido tras décadas de lucha.

“Las religiones siempre han sido instrumentos de dominación ideológica; durante siglos han servido para sostener las relaciones de poder y manipulación moral. Esto ha sucedido tanto en oriente como en occidente. Nosotros padecemos el fundamentalismo religioso del Opus Dei, quienes también están impulsando el retroceso de los derechos humanos de las mujeres en la región”, afirma.

Arce Andrade también advierte sobre la falla del sistema jurídico. “Un sistema jurídico que permite la violencia contra la mujer, es evidente que viola el derecho internacional, las Convenciones relativas a la protección de las mujeres y de las niñas, en especial la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW, la Plataforma de Beigin; la Convención de Belem Do Para y los pactos internacionales sobre derechos civiles y económicos. Es un atentado contra toda la arquitectura jurídica de los derechos humanos construido en el último siglo”.

La edición 2024 del Índice de Género de Afganistán de ONU Mujeres confirmó un retroceso “catastrófico” en igualdad y empoderamiento. Casi el 80 % de las jóvenes afganas está fuera de la educación, el empleo o la formación, y ninguna mujer ocupa cargos en el gabinete de facto ni en gobiernos locales. Según la agencia, más de 80 edictos talibanes han restringido de forma sistemática sus derechos: se les prohíbe estudiar más allá del sexto grado, ejercer la mayoría de las profesiones y acceder a espacios públicos como parques o gimnasios. Para ONU Mujeres, no se trata de normas culturales, sino de violaciones directas a los derechos humanos universales.