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Cámara Marítima rechaza propuesta de Crispiano Adames para derogar contrato ferroviario

- 16/08/2025 17:19
La Cámara Marítima de Panamá (CMP) el anteproyecto de Ley 119, que busca derogar la aprobación del contrato entre el Estado y la Sociedad Panamá Railway Company, compromete el desarrollo de sectores estratégicos de la economía y la generación de empleos, ya que podría debilitar la confianza de los inversionistas extranjeros en el país.
La iniciativa, presentada el pasado 11 de agosto, tiene como objetivo “corregir irregularidades” en el contrato original de concesión con el fin de “maximizar los beneficios” que el ferrocarril aporta a Panamá.
Para la CMP, el proyecto carece de suficiente sustento técnico y no se han agotado los espacios de diálogo necesarios antes de plantear una medida de este tipo.
El diputado Crispiano Adames, proponente de la iniciativa, sostiene que el contrato “presenta serias inconsistencias que no garantizan el beneficio óptimo para el Estado panameño”. Uno de los puntos más cuestionados, dijo, es la prórroga “unilateral” por 25 años, hasta 2049, sin consultas ni debates públicos.
“El hecho de que la AMP haya aceptado prorrogar el contrato después de su vencimiento y sin un proceso público adecuado representa un riesgo legal y económico para el Estado, al comprometer recursos estratégicos sin asegurar que los términos actuales sean los más favorables”, afirmó Adames.
La AMP informó que la prórroga fue aprobada por su junta directiva en febrero de 2023 y entró en vigencia el 19 de mayo de ese año, tras la notificación a las partes.
El Ministerio Público abrió una investigación sobre el caso el 14 de diciembre de 2024. Ante ello, la AMP señaló que se mantiene a disposición para colaborar con el proceso.
La entidad recordó que el conglomerado marítimo genera 109.406 empleos directos y, al sumar los indirectos e inducidos, la cifra asciende a 320,317, según el Estudio de Impacto Económico 2023.
El anteproyecto presentado por Adames cita cifras de la AMP que indican que la empresa ha pagado al Estado $55.1 millones en 25 años, en concepto del 10 % de los ingresos brutos, además de una inversión privada de $163.4 millones.
Según el diputado, estos montos no representarían un beneficio proporcional para Panamá.