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Colombia entra en era de duopolio móvil tras la compra total de Movistar por Tigo
- 15/10/2026 19:23
La desaparición de la marca Movistar se concretará en noviembre mientras la empresa abre planes de retiro voluntario por redundancia de cargos
La multinacional de telecomunicaciones Millicom, matriz de Tigo, completó el control total de la operación de Movistar en Colombia y anunció un plan de inversiones de $8.500 millones para los próximos cuatro años. La transacción, que incluyó la compra de las acciones que poseían Telefónica, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Gobierno colombiano, dará paso a la desaparición definitiva de la marca Movistar en noviembre.
El presidente de Tigo en Colombia, Carlos Blanco, confirmó que tras una erogación previa de $4.500 millones para la adquisición corporativa, la empresa iniciará la campaña de transición de marca para unificar la operación. Con la integración, el mercado colombiano de telefonía móvil quedó concentrado principalmente en dos actores: Claro, con 40,9 millones de líneas, y la nueva Tigo consolidada, que suma cerca de 35 millones de usuarios.
A pesar de que la compañía aseguró que los contratos, tarifas y tarjetas SIM de los clientes de Movistar no sufrirán variaciones inmediatas, la fusión generó reestructuraciones internas. Blanco admitió la existencia de planes de retiro voluntario para los trabajadores de ambas compañías debido a la duplicidad de funciones. La empresa omitió revelar la cifra total de despidos o retiros ejecutados dentro del proceso coordinado con el Ministerio del Trabajo colombiano.
El plan de capitalización, enfocado entre 2026 y 2027, pretende elevar de 128 a más de 330 los municipios con tecnología 5G mediante la instalación de 1.100 nuevas estaciones móviles, para alcanzar una cobertura del 85% de la población. No obstante, Blanco reconoció dificultades en el despliegue de infraestructura en zonas rurales. La empresa negocia con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) el traslado de un centenar de compromisos de conectividad debido a problemas de orden público y falta de condiciones de seguridad en ciertas regiones.
La integración corporativa implicó además la absorción de Unired —sociedad que administraba la red compartida bajo condicionamientos antimonopolio de la Superintendencia de Industria y Comercio— y la duplicación de sus centros de datos corporativos. Respecto al impacto de las telecomunicaciones en el índice de inflación de Colombia, la directiva justificó los ajustes periódicos en los precios del servicio de telefonía e internet bajo el argumento de compensar las alzas en electricidad, combustible y salarios.
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