Comisión de Alto Nivel entregará recomendaciones sobre Cobre Panamá antes que culmine el 2026

Para ello, los ministros se reunirán periódicamente para discutir avances y compartir inquietudes para intercambiar información y validan aspectos regulatorios, ambientales, económicos y fiscales

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La Comisión de Alto Nivel realizó este lunes 13 de julio, una conferencia de prensa para brindar una radiografía tras la entrega del Informe Final de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, realizado por la empresa multinacional suiza SGS Panama Control Services Inc.

La Comisión esta integrada por los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; Julio Moltó, de Comercio e Industrias, y Juan Carlos Navarro, de Ambiente.

Chapman fue el encargado de confirmar que la Comisión Nacional trabaja en la elaboración de las recomendaciones que serán presentadas al presidente de la República, José Raúl Mulino, en relación con el informe de la mina de Donoso.

Aclaró que, aunque no existe una fecha límite formal, el compromiso es entregar el documento antes de que finalice el 2026, dada la urgencia de definir el futuro del proyecto.

“No tenemos efectivamente lo equivalente a una fecha límite, pero sí hemos conversado de que esto definitivamente debemos llevar una relación al presidente antes que finalice el presente año. Esta situación angustiosa de indefinición nos preocupa a todos los panameños”, comentó el ministro de Economía.

Metodología

El ministro subrayó que la falta de decisiones no resuelve el problema y que la peor salida sería adoptar medidas sin capacidad técnica o recursos suficientes para ejecutarlas: “No tomar una decisión no hace que el problema desaparezca. La peor decisión sería aquella que no pueda ejecutarse responsablemente o que carezca de dominio técnico”, dijo.

En cuanto a la metodología, explicó que los ministros se reúnen periódicamente para discutir avances y compartir inquietudes. Cada cartera, dijo, ha conformado equipos de trabajo coordinados entre sí, que intercambian información y validan aspectos regulatorios, ambientales, económicos y fiscales.

“Es importante que haya comunicación y coordinación entre los ministerios, porque algunos temas son primordialmente de regulación minera, otros ambientales, otros económicos y fiscales, y en ciertas ocasiones hasta ligados. De allí la necesidad de mantener ese intercambio constante”, sentenció el ministro del MEF.

Chapman detalló que, tras 32 meses de paralización de la mina en Donoso, el país ha dejado de generar más de $6,300 millones, lo que se traduce en una pérdida directa de $5.9 millones cada 24 horas. Esto provocó una contracción del 65% en la inversión extranjera directa y la pérdida del 75% de las exportaciones de bienes.

El informe

Según la Comisión de Alto Nivel, la auditoría realizada por SGS evaluó de manera independiente los aspectos legales, fiscales, ambientales y operacionales del proyecto, incluyendo los 370 compromisos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

El proceso se organizó en 15 tomos temáticos y cuatro componentes de evaluación.

De acuerdo a la auditoría, el proyecto tiene un 87.7% de cumplimiento. Evaluó cuatro componente principales.

El componente A verificó los temas legales, administrativos, fiscales y tributarios. En este componente hubo un cumplimiento de 88.2%.
El componente B fue sobre desempeño ambiental. Encontró cumplimiento general operativo, pero también identificó puntos que requieren atención y acciones correctivas. El cumplimiento fue de 87.6%.
El componente C fue de Aspectos Operacionales y técnicos. Es aquí dónde mejor puntuó la mina, con un cumplimiento de 90.2%.
El componente D evaluó los riesgos y pasivos ambientales. En este apartado se identificó “incidentes y accidentes” ocasionados por las condiciones de operación. El cumplimiento en este componente fue de 81.7 %.
Impacto social

El ministro de Comercio e Industrias recordó que el cierre de la mina hizo que 40,800 personas perdieron su empleo de manera directa o indirecta, afectando a más de 170,000 ciudadanos al contabilizar a sus dependientes. En las comunidades aledañas, el desempleo escaló del 4% al 13%.

Moltó indicó que el cierre golpeó a más de 2,000 empresas proveedoras nacionales —de las cuales el 70% son micro, pequeñas y medianas empresas—, obligando al 76% de ellas a realizar despidos, mientras que un 42% advierte que se verá forzado a cerrar si la situación no mejora.

El titular del MICI estableció tres principios innegociables para guiar cualquier alternativa futura: la soberanía absoluta del Estado en su territorio, garantizar que el costo no sea pagado con los impuestos del pueblo y la defensa de la economía nacional mediante el envío de mensajes de seguridad jurídica a los mercados internacionales.

Rastro ambiental

El ministro de Ambiente expuso el estado ambiental revelado en el informe. Destacó que la empresa solo cumplió con el 45.7% de sus compromisos de reforestación de manera comprobable.

Igualmente, Navarro informó que se deforestaron 322.24 hectáreas de más por encima del límite permitido de 2,100 hectáreas fijado para la etapa de construcción.

Advirtió sobre la gravedad de haber realizado un “cierre a lo loco” en el papel, pues esto dejó desatendidos riesgos críticos en el terreno. Específicamente, alertó sobre la acumulación de 38 millones de toneladas de mineral de baja y mediana ley expuestas a la intemperie (el denominado stockpile en Donoso), lo que genera un altísimo peligro de drenaje ácido de roca y contaminación masiva de las fuentes de agua si no recibe el procesamiento debido.

Navarro denunció que mientras el país debate sobre esta mina cerrada, organizaciones criminales ligadas al narcotráfico financian el avance destructivo de la minería ilegal de oro en Darién, Veraguas, Colón, Coclé y Donoso. “Esta actividad ilícita contamina los ríos con mercurio, devasta los bosques y no rinde cuentas ni paga impuestos, por lo que urgió a enfrentarla de inmediato”, concluyó.

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