Conep sobre el futuro de la mina: ‘Este tema debe conversarse sin pasiones, sin mentiras’

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) presentó su Estudio de Actualización de las repercusiones socioeconómicas del cierre de operaciones de Cobre Panamá (2023-2025), un documento que analiza en detalle los efectos económicos, sociales y ambientales derivados de la suspensión de la minería metálica en el país.

El informe, elaborado tras cinco meses de trabajo de campo en comunidades directamente impactadas, ofrece una radiografía de las consecuencias que ha tenido la paralización de la mina en la economía nacional y en la vida de miles de panameños.

El estudio revela que el cierre de la mina ha contribuido a una marcada desaceleración del crecimiento económico. Mientras en el primer semestre de 2023 el PIB creció 9.03%, en el mismo periodo de 2024 apenas alcanzó 2.15%.

La actividad minera representaba el 5% del PIB en 2022 y más del 75% de las exportaciones de bienes, por lo que su ausencia genera un impacto directo estimado de 3.3% del PIB, y superior al 5% si se considera el efecto multiplicador.

“Sin importar el valor que asuma el PIB constante de Panamá en los próximos 5 años, éste podría ser al menos 5% mayor en términos absolutos de no haberse cerrado las operaciones de la mina Cobre Panamá”, señala el informe.

El cierre afectó más de 38,000 empleos directos, indirectos e inducidos, elevando la tasa de desempleo nacional a un estimado de 9.3% en abril de 2024. Las provincias más golpeadas son Coclé (13.1% de desempleo), Colón (14.1%) y Chiriquí (8.5%).

En consumo doméstico, la pérdida de ingresos salariales redujo en $777 millones el gasto nacional, con Coclé registrando la mayor caída (6.4% de su consumo provincial). El impacto se tradujo en negocios cerrados, familias que emigraron y comunidades con menor dinamismo económico.

El Estado dejó de percibir entre $486 y $600 millones anuales en impuestos y aportes, lo que equivale hasta un 5.2% de las recaudaciones tributarias. Además, la rebaja de la calificación de riesgo país por parte de Fitch Ratings a nivel especulativo (BB+) encareció el financiamiento público: el último bono internacional pasó de un cupón de 4% en 2022 a 9.38% en 2024, el más alto en dos décadas.

La mina aportaba el 73% de las exportaciones de bienes en 2023 ($2,469 millones). Su cierre implica una pérdida acumulada de $33,947 millones en 10 años y un retroceso en la diversificación exportadora. En energía, la salida de la planta de Cobre Panamá resta 300 MW, equivalentes al 7% de la capacidad instalada nacional.

El estudio advierte que se desaprovecha capital humano altamente especializado en ingeniería, ciencias y ocupaciones técnicas, además de frenar el desarrollo de segmentos innovadores vinculados a la minería inteligente y sostenible. También se cancelan inversiones sociales y ambientales por más de $18.5 millones realizadas en comunidades y programas de conservación.

El presidente del CoNEP, Gabriel Diez, subrayó que el estudio no es un ejercicio teórico, sino un trabajo de campo realizado en comunidades impactadas por el cierre.

“Más allá de los números, es una realidad. Hay casas abandonadas, negocios cerrados y familias que emigraron. Tenemos que pensar en ellos también, y en el ambiente. Este tema debe conversarse sin pasiones, sin mentiras y pensando en Panamá y los panameños por delante”, señaló Diez.

Diez insistió en que el debate sobre el futuro de la minería debe buscar un “balance” entre lo que corresponde al Estado como dueño del recurso, lo que los panameños deben exigir en beneficios sociales y económicos, y el compromiso ambiental de la empresa.

“No podemos seguir dilatando este proceso. Llegó la hora de tomar decisiones. El país demanda empleo, crecimiento económico y una definición permanente sobre la mina. Queremos panameños unidos, no más divisiones”, agregó.

El consultor laboral René Quevedo reaccionó a los resultados del informe destacando la gravedad del desempleo juvenil y la necesidad de recuperar la confianza para atraer inversión privada.

“El mejor programa social del mundo es un empleo. Hoy, por cada 10 empleos que genera la economía, tres jóvenes pierden sus trabajos. El desempleo juvenil está en nivel de crisis y tenemos que reactivar la construcción como alternativa para absorber parte de los 60,000 empleos agrícolas perdidos”, advirtió.

Quevedo subrayó que la recuperación del empleo en 2023 se concentró en el eje canalero, mientras el interior del país perdió más de 105,000 puestos de trabajo. Para él, el reto inmediato es inyectar liquidez y confianza en los próximos 18 meses, mientras se espera que proyectos de infraestructura impulsen la economía hacia 2027.

“Necesitamos estimular la confianza. Solo la confianza genera inversión y la inversión genera empleo. No es momento de consignas, es momento de mirar realidades y actuar con datos”, puntualizó.

El expresidente del CoNEP, Antonio Fletcher, enfatizó que más allá de los indicadores macroeconómicos, el cierre de la mina ha tenido un fuerte impacto humano en las provincias centrales.

“Más allá del elemento macroeconómico, está el factor humano. La actividad minera dinamizó de manera significativa provincias como Coclé y Colón. El estudio refleja de manera contundente que esa actividad económica incidió directamente en la región”, afirmó.

Fletcher recordó que se perdieron más de 6,000 empleos directos y 30,000 inducidos, lo que redujo la capacidad de consumo en las provincias. Además, destacó la pérdida de capital humano especializado:

“Muchos geotécnicos, ingenieros de minas y electromecánicos tuvieron que salir del país porque no encontraron oportunidades. Hemos perdido recursos altamente preparados”, advirtió.

El exdirigente empresarial también subrayó que la caída de las exportaciones fue abrupta: el país pasó de exportar $3,500 millones en 2023 a volver a niveles tradicionales de $600 a $700 millones. Para Fletcher, una eventual reactivación de la mina podría recuperar hasta 40,000 empleos, reduciendo el desempleo nacional en casi un 30%.

“El país necesita encontrar un rumbo de recuperación económica, atacar directamente el desempleo y garantizar gobernanza y veeduría ciudadana en cualquier negociación futura”, comentó.

El presidente de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), Severo Sousa, reaccionó con sorpresa a la contundencia de los resultados del estudio.

“El impacto ha sido bien sorprendente. No me esperaba que los números fueran tan drásticos, tan duros. Provincias como Coclé, que llegaron a tener pleno empleo con apenas 4% de desempleo, hoy están cerca del doble dígito. Colón y Los Santos también se han visto tremendamente afectados”, señaló.

Sousa destacó que más de 2,000 empresas panameñas que proveían bienes y servicios a la mina han perdido contratos por cerca de $800 millones anuales, lo que ha golpeado a proveedores locales y a la economía nacional.

Sin embargo, también subrayó un aspecto positivo: la percepción ciudadana ha cambiado. “La mentalidad del panameño ha evolucionado. Hoy se entiende mejor, con base científica y en hechos, que el impacto ambiental de la mina no es mayor que el de otras industrias. La auditoría integral ya ha demostrado que la empresa manejaba bastante bien sus compromisos ambientales”, afirmó.

Sousa insistió en que el país ha perdido una gran oportunidad en estos dos años y que la reapertura de la mina sería una forma rápida de reactivar la economía nacional.

“Estamos en un momento preciso para discutir el tema y ver cómo vamos a reabrir la mina. Ya quedó demostrado que sería una gran forma de reactivar la economía y que la mina ha sido manejada de manera responsable”, concluyó.