Desgravamen arancelario del TPC Panamá-EE.UU. pondría en riesgo a 4,800 productores

El calendario de desgravación arancelaria del Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos marca en 2026 un punto de inflexión “irreversible” para la soberanía alimentaria del país.

Tras más de una década de implementación progresiva, el mecanismo de desgravación arancelaria —el proceso mediante el cual los impuestos de importación se reducen paulatinamente hasta desaparecer— alcanza su etapa más crítica. En este escenario, la protección que el Estado brindaba a sus sectores más sensibles se desvanece, permitiendo que productos estadounidenses entren al mercado local con un arancel del 0 %, compitiendo directamente con la producción nacional.

Desde la perspectiva financiera, el panorama es complejo. Rafael Jaén Ponce, gerente ejecutivo de la Banca Agropecuaria del Banco Nacional de Panamá (BNP), ha sido enfático al señalar que el 2026 representa un año de retos monumentales. La preocupación no es solo macroeconómica, sino profundamente social: el impacto real recae sobre las familias que dependen del campo.

Según las cifras de la cartera del BNP, existen aproximadamente 5,400 productores activos, de los cuales cerca de 4,800 son pequeños y medianos. “Estos 4,800 productores representan el eslabón más vulnerable de la cadena, careciendo en muchos casos de la infraestructura o el capital necesario para competir en un mercado de arancel cero”, dijo el gerente ejecutivo de la Banca Agropecuaria.

Para Ponce, la respuesta de la banca estatal no puede ser solo asistencialista, sino determinante y técnica. Por lo tanto, explicó que el Banco Nacional está orientando sus esfuerzos hacia la implementación de tecnologías y herramientas que permitan a estos miles de productores desarrollar proyectos más eficientes y competitivos.

“Con un equipo de ingenieros agrónomos y médicos veterinarios con formación financiera, el banco busca ofrecer soluciones personalizadas, entendiendo que cada caso es diferente. La meta es clara: evitar que la apertura comercial se traduzca en el abandono masivo de las tierras de cultivo”, mencionó.

La desgravación arancelaria no es un evento súbito, sino la culminación de un cronograma pactado en 2012. Sin embargo, el 2026 es el año en que productos “sensibles” pierden su escudo protector. Específicamente, la carne bovina deshuesada, la carne de cerdo, el maíz, el concentrado de tomate y la leche fluida alcanzarán el arancel cero. Otros rubros, como el arroz, seguirán una ruta similar hacia 2031, pero ya experimentan reducciones que asfixian el margen de ganancia local.

Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (Fedecámaras), aporta una visión sobre la realidad diplomática de este proceso.

“Aquí no hay revisión”, afirma tajante, aclarando que el TPC es un acuerdo finiquitado y absorbido por ambas naciones.

Jiménez critica que, “mientras Panamá abre sus puertas, Estados Unidos mantiene barreras técnicas y sanitarias que han impedido que el país exporte ni una patita de pollo en más de una década”.

Ante la imposibilidad de renegociar el tratado, su propuesta es radical: el Gobierno debe apoyar a los sectores cárnicos, lácteos y arroceros para que sean competitivos, pero también es momento de “dar la espalda” a la dependencia exclusiva de Estados Unidos y mirar hacia los otros 25 tratados de libre comercio que Panamá tiene vigentes y subutilizados.

En medio de la incertidumbre, la industria avícola se erige como un ejemplo de eficiencia, aunque no exenta de temores. Ítalo Salcedo, productor avícola, destaca que la avicultura nacional ha logrado ser autosuficiente, cubriendo el 100 % de la demanda de huevos y carne de pollo fresco. No obstante, dijo, el 2026 trae consigo el reto de competir con productos importados que, aunque llegan congelados, golpean el mercado por precio.

Salcedo reconoce que los convenios internacionales deben respetarse, pero hace un llamado a la conciencia del consumidor y a la firmeza del Estado. “El panameño tradicionalmente cree en su producto fresco”, señala, apostando a que la calidad e inocuidad de la proteína local sea su mejor defensa.

Sin embargo, el avicultor advierte que para que este “partido se juegue en buena ligas, se requieren políticas públicas claras, transparentes e igualitarias”. Y advirtió que “el temor de los productores es que el mercado se inunde de productos que no cumplen con las mismas exigencias que se le imponen al productor nacional, rompiendo la equidad competitiva”.

El cierre de la brecha arancelaria en 2026 obliga a una transformación forzosa. Los sectores de arroz, leche y carne son los que presentan mayor susceptibilidad debido a sus altos costos de producción internos frente a los subsidios masivos que recibe el agro en Estados Unidos. La resiliencia que menciona Jaén Ponce será puesta a prueba: no basta con “querer” producir; se requiere que el Estado actúe como un facilitador de competitividad y no solo como un espectador de la desgravación.