Economía circular ya es ley de Panamá: promete más empleo e incentivos

Panamá ya cuenta con una ley de economía circular, que le permitirá transformar la manera en que produce, consume y gestiona sus desechos.

La Ley 502 establece por primera vez en el país un marco jurídico integral para promover la transición de Panamá hacia un modelo de economía circular.

La normativa incentiva los negocios verdes, transformando la gestión de residuos para que dejen de ser un problema y se conviertan en una oportunidad para la manufactura y la creación de valor.

El diputado Manuel Samaniego, proponente de la iniciativa, explicó a La Estrella de Panamá que el espíritu de la ley se centra en modificar el modelo lineal de “extraer, producir, usar y desechar” por uno circular.

“Actualmente nosotros extraemos de la naturaleza materiales para producir un producto, luego venderlo al mercado y que este producto al final de la cadena sea desechado. El modelo de economía circular cambia totalmente este modelo de producción y buscamos que ese producto al final de la cadena no sea basura, sino que se convierta en un recurso valioso”, comentó Samaniego.

Este cambio, según el diputado, busca no solo un impacto ambiental, sino también económico, fomentando la generación de empleos verdes y activando el sector ecológico en áreas como la logística, el reciclaje, la reutilización y la reparación de materiales y equipos tecnológicos.

También destacó que la ley establece la obligación de crear incentivos para las empresas que adopten modelos circulares. Estos, dijo, se definirán con precisión durante el proceso de reglamentación.

Samaniego recordó que ya existen mecanismos de incentivos para empresas ecológicas en la Ley de Basura Cero que faculta al Estado a establecer medidas fiscales y administrativas para incentivar o desincentivar el uso, importación y comercialización de productos, según metas de gestión integral de residuos.

Mencionó que tanto Basura Cero como la reforma al artículo 40 de la Ley 22 ordenan priorizar materiales reutilizables, reciclables, reciclados y valorizables en las compras públicas, y establecer criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, innovación y economía circular en los procesos de contratación. Esto convierte al Estado en un gran cliente para empresas circulares.

“La nueva ley de economía circular obliga a que el Plan Estratégico Nacional identifique y difunda las políticas fiscales y no fiscales vinculadas a la circularidad”, comentó el diputado, quien indicó que el proceso de reglamentación definirá las sanciones exactas para aquellas empresas que no acaten las disposiciones de la ley.

El diputado rescató que el Plan Estratégico Nacional también identificar áreas de oportunidad para la generación de empleo que promueva la sostenibilidad ambiental, incluyendo recicladores de base, así como programas de capacitación.

Para los jóvenes, comentó que el vínculo con la taxonomía de finanzas sostenibles y la creciente prioridad de proyectos circulares en banca pública y privada abre puertas de financiamiento verde para startups y proyectos tecnológicos ligados a la circularidad.

“La clave es que la ley reconoce explícitamente que la economía circular es fuente de negocios, empleo y tecnología, y no solo una restricción ambiental”, expresó Samaniego.

Añadió que “la nueva ley de economía circular sin educación ambiental, sin comunicación pública clara y sin explicar que la circularidad puede generar empleo y oportunidades, la norma se queda en letra muerta. Por eso estamos apostando a una narrativa que hable de oportunidad, de innovación y de orgullo nacional por hacer las cosas de otra manera”.