Contraloría estima $52 millones en lesión patrimonial por auxilios económicos

El contralor general de la República, Anel Flores, lanzó una nueva bomba informativa sobre los casos de auxilios económicos. Durante un epílogo a la conferencia semanal del presidente Mulino, en el que Flores y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, habían sido llamados a hablar sobre traslados de fondos a municipios y juntas comunales, el contralor anunció la entrega de miles de expedientes de auxilios económicos que totalizan una presunta lesión patrimonial de 52 millones de dólares.

“Así como estamos haciendo muchas auditorías en muchos casos, les puedo anunciar que hoy (jueves), después de mucho tiempo y mucho análisis, se analizaron más de 4.000 expedientes de los famosos auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu). Estamos presentando al Ministerio Público más de 2.860 expedientes que suman un perjuicio económico al país y al dinero de los panameños por arriba de los 52 millones de dólares”, declaró el contralor Flores. “Esperamos que el Ministerio Público haga lo propio y podamos de alguna manera rescatar esos dineros que se convierten en préstamos o que alguien pague por las consecuencias del mal uso del dinero de los panameños”, añadió.

Los auxilios económicos deben ser en teoría un instrumento para apoyar financieramente a personas que no cuentan con el recurso económico necesario para realizar estudios académicos. Sin embargo, se ha denunciado su uso como regalo político o como una forma de de beneficiar con favores a familiares de políticos o familias pudientes que no necesitaban el apoyo financiero para estudiar.

El caso llegó al Ministerio Público, cuya investigación reveló que los fondos en algunos casos podrían no ser recibidos por los beneficiarios originales, sino que se canalizaban a familiares, allegados y colaboradores en altos cargos del gobierno nacional.

En julio de 2025, el Ifarhu se constituyó como querellante en el caso. En ese momento, el monto de la lesión patrimonial se estimaba en más de 24 millones de dólares. Se dieron instrucciones al departamento de auditoría interna para que auditara los programas de la institución, especialmente el programa de Auxilios Económicos. Por su parte, la auditoría llevó a cabo su propio proceso de auditorías tras el cual estimó una lesión de 52 millones de dólares.

El viernes 21 de noviembre se declaró el caso causa compleja y una jueza autorizó una extensión de seis meses a la investigación. Hasta el momento, hay 22 personas imputadas por presuntos delitos de peculado agravado doloso, peculado por extensión y corrupción de servidores públicos.

Entre los imputados se encuentra el exdirector del Ifarhu, Bernardo “Nando” Meneses, quien se mantiene recluido en la cárcel La Nueva Joya. Meneses fue aprehendido el 7 de julio de este año por presunto enriquecimiento injustificado. Entre los imputados hay estudiantes que presuntamente habrían transferido dinero a cuentas personales de Meneses.

Las declaraciones del contralor generaron reacciones entre la ciudadanía. La directora ejecutiva de la Fundación para la Libertad Ciudadana, Capítulo panameño de Transparencia Internacional, Olga De Obaldía, compartió su opinión con La Estrella de Panamá.

”Este caso tocó la fibra más profunda de los panameños, por ser fondos que debían destinarse a la educación. No queremos ni podemos ver más de lo mismo: casos que prescriben, imputados a los que se sobresee, dinero que no se devuelve. Robarnos lo que es de todos, debe dejar de ser un buen negocio”, declaró. De Obaldía hace eco del hambre ciudadano por justicia y certeza del castigo para todos. “Si algo espera la ciudadanía es un cambio real y no más de la misma impunidad que parece prevalecer en los casos de lesiones patrimoniales al Estado. Ese cambio real sería: ver eficacia y trato igualitario en las investigaciones y las cautelas a los cómplices del atraco, tanto exfuncionarios como personas privadas, vistas fiscales que llevaran a juicios, procesos que culminen con el castigo de los culpables y sobre todo: la devolución y recuperación de todo lo robado”. enfatizó.

Ahora, le corresponderá al Ministerio Público utilizar la información suministrada a través de las auditorías de la Contraloría para las investigaciones que lleven en curso. El contralor dejó claro que en este, y otros casos, el rol de la Contraloría se limita a auditar y cumplir con la fiscalización compartiendo la información con las autoridades pertinentes.

“Los hallazgos que obviamente se den o no se den en esas auditorías serán presentados en el Ministerio Público. Al Ministerio Público entonces le tocará hacer las actividades respectivas”, enfatizó Flores.