MEF reconoce falta de trazabilidad en las transferencias a municipios

El Gobierno reconoció públicamente que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no tiene visibilidad sobre el uso final de los fondos que transfiere a los gobiernos locales, una admisión que expone una falla estructural arrastrada durante años y que vuelve a colocar bajo escrutinio la transparencia de las llamadas transferencias municipales.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aceptó que el MEF carece de mecanismos propios para verificar la ejecución real de los recursos: “El MEF no cuenta con visibilidad sobre la utilización o destino final de los fondos... hemos recurrido al apoyo de la Contraloría”, dijo.

Chapman aseguró que están “fortaleciendo controles y trazabilidad”, aunque admitió que se trata de esfuerzos iniciales y que han pedido apoyo a la Contraloría para construir nuevos lineamientos.

También reconoció que durante años la asignación de recursos a los municipios no respondió a criterios científicos, razón por la cual el actual Gobierno propone aplicar el índice de pobreza multidimensional como factor de clasificación y priorización en la nueva Ley de Descentralización. Esa propuesta, según dijo, fue enviada a la Asamblea en un documento de 16 páginas.

Durante la conferencia, el titular del MEF precisó que en 2024 la administración actual asignó $6.9 millones a municipios mediante los mecanismos establecidos en la Ley 37 de 2009, reformada por la Ley 66 de 2015. En lo que va de 2025, el monto asciende a $4.6 millones.

Chapman subrayó que esto representa una reducción del 96% frente a los $143 millones anuales que —según dijo— asignaban gobiernos anteriores en lo que se conoció como la “descentralización paralela”, caracterizada por amplios márgenes de discrecionalidad y ausencia de controles

Lo anterior, destacó Chapman, representa una reducción del 96%, comparado con los $143 millones anuales que en promedio asignaban los gobiernos anteriores a los municipios, en un proceso oscuro y desprovisto de controles que fue denominado popularmente como “descentralización paralela”.

Chapman detalló que estas medidas responden a instrucciones directas del presidente de la República, José Raúl Mulino, de revisar y establecer procesos más estrictos para la asignación de fondos solicitados por los gobiernos locales, priorizando la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos.

Mientras el MEF intenta corregir procedimientos, la Contraloría General reveló hallazgos. El contralor Anel Flores informó que entregó 18 expedientes de juntas comunales relacionados con la llamada “descentralización paralela”, donde sospechan que parte de los recursos pudo haber tenido fines político-electorales.

Flores criticó a diputados que cuestionan las transferencias municipales actuales mientras —según dijo— ellos mismos piden prórrogas para rendir cuentas. “Están viendo la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el de ellos”, afirmó, apuntando a un doble discurso que alimenta la confrontación pública.

El contralor rechazó que las transferencias hechas por la administración actual constituyan un escándalo comparable al del último gobierno, cuando —recordó— se superaron los $300 millones en un año electoral. Aseguró que ahora auditan $6.9 millones, una cifra significativamente menor, aunque insistió en que será revisada con el mismo rigor. Sus declaraciones, sin embargo, no frenaron la ola de cuestionamientos políticos que surgió apenas minutos después de la conferencia.

El exdiputado Juan Diego Vásquez, dirigente del Movimiento Vamos, reaccionó de inmediato desde su cuenta de X, acusando al ministro Chapman de contradecir sus propias afirmaciones de enero de 2025, cuando aseguró que las transferencias serían técnicas y transparentes. “El ministro acepta hoy que el gobierno mantiene transferencias discrecionales y que no corresponden a criterios técnicos”, escribió.

Dicho señalamiento golpea directamente la narrativa oficial de que se trata de un modelo corregido y depurado. Vásquez también recordó que la ley exige que los Consejos Municipales aprueben los trámites de créditos internos y que estos se publiquen en Gaceta Oficial, algo que —según él— varios municipios no han cumplido. “¿Cuál será la sanción para estos alcaldes y consejos?”, cuestionó, insinuando que el Gobierno evade imponer consecuencias pese a los incumplimientos.

Otro de sus señalamientos se dirigió al contralor Flores, quien afirmó que las transferencias no representan un “terremoto” fiscal.

Vásquez respondió: “¿Por qué no lo regala de su plata?”, acusando una aparente minimización del problema. También cuestionó la afirmación de que los fondos fueron para municipios subsidiados: “¿Los 300 mil que dieron a La Chorrera, que no es subsidiado, qué son?”, escribió.

El exdiputado además reveló que ninguno de los diez corregimientos con mayor pobreza en Panamá recibió fondos, lo cual deja sin sustento la idea de que las transferencias estaban orientadas a atender necesidades urgentes.

Añadió otro caso: el municipio de San Carlos, que habría utilizado cerca de $400 mil en donativos directos a personas, un patrón asociado históricamente al clientelismo político.

El diputado Ernesto Cedeño, conocido por su postura fiscalizadora, coincidió en que la conferencia del MEF no constituyó un verdadero acto de responsabilidad. “No hubo ningún mea culpa”, afirmó. Para él, el Gobierno intenta disminuir la gravedad del asunto comparando montos actuales con montos pasados, cuando el problema de fondo sigue siendo la discrecionalidad con la que se distribuyeron los recursos y la opacidad en su ejecución.

“El tema es la distribución discrecional que gravitó hoy y sus derivados”, dijo, recordando que la falta de criterios claros ha sido históricamente el punto débil del sistema.

La directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, también se sumó al debate desde X, advirtiendo que las partidas asignadas a municipios sin una explicación clara —más allá de la potestad legal del MEF para realizarlas—, sumadas al reciente aumento de la planilla de la Asamblea Nacional, deben analizarse como lo que parecen ser: la continuidad de los mecanismos clientelares de compra y venta de apoyos políticos que han operado en las últimas cuatro administraciones.

De Obaldía cuestionó que este esquema siga siendo entendido como la “única forma de gobernabilidad”, pese a que implica utilizar recursos públicos que pertenecen a todos y que deberían destinarse al bien común, no a preservar alianzas o influencias.