El difícil balance entre el salario mínimo y el salario digno

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), instaló el sábado 15 de noviembre la Mesa de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, instancia tripartita integrada por el sector trabajador, empleador y gubernamental, que tendrá como objetivo analizar y proponer de manera responsable las nuevas tasas salariales de acuerdo a la situación económica actual del país y que entrará en vigor a partir de enero de 2026.

La actual coyuntura económica y laboral hacen esta Mesa particularmente trascendente. Por un lado, enfrentamos desempleo de dos dígitos y el número de informales aumentó este año 2025. El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) publicará las cifras oficiales en algunas semanas. Exceptuando los años de pandemia y postpandemia (2020, 2021), hoy tenemos la más alta tasa de desocupación en 20 años (9.8 % en 2005). Pero por otro lado está la necesidad de hacer justicia a miles de trabajadores humildes cuyos ingresos no son suficientes para enfrentar el implacable aumento en el costo de vida.

Reconocido como un derecho humano por las Naciones Unidas, un salario digno es aquel que permite un nivel de vida decente a un (a) trabajador (a) y su familia. En este contexto, el Pacto Global de la ONU se plantea el siguiente dilema: ¿Cómo puede una empresa garantizar que a los (as) trabajadores/as de sus propias operaciones y cadenas de suministro se les pague un salario digno, especialmente cuando los países no tienen un salario mínimo legal, o cuando el salario mínimo no ofrece un nivel de vida digno para un/a trabajador (a) y su familia?

Creamos una economía artificial, donde los beneficios se convirtieron en derechos, que financiamos con deuda y defendemos con consignas. En el 2026, el Servicio de la Deuda ($3,600 millones) será mayor que los aportes del Canal ($3,245 millones). Es decir, lo que recibimos del Canal no alcanzará “ni para hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito”.

Según el INEC, entre el 2012 y 2024, 24,174 asalariados perdieron sus trabajos, pero agregamos 63,044 funcionarios y 264,153 informales a la economía, al tiempo que la deuda externa pasó $10,782.4 millones a $53,736 millones.

Cada asalariado que perdió su empleo en ese lapso fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales. Los 8 sectores que aportan el 70 % de los empleos generaron, como bloque, 100 % empleo informal.

Esta tendencia se aceleró en los últimos 5 años (2019-2024), cuando la empresa privada perdió 44,261 empleos, pero agregamos 19,409 servidores públicos y 28,372 informales a la economía. 3 de cada 5 nuevos empleos creados fueron informales y los otros 2 funcionarios. La deuda externa pasó de $27,793 millones a los $53,736 millones ya mencionados.

Sobre la base de las cifras del Cuadro 14 del Informe Laboral del INEC (Población de 15 y más años de edad ocupada en la república, por categoría en la ocupación) octubre 2024 versus agosto 2012), gran parte de la expansión de la planilla estatal se originó en Enseñanza (38 %), Salud (28 %) y Administración Pública (27 %).

Por su parte, la comparación del Cuadro 25 del Informe Laboral del INEC (octubre 2024 versus agosto 2012), documenta aumentos salariales de 96 % en Educación Pública, 65 % en Salud y 55 % en Administración Pública 55 %, al tiempo que el promedio de aumentos salariales en el sector privado fue del 43 %.

Entre el 2019 y 2025 la economía panameña sufrió dos “shocks”, la pandemia y el cierre minero, con la consecuente pérdida del Grado de Inversión de Fitch Ratings en marzo 2024.

La pandemia ocasionó la pérdida de 407 mil empleos formales privados entre el 2020 y 2021, mientras el cese minero acabó con 54,107 empleos formales no agrícolas entre agosto 2023 y octubre 2024.

Entre 2019 y 2024, hubo una reducción $4,665 millones de inversión privada en la economía, incluyendo $900 millones anuales menos de compras de la actividad minera a la economía, una reducción de $2,165 millones de financiamientos bancarios al sector productivo y una caída de $1,600 millones en flujo de Inversión Extranjera Directa (IED).

La menor inversión privada ocasionó que en el 2024, MITRADEL tramitara casi 100 mil nuevos contratos laborales menos que en el 2019, una caída del 26 %.

Estos eventos crearon las condiciones para una fuerte contracción del consumo en la primera mitad del 2025. Las recaudaciones del ITBMS cayeron 11 % versus 2024, indicativo una reducción de $128 millones mensuales de consumo a nivel nacional.

El “epicentro” de la reducción estuvo en Panamá y Panamá Oeste, que entre agosto 2023 y octubre 2024 perdieron más de 125 mil empleos (71 % de todos los empleos generados producto de la Ampliación del Canal entre el 2009 y 2014), y $60 millones mensuales de masa salarial (fuente: Informe Laboral del INEC, Cuadro 25), representando 47 % de la contracción del consumo a nivel nacional. La masiva pérdida de empleo formal en las Provincias de Panamá y Panamá Oeste, y la mayor austeridad en el gasto discrecional por parte de las familias panameñas a rubros no esenciales como comida y medicinas, impactaron directamente al comercio, servicios financieros y educación privada, que en 14 meses perdió 28 % de sus trabajadores formales.

Los restaurantes reportaron bajas del 20 al 40 % en sus ventas versus el primer semestre del 2024, mientras que los centros comerciales cayeron en 20% y, hasta agosto 2025, el consumo de bebidas alcohólicas había disminuido en 13 %, incluyendo 12 % en cerveza, 10 % en seco y 47 % en ron, en relación al mismo período del 2024.

Desde el 2012, la generación de empleo formal y los mayores aumentos salariales han sido exclusividad del Estado, con plata prestada. Generar empleo formal privado de manera sostenible tiene que ser la primera prioridad. Esto requiere que haya confianza, porque sin confianza no hay inversiones, y sin inversiones, seguiremos generando informales, y los informales no tienen salario.

En este contexto, la revisión del salario mínimo por parte de la mesa creada para tal fin debe focalizarse en las microempresas como columna vertebral del empleo. De acuerdo a cifras de la Caja del Seguro Social (CSS), en el 2024 había 58,914 patronos activos, de los cuales el 83.5 % ocupaban entre 1 y 10 empleados.

En consecuencia, el análisis de posibles ajustes al salario mínimo debe balancear la necesidad de hacer justicia social con las posibilidades reales de estas microempresas para absorber dichos ajustes sin poner en peligro su sostenibilidad financiera.